Así autorizaron los diputados a la gobernadora Alicia Kirchner a tomar deuda

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Así autorizaron los diputados a la gobernadora Alicia Kirchner a tomar deuda

En la segunda sesión ordinaria virtual realizada ayer, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por mayoría de 18 votos positivos el pedido de endeudamiento que envió la gobernadora Alicia Kirchner para afrontar la crisis económica y social tras los efectos de la pandemia del COVID-19.

La iniciativa tuvo modificaciones ayer en un plenario de comisiones en la plataforma virtual y prevé que el endeudamiento sólo sea en pesos.

La administración provincial podrá tomar deuda para financiarse ante el gobierno nacional, entes públicos nacionales y entidades financieras en “pesos o su equivalente en moneda extranjera”.

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Sin embargo, al no determinar un monto exacto, los diputados Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) y los radicales Daniel Roquel, Nadia Ricci votaron negativamente – Evaristo Ruiz se abstuvo- porque entienden que debe ponerse un límite de endeudamiento.

La miembro informante fue Liliana Toro (FPV- Caleta Olivia) quien sostuvo que “el programa de asistencia financiera nos permitirá a los municipios acceder a créditos a tasa baja en tiempos de crisis y los anticipos de coparticipación intrames”.

Tener un respiro financiero sobre todas las cosas, créditos a baja tasa mediante el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial con período de gracia y en tres años hasta la finalización del mandato de la gobernadora”, añadió.

El diputado radical Evaristo Ruiz se abstuvo en la votación y sostuvo que “no es pertinente modificar la ley porque el artículo 104 inciso 10 de la Constitución Provincial y el régimen de responsabilidad fiscal le da las herramientas para poder endeudarse y necesitan el acuerdo de los dos tercios de la legislatura para tomar deuda. No debe ser de modo permanente, sin tiempo definido y no una utilización general como pretenden poner por ley”.

Respecto al financiamiento de los municipios “no hay parámetros claros de cómo se los asistirá, el régimen actual tiene absoluta discrecionalidad. Quedamos en una creación de una figura cosmética como este programa y debería tener pautas que ordenen la toma de deuda. Sólo se refieren a convenios particulares y a la carta de quien lo requiera”.

Por su parte, Pérez Gallart aseveró que “la no determinación de un monto del endeudamiento no es correcto. Y cada empréstito a tomarse debe pasar por la legislatura. Como así establecer el destino de los fondos. Compartimos la necesidad de que la provincia obtenga recursos desde el Estado federal pero no hay destino específico”.

El legislador de Encuentro Ciudadano celebró que “hayan eliminado el término moneda extranjera porque no debemos tomar deuda en ese sentido” y recordó que la ley 3.479 de endeudamiento “no se cumplió aún el programa de fortalecimiento de las jurisdicciones municipales. Creo que junto al programa de financiamiento es una pinza para ahogar a los municipios e implicará que tengan que financiarse con la provincia”.

Además, pidió que ese programa se “hubiera votado de forma separada y avanzar en una nueva ley de coparticipación provincial”.

El diputado Martín Chávez (Frente de Todos) sostuvo que “no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tuvimos muchas reuniones con funcionarios para evacuar dudas. En esta situación crítica que no sólo afecta a Santa Cruz sino a nivel global repercute en el aspecto social y económico. Tenemos que autorizar al Ejecutivo para que pueda afrontar la situación crítica y transferir recursos a los municipios” y criticó la posición de Ruiz sobre las posibilidades de tomar deuda limitadas por la Constitución provincial.

Hoy Santa Cruz tiene equivalente del 10 por ciento de sus ingresos corrientes como servicios de la deuda”, añadió Chávez y sostuvo que “los municipios mejoraron su performance fiscal”.

No queremos generar un cheque en blanco al Ejecutivo, sino que el gobierno puede obtener recursos” argumentó.

El diputado José Luis Garrido (SER Santa Cruz) sostuvo que “no nos pusimos de acuerdo en el bloque porque el diputado Chávez falta a la verdad para decir que tuvimos todas las respuestas. Pero necesitamos garantizar el pago de salarios de todos los municipios y la provincia. Esto es un parche”.

Se está tomando este crédito que es para cubrir los déficits. Hay cuestiones no demasiado claras, pero si entiendo que el ministro de Economía está llevando bien la crisis”, añadió.

