Corrupción en la obra pública: a un año del inicio, el juicio contra Cristina Kirchner está paralizado y no hay fecha de regreso

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Vialidad: hoy se reactiva el juicio contra Cristina Kirchner

La vice está acusada de direccionar contratros a favor de Lázaro Báez. La cuarentena congeló el proceso. Los hechos más fuertes del juicio: su indagatoria con gritos a los jueces, las acusaciones de “lawfare” y los millones al amigo K que no se pueden justificar.

Por: Lucía Salinas

La sala AMIA, la misma en la que fueron condenados Amado Boudou y Julio De Vido, estaba repleta. El dispositivo de seguridad era impactante. La expectativa, total. Por primera vez, la ex presidenta Cristina Kirchner se sentaba en el banquillo de los acusados en un caso por corrupción.

​El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública para beneficiar a Lázaro Báez inauguró una situación inédita en su historial judicial. Parecía ser la puerta de acceso a otros juzgamientos en su contra, ya que acumula ocho causas elevadas a instancia oral, pero un año después los indicadores se revirtieron: el caso está paralizado por el coronavirus, no tiene fecha para reanudarse y el fantasma de los juicios que duran décadas lo atraviesa.

​De los más de 180 testigos sólo lograron declarar seis, de los imputados ninguno quiso responder preguntas y el Gobierno instaló la idea del “lawfare” para desprestigiar el proceso. De hecho Cristina, cuando declaró, se encargo de desplegar esa teoría y acusó a los jueces de perseguirla.

Transcurrieron 365 días desde que arrancó el juicio -el 21 de mayo de 2019- y que la vicepresidenta se sentó como principal acusada. Está imputada por ser la “jefa de la asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado” al “favorecer al amigo presidencial con 51 contratos viales por $ 46.000 millones”. La causa arrancó en 2008 con una denuncia de Elisa Carrió, pero tomó impulso cuando la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión macrista, denunció que el 50% de los contratos que ganó Báez, no se concluyeron, que se direccionaron las licitaciones, que hubo irregularidades y que se pagaron sobreprecios por encima del 65%.

Todos los indicadores se enfocaron, entonces, en la relación comercial de la familia Kirchner con el dueño del Grupo Austral.

¿Se juzgó la amistad que unió a Báez con Néstor Kirchner? No. La acusación sostiene que ese dato fue sólo un indicador más, no menor, ya que fue lo que posibilitó que de ser monotributista y empleado del Banco Santa Cruz, se convirtiera en empresario de la construcción. Aquel ascenso social demandó doce años, según la Justicia. Esto se reflejó en los números: desde 2004 a 2015 recibió medio centenar de licitaciones sin haber tenido antecedentes en el rubro.

No fue lo único: se investigó además, que mientras esto transcurría, Báez explotaba y administraba los hoteles de la familia Kirchner, garantizando ingresos por $ 27,5 millones. Hubo más, realizaron en dicho período quince operaciones de compra-venta inmobiliaria, Austral construyó edificios para Los Sauces SA -inmobiliaria de los ex presidentes-, y después se convirtió en uno de los principales inquilinos. Y como corolario, la vicepresidenta y el empresario K tenían un terreno en condominio en El Calafate, que después cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Los números son una guía para entender el caso que entró en una dilatada pausa sin mayores certezas respecto a cuándo se retomarán las audiencias. Un juicio que tuvo al menos tres fechas de inicio, y que la última que se fijó peligró 72 horas antes cuando la Corte Suprema de Justicia requirió el expediente original para tratar una serie de recursos: empezó el debate sobre cómo entregar la causa y que esté de regreso a tiempo para que el 21 de mayo a las 9 de la mañana, comience a ser juzgada Cristina Kirchner, parte de su ex gabinete y su ex socio comercial.

Hubo marchas y contramarchas, y finalmente el juicio inició con una particularidad: así como 51 licitaciones fueron objeto de investigaciones, hubo 51 planteos para evitar que todo arranque. Planteos de nulidad, de incompetencia, cosa juzgada, nulidades, una gran variedad que demandó cuatro audiencias responder. Un mes.

Son más de 4.000 fojas las que constituyen el expediente por la presunta corrupción en la obra pública. Con esa documentación resguardada en más de 60 cajas se llegó a juicio. La acusación entonces formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, demandó cinco audiencias para su lectura. Desde el comienzo, Cristina Kirchner no ocultó su fastidio. Celular en mano y lectura de revistas, signaron los primeros encuentros de los que participó.

Punto por punto tuvo que escuchar de qué se la acusaba. Los jueces hablaron frente a ella de operatoria criminal, beneficios exclusivos para Báez, uso el Estado para enriquecerse y maniobras de lavado.

La que dejó inaugurado el juicio fue la audiencia más concurrida, pero tenía otra particularidad, después de cinco años compartiría un mismo espacio con Lázaro Báez, su ex inquilino, ex responsable de ampliar sus hoteles y administrarlos, con quien realizó la permuta de un terreno, con quien compartió sendas reuniones en la Quinta de Olivos y quien durante años no sólo construyó el Mausoleo para los restos de Néstor Kirchner, sino que también lo cuidó y mantuvo, hasta que la relación con la ex presidenta se quebró.

