Por: Carla Quiroga
Todo parece indicar que la vivienda ganó protagonismo en la agenda política y económica del Gobierno. Por primera vez en la historia, toda la cadena de valor del sector de la construcción se puso de acuerdo y planteó sus preocupaciones al Gobierno y un informe con medidas que podrían alivianar la salida de la crisis y lo principal, por qué la construcción privada es un sector clave en el escenario pospandemia. El viernes 10 de julio tras una reunión virtual que llevó más de dos horas, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) le presentaron al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, un plan de reactivación apoyado en la construcción privada y con una serie de pilares.
Los números del informe “Plan de re-construcción de la economía a través de la construcción privada” reflejan la importancia que tiene la reactivación de la construcción privada no sólo para esa industria sino también para la economía del país: representa el 70% de la actividad del sector. Hasta mayo se perdieron 150.000 empleos directos registrados, lo que implicó una caída del 40% interanual. Las obras en construcción permanecen paradas desde que se inició la cuarentena, y en las fases de mayor flexibilidad, el Gobierno sólo permitió retomar aquellas que están en las etapas de excavación. En números, en mayo la construcción registró una caída interanual del 48,6%, según datos del Indec. Además, de acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el acumulado de los primeros cinco meses de 2020 presentó una disminución para el sector del 42,2% respecto de igual período de 2019. Asimismo, en mayo pasado, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva del 99% respecto de abril. Al respecto, Nadin Argañaraz, economista del Iaraf, dijo que “la fase 1 de abril llevó a la construcción a los mínimos históricos, donde solo se mantuvo dinámico un cuarto de la actividad de un mes normal. El mes de mayo mostró un movimiento ligeramente mayor. Sin embargo, la caída acumulada entre marzo y mayo es del 34%”, puntualizó.
Los números son elocuentes y en concreto la mesa de la construcción pidió medidas en tres etapas para el tercer trimestre de este año, para el cuarto y para 2021. En la primera etapa, préstamos de emergencia para reactivar obras en curso utilizando boletos y adhesiones a fideicomisos de desarrollo, además de la activación del régimen de la Ley de Presupuesto de 2019, para construir viviendas de valor inferior a 140.000 UVA (equivalentes hoy a $7.743.400), simplificando su implementación. Para la segunda (cuarto trimestre), la creación de un vehículo para inversión en Construcción-Sociedad Simplificada de Construcción-con incentivos a inversores y familias, con efecto fiscal positivo, crédito hipotecario cuyas cuotas se actualicen según coeficiente de variación salarial (CVS) para el tomador, con un fondo anticíclico de compensación de eventuales descalces entre el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y el CVS. Es decir, en el caso de que la inflación se dispare, ese fondo compensador -que sería del Banco Mundial- cubriría la diferencia para permitir que la persona que lo adquirió pudiera cumplir con el compromiso. Mientras que para la última etapa se solicitó la exteriorización de pesos (blanqueo) para flujo de inversiones en obras nuevas y construcción, una ley de vivienda que incentive la inversión permanente en vivienda para venta, alquiler o leasing para sectores medios. Gobierno y sector, ya nadie habla del esquema de Cedines, el sistema implementado entre 2013 y 2015 que permitiría y que captó US$1000 millones. Esta vez, las medidas estarían centralizadas en obras nuevas y no a la compra de departamentos usados. Además, deberían volcarse pesos en lugar de dólares. También se pidió que se difiera el pago de Ganancias sobre el aporte del terreno. Lo que sucede en este punto es que cuando el dueño de un terreno decide, por ejemplo, venderle la tierra al desarrollador a cambio de metros (departamentos), debe pagar Ganancias en el momento que se firma la venta por un ingreso que aún no tuvo. “En muchos casos ese dinero no lo tiene, entonces nos piden a los desarrolladores que nos hagamos cargo lo que impacta en los números del negocio y en muchos casos termina con la posibilidad de la operación”, explica un desarrollador. La mesa de diálogo también pidió aportes previsionales para financiar compra de viviendas, similares a “Minha casa, minha vida” de Brasil o al Infonavit de México y créditos hipotecarios implementados contra posesión.
Este es un sector clave. Hay que tener en cuenta que la cadena de valor de la construcción es la más larga de todas e integradora: industria, manos de obras, servicio Este es un sector clave. Hay que tener en cuenta que la cadena de valor de la construcción es la más larga de todas e integradora: industria, manos de obras, servicio
Por otra parte, la semana pasada se conoció la noticia de que el Gobierno resolvió destinar tierras fiscales o que pertenecen al Estado a distintos proyectos de reactivación económica en el marco del plan de la pospandemia. La Casa Rosada busca activar la agenda “de salida” del coronavirus. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión en la Casa Rosada con el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, y cuatro ministerios para evaluar el destino que podrían tener esos terrenos estatales. Inauguró una mesa de trabajo que quedó oficializada como “gabinete de tierras”. Según se anunció oficialmente, los terrenos se destinarán a la construcción de viviendas, a desarrollos agropecuarios y al emplazamiento de parques industriales. Plantearon como “caso testigo” el plan urbanístico de Los Hornos, en La Plata, que ya se planificó sobre uno de los terrenos de la AABE.
El apoyo es clave
Con este panorama, los empresarios del sector se ilusionan con la posibilidad de lograr incentivos impositivos para poder seguir construyendo.”La carga impositiva en una propiedad es como la de los autos supera el 45 por ciento”, advierten. ¿El impacto impositivo en el fisco? Anticipan que será nulo. “Sin incentivos no se realizarán nuevos proyectos. Por eso decimos que vamos a devolver en impuestos más de lo que nos darán. No queremos las exenciones para hacer nuestro negocio sino por el efecto multiplicador que tiene esta industria en la economía del país”, responden. Un dato no menor para un país que padece la falta de 1,5 millón de vivienda nueva. Reconocen que lo que viene no es fácil: tienen la venta parada desde marzo, retomar las obras les encarecerá y realentizará las obras, muchos de los inversores de sus proyectos no pagarán las cuotas y se preguntan cuántos proveedores quedarán en pie. “Este es un sector clave. Hay que tener en cuenta que la cadena de valor de la construcción es la más larga de todas e integradora: industria, manos de obras, servicios” concluyen. (La Nación)
Resultado de un estado sobredimensionado, con sus tres poderes parasitarios.