Por: Francisco Jueguen
El primer gran desafío para la economía argentina, en esta nueva escala pandémica, llegará a comienzos de abril. En el inicio del próximo mes -un lapso temporal considerado clave para el Gobierno-, empresas privadas pequeñas, medianas, grandes, y muchas en la informalidad deberán pagar los salarios a sus trabajadores, incluso estando cerradas.
En el Ejecutivo trabajan contrarreloj en un plan para que el sector privado -y también el público, con gobernadores e intendentes a la cabeza- logren hacer frente al pago de sueldos en medio de la pandemia, cuyo remedio globalmente consensuado es el distanciamiento social. Tal medicina implica hoy la clausura de casi toda la economía argentina, por ahora, hasta el 31 de marzo. Muchos creen que ese aislamiento obligatorio por el coronavirus será extendido.
La primera medida anunciada por el Gobierno llegó al comienzo de la crisis, pero aún no logró ser implementada. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió lanzar créditos por $320.000 millones a tasa fija del 26% para capital de trabajo. Para esto, el Banco Central (BCRA), emitió anoche la Comunicación “A” 6946, que ajustó “los incentivos a las entidades financieras para que potencien esa línea de crédito”. La idea es que todas las empresas accedan a esa línea con la sola presentación del formulario 931, la declaración jurada para ingresar los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social. O sea, prestar dinero por lo que una empresa gasta mensualmente en pagar sueldos. La resolución oficial no vio la luz y aún se negocia con los bancos.
En ese ministerio encontraron obstáculos. El primero es operativo. ¿Cómo presentar la información y controlarla en momentos en los que se evita todo trámite presencial, y la capacidad de las empresas y el Estado está limitada por la cantidad de personas recluidas en cuarentena obligatoria? ¿Cómo lograr que ante la presentación automáticamente de esa declaración virtual se acrediten los fondos en la cuenta bancaria de las empresas?
El segundo, cuentan en el propio Gobierno, tiene que ver con la renuencia de los bancos a prestar a todo el sistema, incluidas algunas firmas que en tiempos normales no cumplirían los requerimientos mínimos para acceder al financiamiento con dinero que no es de las entidades, sino de los depositantes. Esta masa de compañías creció al ritmo de la recesión. “Hay una negociación con los bancos privados y públicos”, contaron desde el Ejecutivo a LA NACION . “Los bancos tienen que poner el hombro”, agregaron. “Tenemos buen dialogo con el Gobierno”, dijeron escuetamente desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).
En las cámaras bancarias dijeron a este medio que están haciendo un censo con las empresas que pueden ser atendidas por bancos, porque son clientes habituales, y las que no.
La informalidad de la economía agranda el desafío para que todas las empresas logren finalmente pagar los salarios a fin de mes. En ese sentido, en el Gobierno contaron que para las firmas que no logren llenar los casilleros habilitantes en el sistema formal, el Estado dará un aval especial a través de fondos de garantía para allanar el camino al financiamiento. “Estamos buscando que todas las empresas puedan garantizar el pago de sueldos”, explicaron.
No es una medida novedosa. La semana pasada, el gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba informó que la provincia daría avales a sus pymes. “Para enfrentar el coronavirus hemos dispuesto otorgar avales por una suma de hasta $4000 millones a las micro, pequeñas y medianas empresas que no son sujetos de crédito. Así podrán recibir crédito para que puedan pagar el salario de sus empleados”, informó en su cuenta de Twitter.
La tercera pata oficial implicaría una compensación directa del Estado al sector privado. Tiene que ver con el Programa de Recuperación Productiva (Repro), por el que el Gobierno subsidiaría una parte del salario de los trabajadores en empresas en crisis como consecuencia de la pandemia. “Todavía estamos trabajando. Vamos a tener distintas alternativas vinculadas con el tamaño de la empresa, por cantidad de empleados, en los sectores más afectados”, contaron desde Casa Rosada luego del encuentro ayer del gabinete económico.
Para los trabajadores informales y monotributistas que ganen hasta $26.100 mensuales (categoría A y B), el oficialismo ya anunció esta semana el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sólo durante abril. Será de $10.000 por única vez. Incluye a aquellos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los trabajadores de casas particulares.
Luego del anuncio esta semana del IFE, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo en una entrevista televisiva que habría medidas para las pequeñas y medianas empresas, y también para los trabajadores autónomos las semana que viene. Su equipo ratificó esos dichos, pero no dio precisiones al respecto de las iniciativas que se tomarían para esos sectores.
“No hay ningún proyecto bajo análisis para prorrogar impuestos. Hoy la estrategia central pasa por impulsar la demanda para garantizar los niveles de consumo de los sectores más vulnerables”, afirmaron fuentes de la AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont. (La Nación)
