Ya no se aplicarán las rebajas previstas para este año; la gran mayoría mantendrá el esquema de 2019, pero en otros distritos subieron las alícuotas del gravamen
Por: Gabriela Origlia
Después de la suspensión del Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias -el objetivo de baja de impuestos se extendió apenas dos años y con una parte frenada en 2019- la mayoría de los gobernadores de distintas administraciones consultados por LA NACION repiten que, “por ahora”, no tienen previsto aumentar el impuesto a los ingresos brutos (II.BB.) ni tampoco sellos. Eso sí, ya quedó en el pasado la baja de impuestos que estaba prevista para estos años y se mantendrá la presión fiscal que existió en 2019. Solo algunas provincias avanzan en alguna suba sectorial.
Justamente esos son los dos gravámenes provinciales alcanzados por el acuerdo que el presidente Alberto Fernández, a pedido de los propios gobernadores, resolvió dejar sin efecto por un año. La no reducción de presión tributaria en 2020 implica unos $60.000 millones de recaudación. La clave es que el nuevo texto no establece un límite a las alícuotas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el primero en avanzar con un alza de II.BB. para más de 50 actividades. Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) da cuenta de que sobre 1006 ítems definidos por la ley impositiva provincial hubo alzas en 56, mientras que en una decena hubo bajas (nueve tienen ahora alícuotas especiales para pequeños comerciantes).
En el caso de comercio mayorista y minorista, se actualizaron respecto de 2019 los tramos de facturación en 50% para el primer segmento y 44% para el segundo.
El mundo de los servicios es la actividad donde más se refleja el cambio de alícuotas bonaerense, la máxima en varios casos pasó de 4% a 5% y en otros de 4,5 a 5,5%, dependiendo del nivel de facturación.
Según los datos del Iaraf, con estas modificaciones hay áreas donde la presión impositiva es mayor a la de 2017, antes de la firma del Pacto Fiscal: fabricación de cartón ondulado y envases de cartón; servicios auxiliares a los de seguros; ensayos y análisis técnicos, y servicios de publicidad son algunas de las actividades que tienen un peso fiscal mayor al que se observaba en 2017.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA), giró a la Legislatura el proyecto para suspender la rebaja prevista en el Pacto Fiscal; eliminada la obligación cobrará este año las mismas alícuotas que en 2019. El mecanismo de revisión estaba previsto en la ley tributaria votada por la Legislatura porteña en diciembre del año pasado. Dicho de otra forma, la Legislatura volverá atrás en el compromiso de rebaja que constaba en aquel Pacto Fiscal que quedó suspendido.
El peso del impuesto
Para las provincias más chicas II.BB. tiene un peso importante en su recaudación, en promedio implica el 75% de lo que ingresa como recursos propios. Los gobernadores prefieren subir ese impuesto, que queda disimulado en el precio final de un producto, y no los patrimoniales, que tienen un mayor impacto en la percepción de la población general a pesar de que II.BB. tiene un efecto cascada que lo hace muy nocivo. Nadie quiere correr con el costo político de subir los impuestos a las propiedades o a los automotores.
En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti mantuvo los valores de 2019 y avanzó en un proceso de simplificación de alícuotas: de 80 pasó a 20. En algunos casos hubo un alza de una décima hacia arriba, pero en otros, hacia abajo.
En Santa Fe, desde el gobierno de Omar Perotti indicaron a este diario que por ahora el objetivo es lograr que la Legislatura apruebe la ley de necesidad pública (emergencia) para que rija hasta el 30 de junio de 2021; el déficit del año pasado fue de $18.600 millones y la deuda flotante, $27.000 millones.
Para las procesadoras de granos -que estaban exentas de ingresos brutos-, se aprobó una alícuota de 2,5%, lo que provocó la queja del sector, que sostuvo que su margen histórico de rentabilidad es del 3%, muy bajo para soportar la carga. Desde la administración provincial apuntan que cualquier otro cambio deberá contar con la aprobación de los legisladores y que ahora no se trabaja en ese tema; la prioridad es la emergencia.
Sin cambios en otros distritos
En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue uno de los que sí subió II.BB. y Sellos y, en Río Negro, el año también comenzó con subas importantes en ese impuesto para pequeños contribuyentes; de acuerdo con las categorías las alzas fueron de 43% a 61% en los pagos mínimos.
En Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y La Rioja voceros de los gobernadores indicaron que las alícuotas no tendrán cambios respecto de 2019; frenaron las reducciones, pero no avanzarán tampoco en sentido contrario.
Desde el Iaraf, el economista Nadin Argarañaz subraya que en el mejor de los casos la carga tributaria quedará como estaba en 2019. “En Buenos Aires, por ejemplo, la suba de la presión para determinadas actividades fue muy importante. El camino es el inverso al que debería recorrerse; seguiremos analizando si con el paso de los meses otras administraciones modifican su esquema en función de sus necesidades”, agregó.
El impuesto a los ingresos brutos no poder deducirse de la etapa previa de la cadena de producción y comercialización, pasa a ser un costo adicional tanto para las empresas productoras o comercializadoras como para el consumidor final.
El Iaraf estima que del precio total de un bien entre ocho y nueve por ciento está explicado por el impuesto. La idea original del Pacto Fiscal era avanzar hacia su reemplazo por un impuesto a las ventas que eliminara el “efecto cascada”, pero con esta administración nacional todavía no se habló sobre si seguirá en esa línea. Sí se confirmó que seguiría trabajándose en una actualización de valuaciones fiscales de propiedades para que se usara como base del Inmobiliario, aunque no hay fecha para su instrumentación. (La Nación)
