Por: Marcelo Silva de Sousa
Con el foco en morigerar la crisis del coronavirus , el gobierno brasileño lanzó ayer un programa que habilita suspensiones y reducciones de jornadas y de salarios hasta en un 70% temporalmente para evitar despidos en masa.
Por decreto, el presidente Jair Bolsonaro puso en vigor la medida, llamada Programa de Emergencia de Manutención del Empleo , que podrá afectar a cualquier trabajador que gane encima de un salario mínimo (unos 200 dólares).
Los trabajadores formales que queden alcanzados por los cortes recibirán una compensación parcial del Estado, calculada sobre la base del seguro de desempleo, cuyo techo es de 1813 reales (unos 360 dólares). Las empresas pueden optar por reducir la jornada un 25, 50 o 70%.
Es una de las medidas económicas más ambiciosas lanzadas hasta el momento por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien desde el comienzo de la pandemia se ha mostrado preocupado por la economía, incluso por encima del impacto humanitario, lo que generó críticas.
La pandemia sigue en expansión en Brasil. Ayer los casos de coronavirus llegaron a 7910, un aumento de 16% respecto al día anterior. En las últimas 24 horas Brasil batió un nuevo récord de muertes, con 58, y elevó el total a 299, según datos del Ministerio de Salud.
En los casos de empresas que decidan reducir jornadas y consecuentemente salarios el Estado pagará el porcentaje del seguro equivalente a la reducción. Por otro lado, en los casos en los que haya suspensión temporal del contrato, el trabajador recibirá un seguro de desempleo completo.
“Además de un costo financiero mayor, si no se adoptan las medidas los perjuicios sociales serían incalculables. Es esencial asistir a los trabajadores y auxiliar a los empleadores a mantener los empleos”, dijo Bruno Bianco, secretario especial de Jubilaciones y Trabajo.
Pese a las compensaciones ofrecidas por el gobierno, los trabajadores sentirán un impacto en el bolsillo con reducción de salarios, porcentualmente mayor en los mejor remunerados. El plazo máximo de las reducciones de jornadas serán 90 días, mientras que las suspensiones de contratos podrán extenderse dos meses.
Las empresas no podrán despedir a los trabajadores que participen del programa durante el período extraordinario y, una vez que culmine, tampoco durante un período equivalente al que recibió ayuda del Estado. El gobierno federal prevé un costo fiscal de cerca de 10.000 millones de dólares en la medida para intentar sostener el empleo formal.
Alternativa
Analistas consultados por LA NACION elogiaron la medida que, pese a ser considerada amarga, se presenta como una alternativa momentánea para que las empresas, con daños en sus facturaciones, no avancen en despidos en gran escala.
“Lo más importante en este momento es mantener las relaciones de trabajo y la capacidad de las empresas para que tengan capital, sobrevivan y pasen estos meses”, dijo Marcos Mendes, economista investigador del Insper.
Bolsonaro busca evitar una sangría laboral, en un país donde antes del inicio de la crisis el desempleo ya alcanzaba a casi 12 millones de personas. La Secretaría de Trabajo evalúa que sin la aplicación del programa, unos 12 millones de brasileños más podrían perder sus puestos de trabajo durante la crisis, que comienza a barrer con el empleo en el mundo.
“Podrá acomodar el nivel de producción de las empresas a este momento de demanda contenida”, dijo Manoel Pires, investigador del área de Economía Aplicada de la Fundación Getulio Vargas. También resaltó, sin embargo, que el gobierno todavía no avanzó en la apertura de una gran línea de crédito que les dé flujo de caja a las empresas para amortiguar el impacto de la crisis.
El Congreso deberá evaluar el decreto en las próximas semanas. El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, pareció ayer dar un primer visto bueno, y dijo que es muy “importante” darle celeridad en el tratamiento.
Bolsonaro compartió ayer en su cuenta de Twitter el video de una maestra particular que le suplicó que hiciera algo para que la actividad económica retome su marcha. Anteayer sancionó un auxilio de 600 reales (unos 120 dólares) por tres meses para trabajadores informales.
El gobierno reveló un nuevo dato: el primer caso importado de Covid-19 en Brasil se registró el 23 de enero. Hasta ayer se creía que el primer caso era de Brasil y de la región se había manifestado el 26 de febrero, más de un mes después. La detección se produjo luego de una investigación sobre varios casos de internaciones por síndromes respiratorios agudos previos a febrero.
Brasil comienza a prepararse para la llegada de lo peor de la pandemia. El gobierno evalúa el envío de aviones de la Fuerza Aérea a China para traer equipamientos de protección personal, como barbijos y gorros. El Ministerio de Salud ya distribuyó todo el stock disponible, y según cálculos oficiales, hay material suficiente para los próximos 20 días. (La Nación)
