La Cámara de Diputados de Santa Cruz dará luz verde a la gobernadora Alicia Kirchner para que el gobierno provincial pueda pedir préstamos y así afrontar la crisis económica y social tras los efectos de la pandemia del COVID-19.
Así lo confirmaron desde la bancada del oficialismo en Diputados, 20 de 24 legisladores, quienes en las últimas semanas ratificaron el compromiso de avanzar con el proyecto de ley tras las reuniones virtuales e informativas que mantuvieron con los ministros de Economía, Ignacio Perincioli y de Gobierno, Leandro Zuliani.
Este miércoles la iniciativa tendrá despacho en un plenario de comisiones de Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y, Legislación General, donde el oficialismo en sus diversas vertientes electorales no muestra fisuras cuando conduce el gobierno.
Así la administración kirchnerista tendrá abierta la posibilidad de tomar créditos ante el gobierno nacional, entes públicos nacionales y entidades financieras “en pesos o su equivalente en moneda extranjera” y sin determinar un monto exacto, puntos objetados por la oposición parlamentaria.
De hecho, el proyecto que remitió Alicia Kirchner modifica algunos artículos de la ley N°3.479, de Reordenamiento de deuda y del financiamiento de obras públicas. Esa norma se aprobó el 23 de junio 2016 en una sesión ordinaria viciada de irregularidades con una protesta sindical afuera del palacio legislativo, donde los tres poderes del Estado dirigidos y/o vinculados al kirchnerismo, montaron y avalaron un falso operativo de seguridad para desalojar a diputados de la oposición y poder votar sin reparos un endeudamiento por 10 mil millones de pesos.
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Ahora, el kirchnerismo se ampara en que puso como limitante de la toma de deuda que “el nivel de endeudamiento sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a Municipios y Comisiones de Fomento en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 25.917 Régimen de Responsabilidad Fiscal y modificatorias y las que un futuro se establezcan y a las que el Estado Provincial adhiera”.
Ante este estado de situación, el único prestamista que asoma en el horizonte provincial es el Gobierno Nacional mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial donde puso a disponibilidad de los estados provinciales 60 mil millones de pesos.
Sin embargo, con el kirchnerismo, la letra de la ley nunca es garantía de cumplimiento.
Desde la oposición si bien acompañan la idea y la necesidad de obtener financiamiento frente a la caída de recursos, rechazan que no haya un monto definido y sobre todo, la posibilidad de endeudarse en dólares. El antecedente son aquellos gobiernos provinciales que se endeudaron en dólares con el aval de la administración de Cambiemos y hoy están con serios problemas de caja y buscando refinanciar las deudas, como Chubut.
Al pedido de endeudamiento se suma el Programa de Asistencia Financiera a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, que establece las reglas por las cuales el gobierno provincial pondrá para convertirse en prestamista de los gobiernos comunales.
Pero ante la necesidad de financiamiento de los municipios, algunos legisladores plantearon ante los funcionarios provinciales que es hora de discutir el reparto de fondos, es decir, una nueva ley de coparticipación provincial.
Algunos intendentes ya objetaron que no quieren una ley que sea sólo pasa manos de recursos por las deudas que mantienen históricamente las administraciones municipales con las cajas de Previsión Social y Servicios Sociales. Los jefes comunales que tienen aspiraciones políticas y electorales a futuro, ya plantean -tibiamente- que buscan mayor autonomía y poder en el reparto de los fondos, sin tanto control y discrecionalidad del gobierno provincial.
Por lo pronto, si el oficialismo del Frente de Todos lo requiere, mañana en la segunda sesión ordinaria virtual el proyecto podría tratarse sobre tablas, pero Perincioli se mostró paciente ante los diputados y les advirtió que el pedido de endeudamiento “no es urgente”.
La caída de los ingresos por coparticipación federal, regalías y recaudación provincial en abril “no fue tan significativa y tenemos recursos para cubrirnos”, señaló el ministro.
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Sin embargo, la merma no fue baja en términos absolutos en abril, pero el mayor impacto en la caída de la recaudación se verá cuando cierre el mes de mayo.
La posibilidad de contar con un barril de petróleo “criollo” a 45 dólares podrá reducir los efectos negativos de la caída de regalías hidrocarburíferas al intentar sostener los niveles de producción y de precios, cuando los valores internacionales se mantienen por debajo de los 30 dólares.
Mientras que el desplome de la actividad económica en todo el país y Santa Cruz por los efectos de la pandemia recién impactará al cierre de mayo cuando se verifique la caída de los ingresos por IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. (Agencia OPI Santa Cruz)