El legislador cercano al petrolero Claudio Vidal dijo que “tenemos la responsabilidad en este momento de darle la herramienta a la gobernadora”.

El presidente de la bancada oficialista Matías Mazú dijo que “economía y pandemia van de la mano y varían minuto a minuto” y destacó las medidas sanitarias del gobierno nacional y provincial.

Los diputados por el pueblo coincidieron que la ley salga como está en el despacho de comisión. La economía está muy volátil y no sabemos como terminará el barril de petróleo o la pandemia hasta donde llegará”, añadió Mazú quien sostuvo que “el mundo se ha roto y sus estructuras productivas. Hay que fortalecer la salud, llegar a los municipios. Pagar salarios, la seguridad”.

Y sostuvo que “hay que hacer el esfuerzo de consensuar y avanzar con este proyecto”.

Ricci recordó que el ministro de Economía Ignacio Perincioli sostuvo que “Perito Moreno y Caleta Olivia estuvieron desfinanciados y tuvieron que ser asistidos en el marco de la crisis y ahora esperan que se endeuden. Por eso debemos controlar lo que hace el Ejecutivo con el acceso a los recursos”.

El diputado de Puerto Deseado, Carlos Santi dijo que “a nadie le gusta endeudarse, pero es una herramienta para los municipios. Puerto Deseado perdió desde marzo 10 millones de pesos”. 

El proyecto modifica el artículo 1° y 2° de la ley N°3.479, de Reordenamiento de deuda y del financiamiento de obras públicas. 

En el artículo 1° el endeudamiento se especifica que el acceso al crédito sólo será en pesos y se incluye como límite de pago de los servicios de la deuda que por ejercicio fiscal no supere el 15% del total de fondos coparticipables que se distribuye a los municipios, en los términos de la ley de Responsabilidad Fiscal.

Se prevé que el gobierno provincial solicite un crédito al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que tendrá una disponibilidad de 60 mil millones de pesos para todas las provincias en el marco de la crisis sanitaria y económica por los efectos de la pandemia.

Al pedido de endeudamiento se incluye el Programa de Asistencia Financiera a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, que establece las reglas que el gobierno provincial pondrá para convertirse en prestamista de los gobiernos comunales.

La administración de Alicia Kirchner incluyó un artículo para que el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura tenga un mayor control sobre los adelantos de coparticipación que soliciten los municipios y comisiones de fomento.

El artículo 6° señala que Economía podrá otorgar anticipos de coparticipación en los casos de “deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen”.

Allí se exige que la devolución de los anticipos se realice durante el mismo mes en que fueran otorgados y será descontado de la misma coparticipación que le corresponde girar a la comuna que haya solicitado ese anticipo. En los convenios establecerá las disposiciones fiscales a las que estarán sujetas los desembolsos.

Sin embargo, considera que se podrán extender los plazos de devolución siempre y cuando no exceda el ejercicio fiscal en el que fue otorgado el anticipo y el municipio que así lo requiera deberá pagar intereses sobre saldos.

En ese caso, la devolución tendrá una tasa de interés que no podrá superar la que disponga el Estado nacional sobre los créditos a los que pueda acceder el gobierno provincial a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

La administración de Alicia Kirchner dejó trascender que la primera solicitud para cubrir los problemas de caja rondará en los 2 mil millones de pesos.

Otros temas

Durante la sesión se ratificó por ley el decreto provincial de Emergencia económica y comercial por 90 días en el marco de la crisis sanitaria.

Además, por mayoría del oficialismo se prestó acuerdo para la designación varios funcionarios de la administración centralentre ellos, la insostenible elección del ex gobernador Carlos Sancho en la vocalía del Tribunal Provincial de Disciplina, quien está investigado en numerosas causas de corrupción.

Obtuvo el voto favorable de 14 de los 23 legisladores: el sector liderado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni votó en contra con los votos de los diputados Laura Hindie, Jorge Arabel, Juan Manuel Miñones, a ellos se sumaron los votos de los oficialistas César Ormeño (Los Antiguos) y Carlos Santi (Puerto Deseado) del Frente de Todos.

Los cuatro integrantes del bloque Nueva Santa Cruz, Javier Pérez Gallart, Evaristo Ruiz, Nadia Ricci y Daniel Roquel votaron en contra.

