Lázaro Báez y Leonardo Fariña, cerca de otro juicio por lavado de dinero

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Mientras ambos esperan la sentencia por “la ruta del dinero K”, el juez Casanello ordenó al fiscal Marijuan que haga su acusación final en el caso por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares.

Por: Lucía Salinas

Mientras el juicio por “la ruta del dinero K” transita su instancia final de alegatos, otro expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez y Leonardo Fariña avanza hacia su elevación a juicio oral. El juez Sebastián Casanello ordenó al fiscal Guillermo Marijuan y a las demás partes intervinientes que realicen la acusación en el caso que investiga la compra del campo El Entrevero, en Uruguay, por 14 millones de dólares.

Para la Justicia, el dinero aplicado a las operaciones de lavado del dinero -como la compra de El Entrevero- podría provenir de los fondos obtenidos por sobreprecios en licitaciones de obras públicas adjudicadas por el gobierno argentino a Lázaro Báez, y por la que quedaron en Uruguay parte de los millones de divisas del empresario santacruceño antes de que llegaran a cuentas de bancos suizos.

Este miércoles, el juez Casanello pidió al fiscal Guillermo Marijuan como a las querellas -la UIF y la OA- que realicen sus respectivos requerimientos de elevación a juicio oral. Cuentan con seis días hábiles para presentarlos, con la posibilidad de un pedido de prórroga.

A raíz de este expediente continúan detenidos Lázaro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Por ello, Casanello realizó un pedido en simultáneo a todas las partes para dar por clausurada la investigación y enviar el caso a juicio oral.

En su oportunidad, el juez determinó que la operación por el campo de 152 hectáreas se realizó por intermedio de un conjunto de sociedades y presuntos prestanombres para no revelar quiénes eran los reales dueños.

“Lázaro Báez, en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió́ las ordenes y encomendó́ a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Garín y Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”, sostuvo el juez cuando procesó al empresario K y los demás imputados.

Fariña, en su confesión como imputado colaborador -status que recibió también en este expediente-, reveló que para la maniobras se usó la firma uruguaya Traline SA, cuyo presidente era Maximiliano Acosta, y posteriormente se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila. La estancia objeto de esta investigación quedó inscripta a nombre de la sociedad Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.

Por tal motivo, el magistrado procesó a Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori, Antonio de Marco, y a Osvaldo Guthux. Los únicos que cuentan con prisión preventiva son Báez, Pérez Gadín y Chueco.

“Los mencionados, a sabiendas, actuaron en pos de concretar un negocio de dimensiones millonarias -recordemos que resulta una estancia de 152 hectáreas con un potencial de obtención de ganancias exorbitantes- en el cual cada uno tuvo un beneficio económico, es decir, ninguno intervino de manera gratuita, en lo que resultaba ser una inversión de 14 millones de dólares comandada por un joven de 23 años como representante de un grupo inversor”, dice la acusación.

Para los investigadores, Goff Dávila fue una pieza clave en el caso. Según Casanello, “intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió́ una sociedad con acciones al portador, ubicó en su Presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Por la estancia marítima El Entrevero se pagaron en 2011 14 millones de dólares. De la operación participaron distintas sociedades anónimas y testaferros de Báez. Traline S.A (en la que figuran que fueron presidente Maximiliano Acosta y Oscar Guthux) efectivizó el primer compromiso de compraventa, que después cedió a Jumey S.A, presidida por Pérez Gadín, ex contador de Báez.

En su confesión como arrepentido en “la ruta del dinero K”, Fariña indicó que él cobraba por realizar operaciones de blanqueo de fondos vinculados a Austral Construcciones. El juzgado investigó esta inversión como una de esas “maniobra de blanqueo”. Se sospecha que es una de las operaciones por 60 millones de dólares por las que están siendo juzgado Lázaro Báez, Fariña y otras veinte personas,entre ellos los cuatro hijos del empresario K.

Este caso se desprende del conocido como “la ruta del dinero K”. Allí la acusación formal contra todos los imputados fue la de “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013″.

La maniobra, como sostuvo el fiscal Guillermo Marijuan​, se habría llevado a cabo “tanto a partir de la aplicación de fondos en la adquisición de bienes en el país y en el extranjero, como mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando el período 2010- 2011, una suma cercana a los sesenta millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras”. (Clarín)

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