Por: Hernán Cappiello
Aunque cobra un sueldo y una pensión importantes, Cristina Kirchner se encuentra en una suerte de indigencia registral. Así surge de los registros oficiales, debido a que la fortuna, hoteles y propiedades de la vicepresidenta pasaron a manos de sus hijos, Máximo y Florencia, y están siendo administrados por interventores judiciales, designados en las sociedades Hotesur, Los Sauces y en la sucesión de Néstor Kirchner. Los bienes están embargados y afectados a las causas judiciales.
La vicepresidenta conserva el usufructo de su casa de El Calafate y vive en el departamento porteño de la calle Juncal, en Recoleta, pero las boletas de servicios y gastos no los paga la intervención.
En plena cuarentena, y con los tribunales paralizados por la pandemia, uno de los jueces que intervienen en los casos Hotesur y Los Sauces, Daniel Obligado, pidió informes a los interventores sobre los bienes, a fin de “evaluar la pertinencia y conveniencia de mantener las intervenciones judiciales dispuestas en la causa”.
La redacción del pedido de Obligado (el juez se hizo conocido porque otorgó el arresto domiciliario a Amado Boudou) hizo reaccionar a la abogada Silvina Martínez, denunciante en la causa junto con Margarita Stolbizer. La abogada presentó un escrito ante el tribunal en el que pide que “se revea la decisión de levantar las medidas cautelares”. Nadie las levantó, pero el pedido del juez Obligado encendió luces de alarma.
El 19 de marzo pasado se iba a realizar una audiencia sobre los bienes, en la que se esperaba la presentación de un reclamo para su recupero, pero por la pandemia se suspendió. Solo está presentado en la Corte Suprema el recurso de la vicepresidenta contra la decisión inicial de intervenirlos.
El tribunal está integrado por Obligado, Adrián Grumberg (juez subrogante y uno de los fundadores de Justicia Legítima) y la jueza Adriana Palliotti. Son quienes deben dar su conforme cada vez que un interventor pide, por ejemplo, cambiar una ventana o hacer un gasto extraordinario en uno de los hoteles. Para colmo, los administradores se quejan de que no cobran por su tarea. Raquel Moyano, una de las administradoras, llegó a la Corte con su reclamo.
Los bienes de los Kirchner tienen suerte diversa. Los plazos fijos en pesos y en dólares administrados por la Justicia siguen en los bancos, rindiendo dividendos.
Los departamentos de Los Sauces corrieron una suerte dispar: muchos están desocupados, y es sintomático lo que sucede con las dos unidades de Puerto Madero: una de ellas está libre, sin inquilino, y en la otra viven la exesposa de Fabián de Sousa y su familia. La mujer paga las expensas, pero no el alquiler, porque alega que estaba incluido en el acuerdo de separación con su marido. El alquiler figura a nombre Alcalis de la Patagonia, pero la empresa del Grupo Indalo desconoce la situación.
Con los hoteles también hay situaciones dispares. El Alto Calafate, de la empresa Hotesur, está alquilado a la empresa Idea, de Osvaldo Sanfelice, también intervenida. Sanfelice pidió que se levante la intervención. Ese hotel está abierto y se paga el alquiler.
Los hoteles Los Sauces, en El Calafate, y La Aldea, en El Chaltén, están cerrados y deteriorados. En cambio, el Hotel Las Dunas, en El Calafate, fue alquilado a un grupo chileno justo cuando comenzaba la cuarentena y se cerraban las fronteras. Los chilenos están pagando apenas un porcentaje del alquiler pactado. El Hotel Casa Patagónica, que administraba el grupo Relats en El Calafate, iba a ser alquilado por el mismo grupo chileno, que estaba negociando el monto del alquiler.
En el medio, la Justicia le devolvió a Máximo Kirchner una de sus casas en Río gallegos para que pudiera vivir su exesposa. El departamento en Constitución donde vive Florencia Kirchner también está entre los bienes de Los Sauces.
En total, los inmuebles que tenía la sucesión de Néstor Kirchner eran cerca de 27 departamentos, terrenos y casas en la Patagonia, algunas de las cuales están alquiladas. Había más de 15 plazos fijos. La interventora de Los Sauces sumó a la lista otras 25 propiedades que, dijo, no estaban declaradas.
La dificultad de la administración de semejante cantidad de bienes y los reclamos de los acusados hacen que la Justicia analice su futuro. (La Nación)