En la sesión también se aprobó un proyecto de resolución del diputado Javier Pérez Gallart para que el Poder Ejecutivo incorpore en el Comité Operativo de Emergencia provincial el área de Género y se promuevan “acciones de prevención de los hechos de violencia que surgen en este contexto de Aislamiento Social Obligatorio”.

En un informe de la Secretaría de las Mujeres y Diversidad informaron que en un mes se incrementó en un 50 por ciento las denuncias por violencia de género en Santa Cruz.

Los legisladores también aprobaron la nota de renuncia que envió el diputado por el pueblo de Puerto San Julián, Nicolás Michudis, quien se encontraba de licencia para asumir la presidencia de la empresa estatal Servicios Públicos.

Durante el debate parlamentario, el kirchnerismo se negó a tratar dos proyectos que impulsó la oposición referidos a hechos violentos en Perito Moreno y Puerto San Julián, en el escándalo que envuelve a la concejal de Perito Moreno, Valeria Casarini(Frente de Todos) por haber participado el domingo 10 de mayo en una fiesta clandestina en medio de la cuarentena y haber agredido a golpes de puño a efectivos de la policía de Santa Cruz junto a su hermano Harold.

El proyecto de Ricci pedía que se investigue la conducta de la concejal Casarini por haber violado la cuarentena e incluso por integrar la funcionaria el Comité de Emergencia local por la crisis del coronavirus.

El oficialismo entendió que se extralimitaba en las atribuciones de la legislatura y envió el proyecto a comisiones.

Si votaron el proyecto del diputado Guillermo Bilardo (Perito Moreno) quien aseguró que “es un hecho violento donde le pegaron a mujeres policías y debe ser repudiado” pero no mencionó a la legisladora comunal que violó la cuarentena. 

Ricci insistió en repudiar a la concejal Casarini mediante un despacho por minoría – sin aval del oficialismo – y, aseveró que “debemos dar un mensaje ejemplificador por la conducta de una funcionaria pública”.

En tanto, el rechazo a los apremios ilegales por parte de la policía en Puerto San Julián que denunciaron dos mujeres también fue enviado a comisiones. Allí el diputado Matías Mazú señaló que ameritaba un pedido de informes por parte del Ministerio de Seguridad para dar cuenta de diversas denuncias que pesan sobre la actuación de la policía en Santa Cruz.

Banco Santa Cruz

Sobre el final de una sesión entrecortada por la conectividad que se prolongó por más de 8 horas, el diputado Juan Manuel Miñones (El Calafate) retiró un proyecto de resolución que pedía al Poder Ejecutivo Provincial estudie la posibilidad de hacerse de la mayoría del paquete accionario del Banco Santa Cruz S.A, quien ostenta el 51 por ciento de las acciones de la entidad financiera.

La iniciativa se incluyó para su tratamiento en el orden del día gracias al aval de la mayoría de los diputados oficialistas y la oposición, salvo el voto negativo del jefe de bancada Matías Mazú.

Miñones justificó el envío del proyecto a comisiones porque “pasaron muchas horas de sesión y ante el cansancio de la gente que nos ve prefiero que pase a comisiones. Que la representación del Poder Ejecutivo en el banco nos informe. Este banco ganó mucho en estos últimos 4 años y no donó ni un paquete de arroz frente a la crisis que viven los vecinos en este momento”. (Agencia OPI Santa Cruz)

4 Comentarios

  1. Estando la Argentina y la mayor provincia (y por ende la mas rica) en defaut, lo acepten o no, ¿quien va a prestarle plata a una provincia que esta “quebrada” según las propias palabras de la Gobernadora? Obvio que prestamos internacionales no va a haber y mucho menos en dólares, ¿serán prestamos nacionales que vengan de la mano de los dueños del Banco Santa Cruz? ¿EsKenazi con K de Kichrner va a poner la plata blanqueando lo que de otra manera no se puede blanquear? Pregunto, porque mientrás en Santa Kruz se intenta esto, provincias como Córdoba y Santa Fe, mucho mas ricas intentan otros caminos un poco mas serios: https://www.cronista.com/economiapolitica/Santa-Fe-emitira-titulos-publicos-para-pagar-a-proveedores-y-evita-llamarlos-cuasimonedas-20200515-0029.html

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