Por: Hugo Alconada Mon
Ya ordenado su desplazamiento por la Justicia, los síndicos de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa, demandaron al Estado argentino por más de $1780 millones, más costas, tras acusar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de actuar de manera “dolosa” para perjudicar a los empresarios patagónicos, que tampoco salieron indemnes. Los acusaron de protagonizar múltiples “conductas reprochables” durante años.
Los síndicos presentaron la “acción de responsabilidad concursal” en tribunales, días después de que la jueza en lo Comercial, Valeria Pérez Casado, los desplazara de la quiebra de la petrolera. Así lo dispuso, tras corroborar que le habían entregado a un abogado de López, sin su autorización, las cajas que contenían el “legajo” con toda la documentación original que sustenta el reclamo multimillonario de la AFIP.
Esos documentos de la AFIP nunca reaparecieron. La Justicia solo recuperó una parte de una perito de la Corte Suprema. Pero debió solicitarle al organismo que presente otra vez lo que considere que falte del legajo, aunque ese material podría recibir objeciones de los interesados en cuanto se retome la actividad tribunalicia.
Ahora, en tanto, en plena feria judicial, se hizo público el último escrito que presentaron los síndicos del estudio Capurro, Rossello y Zaragoza antes de su remoción definitiva. El juzgado a cargo del expediente de la quiebra de Oil Combustibles lo subió al Sistema de Consulta Web (SCW) del Poder Judicial, lo que aporta nuevas precisiones sobre cuál es el reclamo multimillonario que presentaron contra la AFIP, en línea con las pretensiones de López y De Sousa.
La primera precisión pasa por el monto de la indemnización que los síndicos pretenden que la AFIP le pague a Oil Combustible: $ 1.781.38,365,72 “o lo que en más o en menos determine el tribunal”, indicaron, “con costas”, por lo que la suma podría variar.
La segunda precisión es que los síndicos desplazados cargaron contra la AFIP, pero también contra los “controlantes” y los “administradores” de la petrolera – es decir, López y sus dos hijos, más de Sousa – por lo sus “conductas reprochables”, según surge del escrito de 71 carillas.
¿Cuáles serías esas “conductas reprochables”? “No pagar sistemáticamente el impuesto sobre los combustibles líquidos (ITC) para incluir dichas obligaciones fiscales sistemáticamente en planes de facilidades (ordinarios y extraordinarios) para luego disponer y desviar tales recursos financieros hacia préstamos [.] a otras sociedades vinculadas y/o controlados por ellos con el objeto de constituir, ampliar, sostener y financiar un conglomerado de empresas integrantes del denominado Grupo Indalo”, tal como reveló LA NACION en 2016.
La tercera precisión es que los síndicos estimaron que la insolvencia de Oil Combustibles solo pudo ocurrir porque a esas “conductas reprochables” de López, sus hijos Nazareno y Emiliano, y De Sosa se sumaron “al menos dos conductas dolosas de la AFIP”, que aclararon que no sería del tipo directo, sino como dolo “indirecto y/o eventual”.
Empresa y empresarios
Esos reproches a la AFIP se centran en su cambio de actitud, cuando pasó de otorgarle planes de facilidades de pago a Oil a impedirle que accediera a esos planes para regularizar su deuda tributaria por el ITC. “Lo que tiene ribetes tragicómicos (si no fuera porque el perjuicio provocado lo fue al conjunto de todos los acreedores de Oil) es que, tratándose la AFIP del principalísimo acreedor verificado y/o declarado en la quiebra de Oil Combustibles, haya sido el propio organismo el que, no en una, sino en dos oportunidades concausó la quiebra de Oil”, destacaron.
Desde la sindicatura añadieron que, aunque López y De Sousa jamás pagaron el ITC desde 2011, en estos años se acogieron a sucesivos planes de facilidades que pagaron y que, por tanto, “estaban vigentes”, lo que desde la AFIP negaron tanto en el concurso como en el juicio penal.
Para los síndicos, de todos modos, el contrapunto entre los empresarios y la AFIP durante la gestión de Mauricio Macri fue más profundo. ¿Por qué? Porque consideran que al evaluar su forma global de proceder, se observaría “una clara hostilidad” por parte del organismo tributario.
“Si se analizara aisladamente cada uno de los hechos y/o conductas de la AFIP, las mismas podrían no merecer reproche, pero vistas como un todo exponen un obrar hostil (doloso) en perjuicio de Oil y de la masa de acreedores”, argumentaron. Más aún cuando la AFIP debió distinguir entre conservar la empresa y avanzar contra los empresarios, incluso en sede penal hasta acaso obtener sus condenas.
La empresa, remarcaron, “no merece la solución del concordato de acreedores cuando el segundo [por el o los empresarios] ha sido deshonesto o groseramente incapaz en el manejo de los negocios”, destacaron, para luego solicitar que se impulse la acción contra la AFIP y se disponga, como primer paso, un peritaje contable.
Ahora, con los profesionales del estudio Capurro, Rossello y Zaragoza ya desplazados, los nuevos síndicos deberán evaluar los pasos a seguir. En particular, tras el primer despacho que firmó la jueza en lo comercial Pérez Casado al recibir la “acción de responsabilidad concursal”.
“Destácase que el hecho de que, encontrándose dictada la resolución mediante la cual fueron removidos de su cargo sindical, [los responsables del estudio Capurro, Rossello y Zaragoza] se apresuren a plantear la presente demanda cuando aún resta un término prudencial a los efectos de su perención y siendo manifiesto que no cuentan con el legajo de la AFIP desde aproximadamente el mes de junio o julio de 2019, confirma y ratifica que no se conducen dentro de los estándares requeridos para ejercer la sindicatura concursal”, sostuvo la jueza. Y destacó que el 19 de diciembre ya se habían presentado en otro expediente que inició Inversora M&S para sostener que antes de dar otro paso solicitarían la “autorización de acreedores”, lo que después omitieron. (La Nación)
