El Consejo de la Magistratura debate el intento del Gobierno para desplazar a 10 jueces federales

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Cristina Kirchner accedió a las presuntas evidencias y evalúa presentarse como querellante - Foto: Telam

La sesión comenzó minutos después de las 10. La oposición advirtió que el oficialismo busca avanzar contra varios magistrados, entre los que se encuentran los que juzgan a Cristina Kirchner.

Por: Daniel Santoro

El Consejo de la Magistratura debate este jueves el proyecto del oficialismo para revistar el traslado de 38 jueces –entre los que se encuentran los que juzgan a Cristina Kirchner-, en lo que la oposición calificó como un intento del kirchnerismo de avanzar sobre la Justicia.

La sesión, que se realiza vía Zoom, comenzó minutos después de las 10, con la discusión de las impugnaciones de varios organismos de derechos humanos a la candidatura del juez Facundo Maggio al fuero federal. El punto 9 de la orden del día es el que corresponde al traslado de los jueces.

El diputado de Juntos por el Cambio y miembro de la Magistratura Pablo Tonelli sostuvo este miércoles en una nota que los trasladados de jueces durante el gobierno de Mauricio Macri se hicieron ajustados a los términos de las acordadas 4 y 7 de la Corte y el reglamento del organismo, en una nota con la que buscan frenar el avance del kirchnerismo.

Además, en la presentación, Tonelli afirmó que la presentación del jueves pasado del representante del gobierno en la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, abrirá una Caja de Pandora porque de los 38 traslados objetados, “18 fueron hechos durante los gobiernos de los Kirchner, 17 en la era Macri y el resto es de antes del 2003”.

El voto de Camaño será clave para abrir esta revisación de los trasladados o dejarlos cerrados sin perturbar la marcha de las investigaciones por corrupción o postergar un debate del tema.

Luego tratarán el proyecto de Ustarroz –representante del Gobierno y hermano de crianza del ministerio del Interior, Wado de Pedro- para revisar esas 38 mudanzas de jueces durante la gestión macrista, las presidencias de Néstor y Cristina y algunos aún antes del 2003 que, según el oficialismo, “no cumplieron los pasos previstos en la Constitución”, pero que la oposición considera “maniobras” para desplazar jueces en causas por corrupción en que está procesada la vicepresidenta, más de 100 ex funcionarios de su gobiernos y empresarios K.

En su nota, el diputado Tonelli manifestó su discrepancia diciendo que “cuestionar ante la comisión actos administrativos regulares, válidos y legítimos, dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de la manera en que el consejero Ustarroz lo ha hecho, y pretender que la comisión y luego el plenario dictaminen o se pronuncien acerca de esos actos, constituye una afectación al Estado de Derecho y resultaría un exceso en las atribuciones que tiene esta comisión en particular y el organismo en general”.

“Porque esos actos están firmes y consentidos y han generado derechos subjetivos que se están cumpliendo, por ende, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad” (art. 17, ley 19.549)”, agregó Tonelli.

En relación a aquellos traslados que, según el consejero del Poder Ejecutivo, no habrían cumplido con los requisitos del reglamento de la Magistratura número 155 del 2000, destacó en su artículo 3°, autoriza a la comisión a “expedirse según la conveniencia del traslado para una más eficaz prestación del servicio de justicia”.

Por lo tanto, en estos casos “en que tuvieron la debida intervención tanto esta comisión como el plenario del cuerpo, los actos dictados propiciando los traslados, son actos administrativos regulares” y  “si por alguna hipótesis o capricho dogmático se sostuviese que estos actos no fueron regulares, de todos modos este Consejo de la Magistratura no podría ni revocarlos, ni declarar su nulidad o privarlos de efectos sin violar tanto el principio elemental de división de poderes”. afirmó Tonelli.

El diputado macrista advirtió, finalmente, que si el Consejo avanzara con esta petición y propiciara una revisión masiva de los traslados cuestionados, tal decisión “podría afectar no solo los derechos de los magistrados involucrados y de los justiciables, sino que también podría generar la responsabilidad internacional del Estado argentino. Así sería por no cumplir con los principios que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referido al resguardo de la independencia de los jueces”.

En cambio, para el presidente del Consejo de la Magistratura y juez federal, Alberto Lugones, “hubo toda una camada de jueces que entraron en el último Gobierno que no tienen completado el acto complejo al que obliga la Constitución para tener estabilidad en el cargo”.

El juez federal de San Martín opinó que “hay muchos jueces que entraron por la ventana y algunos hablan de que se quiere desplazar a jueces independientes, pero lo cierto es que el paso del tiempo no puede reemplazar el vicio de origen de estas designaciones”. Argumentó que “los que están defendiendo a ultranza a estos magistrados se deberían preguntar por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo” al Senado.

Sobre los próximos pasos que podría dar el Consejo de la Magistratura en relación a estos jueces designados a través de traslados, Lugones afirmó que “se podría manifestar al Poder Ejecutivo que el Consejo entiende que estaría faltando el acuerdo del Senado”, lo que obligaría a mandar el pliego al Senado, donde el kirchnerismo tiene mayoría y terminaría rechazándolos. “La otra alternativa que podría hacerse -explicó- es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado”.

El representante del Gobierno dividió a los 38 jueces en tres grupos. El primero, a su criterio, cumple con todos los requisitos previstos por la Corte y la Magistratura, pero le falta cuestiones administrativas.

El segundo cumple con los requisitos de las acordadas 4 y 7 de la Corte pero no cumplirían con los requisitos del reglamento 155/00 de la Magistratura. Y el tercero, no cumplirían con los requisitos de la Corte ni del reglamento 155 del 2000 de la Magistratura.

Sobre el Grupo 3 de la propuesta de Ustarroz, que serían traslados que no cumplirían con las acordadas Corte 4 del 15 de marzo y 7 del 11 de abril de 2018, el informe opositor destaca “la parte dispositiva de ambas acordadas fue exclusivamente para tres ítems: dejar sin efecto sorteos de causas; exhortar a la Cámara Federal a que no realice sorteos respecto de tribunales no habilitados por la Corte Suprema; no hacer lugar a la habilitación del TOF 9; y disponer un nuevo sorteo de las causas en cuestión”. El TOF 9 se habría creado para tratar de aliviar el cuello de botella de juicios orales que sufren los tribunales orales federales de la CABA.

Es decir, que para la oposición en la acordada la Corte “no dictó un “reglamento” de traslados, sino que fijó pautas. De modo que “todos los supuestos “requisitos” que de allí surgen no son más que un “obiter dictum” hecho por los jueces, sin fuerza normativa obligatoria para el Consejo de la Magistratura, y podrían ser revisados o modificados por jueces ordinarios o la propia Corte en un caso concreto”, agrega.

En este sentido, el informe propone insistir que “la competencia para reglamentar los traslados, y fijar requisitos sustanciales al respecto, corresponde al Congreso según el artículo 75 de la Constitución”. Para el caso de que se decida redactar uno en el futuro.

En fuentes de la oposición se comentó que la mayoría de los jueces objetados son los que tienen causas en que la vicepresidenta tiene más probabilidades de llegar a ser condenada. (Clarín)

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