Por: Francisco Jueguen
La distancia con los grandes fondos de inversión se agrandó hoy y el Gobierno comenzó a deslizar que el viernes, fecha límite estipulada luego de la cuarta prórroga, no será el día en que logre al fin enmendar su oferta original para convertirla en la definitiva.
Incluso en algunos sectores del equipo negociador del ministro de Economía, Martín Guzmán, insinuaron hoy que la relación con algunos acreedores “estaba rota”, lo que podría acercar a la Argentina a un fracaso en la reestructuración y a un nuevo default de la deuda. Guzmán, según confirmaron en Hacienda, se reunió esta tarde con Alberto Fernández para acercarle el menú de posibilidades que tiene el Gobierno. Nada aparecía ahora afuera de ese menú.
“Ningún acreedor me va a convencer de que haya sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible. No le pueden exigir a la Argentina lo que no le exigen al mundo”, dijo el presidente esta noche en una entrevista a Telefé. Sin embargo, luego, aclaró: “Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió”.
Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que las negociaciones sobre los números más finos se cortaron esta tarde, ya que los acuerdos de confidencialidad o non disclosure agreement (NDA, según las siglas en inglés) no fueron extendidos. Esto levantó a las partes de la mesa de negociación en momentos en que “persisten grandes diferencias”.
Con ese marco, entrada la noche, el Palacio de Hacienda difundió un comunicado en el que presentó una tercera propuesta que hizo a los bonistas en la que rebajaba un año más el período de gracia (la oferta original era de tres y luego se cayó a dos), en la que casi no hay quita de capital (3% en los bonos más cortos), se acortó la madurez, pero se mantenían los cupones promedio crecientes -con otro escalonamiento- hasta un máximo de 5%.
“En el marco de las negociaciones con los grupos de acreedores mantenidas entre el 8 y el 17 de junio de 2020, la República recibió una propuesta conjunta de los grupos denominados Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group y una propuesta del grupo denominado ACC, Gramercy, Fintech & Oaktree”, detalló el Ministerio de Economía.
Un elemento crucial -pero no el único- que generó la vuelta del clima tenso entre los negociadores de Economía y los acreedores fue que uno de los comités más duros -donde se encuentran Blackrock o Ashmore- pidió un “indenture” (contrato) para la nueva emisión de bonos que ofrezca el Gobierno en este nuevo canje similar a la que recibieron los bonistas del canje en 2005. Ese comité negocia en coordinación con otro, vinculado a bonos de ese canje que impulsó Roberto Lavagna y el de 2010. Se trata del llamado Grupo Exchange.
Esos prospectos otorgaban cláusulas de acción colectiva (CAC’s) que eran más beneficiosas a los acreedores, pero que “permitían la aparición de los llamados fondos buitre”, según fuentes oficiales. Las mismas recordaron que las nuevas CAC’s, surgidas luego de la crisis de deuda que vivió Grecia, son la renovada arquitectura aceptada por consenso en la comunidad financiera internacional. “Es insultante que nos pidan esto”, cuestionaron cerca del equipo negociador.
Antes de estas novedades, en Casa Rosada, en cambio, confiaban en que a comienzos de la semana podría llegar el tan ansiado día en el que se mejoraría la propuesta ante la Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC, según las siglas en inglés) y se abriría finalmente el período de diez días para determinar la aceptación final. Cerca del equipo de Guzmán no pensaban así.
Un nombre volvió a aparecer, entre las fuentes gubernamentales, como el principal obstáculo. Se trata de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo conducido por Larry Fink. En Economía siguen parados en una propuesta de un valor presente neto (VPN) de 50 centavos de dólar con una tasa de salida, o exit yield, de 10%, sumado a un cupón atado a exportaciones, que ya genera preocupación, sobre todo, en el sector agropecuario local. La Mesa de Enlace cree que ese cupón implicará el mantenimiento por años de las retenciones en los actuales niveles. Por eso, pidieron una audiencia la semana pasada.
En el Gobierno afirman que los fondos más duros pretenden más, lo que alejó las posibilidades de que el viernes comenzará el cierre de las negociaciones y abrió la puerta a una nueva extensión (la quinta) de la vigencia de la primera oferta en el horizonte.”En algún momento, las conversaciones tienen que llegar a un punto donde se toman decisiones”, agregó otra fuente al tanto de las negociaciones, que ampliaba el abanico de posibilidades oficiales.
Ayer, la idea que persistía en el Gobierno era la de extender hasta el viernes los NDA. Sólo se logró hacerlo por 24 horas. Una vez levantados estos acuerdos, los inversores que integran los comités que negocian con el Gobierno podrán operar en el mercado.
En el oficialismo detallaban ayer a LA NACION que la diferencia s e mantiene entre 49,9 centavos por dólar de valor presente neto, en promedio, a una tasa de salida ( exit yield) del 10% que ofrece el Gobierno, y los 53-55 centavos que pretenden del otro lado. “El Presidente no va a pagar más que eso”, agregaron hoy en el Gobierno.
El Comité Argentino de Acreedores (ACC) -donde están fondos como Greylock o Gramercy, aquellos con menos deuda nacional y, por ende, con menor peso- son hoy los “buenos de la película”. En el Gobierno creen otros acreedores podrían comenzar a sumarse a sus propuesta.
Del otro lado, los comités Ad Hoc y Exchange -donde están los bonistas más “agresivos”, pero con más tenencia- son actualmente quienes, en la visión del oficialismo, frenan la obtención del acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández desea presentar como digerible en sociedad.
Esta diversidad de intereses, peso y posiciones de parte de los bonistas es uno de los grandes escollos que el Gobierno encontró siempre para lograr asegurarse una adhesión importante y “sustentable” en las propias palabras del ministro de Economía.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró semanas atrás que la Argentina tiene un “margen limitado” para mejorar su propuesta y deslizó, como lo hace el Gobierno ahora, que el límite es un VPN de 50 centavos por dólar a tasa de 10%. En las últimas semanas, Economía agregó el cupón atado a las exportaciones, que no fue del todo bien recibido por los fondos duros. Por otro lado, el mismo organismo que conduce Kristalina Georgieva también había dejado entrever una pista sobre la temporalidad para mejorar la oferta: desde 2024.
El último 22 de mayo, el país ingresó en un default selectivo luego de que se cumpliera el período de gracia de un mes después de no pagar el 22 de abril los intereses de tres bonos Global por US$503 millones. Pero, embarcado en negociaciones de “buena fe”, por ahora, el Gobierno logró evitar que un 25% de los acreedores, la masa necesaria, acelerara la deuda.
La oferta original implicaba una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital del 5,4% (US$3600 millones) y un período de gracia de tres años. Eso significaba que el Gobierno no tendría que hacer pagos hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. El mismo iría creciendo a niveles “sostenibles” y el cupón promedio rondaría finalmente el 2,33%.
Cuando presentó más detalles, Guzmán aclaró que de su oferta inicial surgía una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas, quitas de capital por bono que iban de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de “opcionalidades” para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047.
Con el tiempo y el avance de las negociaciones, la propuesta del Gobierno mutó, aunque aún sin una presentación formal ante la SEC. El Gobierno eliminó las quitas de capital y bajó de tres a dos años el período de gracia, uno de los temas más debatidos junto con el reconocimiento de los intereses corridos en el período de gracia, entre otras mejoras aplicadas. (La Nación)