El primero en ingresar fue Báez. Ese día durmió pocas horas, el traslado desde el penal de Ezeiza donde está detenido por lavado de dinero hace cuatro años, se realizó muy temprano. Permaneció un rato en la Alcaidía de Comodoro Py hasta que finalmente lo llevaron esposado a la Sala AMIA. Antes de ubicarse en la silla asignada, le retiraron las esposas. No se miraron, no se saludaron ni hubo ningún con Cristina. Él en la primera fila, cuatro más atrás, la ex presidenta con las Abuelas de Plaza de Mayo detrás del blindex junto a otros dirigentes y militantes kirchneristas. La foto de ese día los mostró alejados en el plano.

Otro plano de aquella escena, mostró a José López sentado a la izquierda de Cristina Kirchner. Tampoco hubo ningún tipo de entrecruzamientos. Hacía ocho meses que su ex secretario de Obras Públicas se había convertido en “arrepentido” en la causa de los Cuadernos de las Coimas, contando como la ex presidenta estaba al tanto de los sobornos que se cobraban a empresarios contratistas del Estado. “Ella es muy vengativa”, dijo en un tramo de su declaración, y no minimizó el temor que le guardaba. Tampoco hubo saludo aquel día ni en las siguientes audiencias.

Así, un total de 16 imputados comenzaron a ser juzgados. Todos, con diferentes roles y grados de acusación fueron parte de la “asociación ilícita montada desde organismos del Estado” para beneficiar a Báez. De ese extenso listado, sólo tres de ellos aceptaron declarar en el juicio, pero ninguno respondió preguntas. Esta etapa demandó nueve audiencias signadas además por los recurrentes pedidos de autorización de Cristina Kirchner para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia, que se encontraba con asistencia médica por su delicado cuadro de salud. Para entonces, sólo debía estar presente cuando fuera indagada.

Durante dos meses, así se fue desarrollando el juicio. La defensa de Cristina Kirchner guardaba un “as bajo la manga”, habían pedido la realización de una pericia para intentar desmentir dos cosas: que el Grupo Austral había sido favorecido con licitaciones direccionadas, y que se hayan pagado sobreprecios. El 30 de agosto ingresó el informe sobre cinco casos testigos de los 51 contratos -algo que refutaron varias defensas al considerar que era un universo muy acotado el analizado-. Los peritos oficiales determinaron sobreprecios de 170 a 200 millones de dólares.

Para la perito de Cristina los valores se ajustaban a los costos de mercados. Hubo más, el estudio arrojó que Báez no tenía capacidad técnica ni operativa para ganar tantas licitaciones. Una vez más, la voz disidente fue la de la especialista que intervino en representación de la vicepresidenta. No hubo más referencias a aquella esperada pericia.

Los números de la causa explican la magnitud de lo que se está juzgando. Hay 16 imputados -solo tres declararon-, 180 testigos, 51 licitaciones sospechadas, $ 10.000 en embargos, un perjuicio de $ 46.000 millones al Estado, una demanda civil por $ 21.600 millones. Para la Justicia, esta maniobra de direccionamiento de la obra pública, fue el delito precedente de otras investigaciones de lavado de dinero que unen a Báez y a los Kirchner.

El impás del juicio llegó en plena campaña electoral, cuando ya se sabía cuál era la fórmula del Frente de Todos para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las audiencias se reanudaron tiempo después, con un resultado electoral imposible de revertir para Cambiemos que comenzaba a despedirse de los cuatro años de gestión. Quedaba una instancia más: debía declarar la ex presidenta.

Eso ocurrió el 2 de diciembre de 2019, sólo ocho días antes de que jure como vicepresidenta de la Nación. Habló durante más de dos horas, enfática sin disimular su enojo por estar siendo indagada en una causa que calificó como “el paradigma del lawfare”. Allí instaló ese concepto que después el Gobierno de Alberto Fernández utilizó para referirse a la Justicia federal en diversas ocasiones. Durante aquella instancia, criticó a los jueces del Tribunal, a quienes acusó de ya “tener escrita la sentencia”, y al concluir su exposición los desafió cuando el presidente del TOF le preguntó si respondería preguntas: “¿Responder preguntas? preguntas tienen que contestar a ustedes”. Previo a esta desafiante frase ya había dicho a los gritos que “la historia” a ella la “absolvió”, pero que a los tres jueces “será la historia quien los juzgue”.

Con esas palabras concluyó la etapa de indagatorias en el juicio, sin responder las 150 preguntas que la fiscalía tenía pensadas. Entonces, iniciaron las declaraciones testimoniales. Un listado de 180 testigos, con una audiencia por semana. El calendario judicial en diciembre de 2019, indicaba que al menos hasta mitad de este año se iba a continuar con dicha instancia. Pero la pandemia del Covid19 modificó todo lo previsto.

De ese extenso listado, desde fines del año pasado a comienzos de este marzo, sólo pasaron por el estrado seis personas: Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, Mariana Zuvic, Ricardo Stoddar y Fernando Sánchez. Por delante queda un largo proceso, pero sin fecha de reanudación precisa: la cantidad de personas que son parte del caso impide cualquier audiencia online con el soporte tecnológico actual, según el Consejo de la Magistratura.

Pausado y rodeado de incertidumbre, el primer juicio contra Cristina por corrupción corre el riesgo de alargarse indefinidamente en el tiempo. Los nuevos tiempos de la política también marcarán el pulso judicial. (Clarín)

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