Por: Candela Ini
Reducir el poder de los jueces federales de Comodoro Py, fortalecer la justicia federal en las provincias y delegar la arquitectura del Poder Judicial en un Consejo Consultivo conformado por 11 juristas. Las líneas principales del proyecto de Reforma Judicial que anunció el presidente Alberto Fernández difieren con los pilares del proyecto de “Democratización de la Justicia”, impulsado por la expresidenta y actual vice Cristina Kirchner en 2013.
En los últimos días, distintos representantes de la oposición rechazaron de plano varios de los aspectos de la reforma judicial, que habían trascendido antes del anuncio presidencial. Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde cuestionó el momento elegido por el Gobierno para presentar esta reforma y las intenciones del proyecto.
Con argumentos similares, en 2013 la oposición al kirchnerismo había rechazado de manera contundente la reforma judicial denominada “Democratización de la Justicia” y promovida por Cristina Kirchner en 2013.
Ese proyecto está citado como un antecedente en el índice temático de la Reforma Judicial anunciada esta tarde. Sin embargo, hay varios contrastes entre esa iniciativa promovida por Cristina Kirchner en 2013 y los últimos anuncios presidenciales.
La principal diferencia está en los pilares de cada uno de los proyectos: el de 2013 promovía la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura mediante el voto popular -y modificaba directamente los mecanismos de selección de jueces-, y el actual concentra su punto más fuerte, por ahora, en la fusión de fueros.
En ese entonces, la expresidenta había propuesto, mediante un paquete de leyes enviadas al Congreso, elegir mediante el voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, y ampliar su número de integrantes de 13 a 19, además de la creación de nuevas Cámaras de Casación y la limitación de medidas cautelares contra el Estado. El aval académico para ese proyecto lo dio la agrupación Justicia Legítima.
La reforma del Consejo de la Magistratura era el más resistido de los proyectos. El rechazo de la oposición a ese plan fue contundente, bajo la percepción de que el kirchnerismo buscaba, entonces, controlar al Poder Judicial. Aunque el oficialismo logró la aprobación de los proyectos, poco después de su aprobación, en lo que fue leído como un fuerte revés, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional.
“Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares”, había determinado el máximo tribunal en su sentencia.
Según el anuncio presidencial de hoy, la facultad de analizar y proponer cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema, así como también del Consejo de la Magistratura, quedó delegada en el Consejo Consultivo integrado por los 11 miembros que acompañaron hoy al Presidente de manera virtual y presencial.
Ese Consejo, de composición heterogénea pero con una mayoría cercana al oficialismo, deberá analizar y recomendar al Presidente para modificar el sistema judicial.
“Quisiera que las recomendaciones que me brinden sean las piedras basales de un nuevo sistema judicial, que nuestra sociedad demanda desde hace ya mucho tiempo”, dijo Fernández, quien evitó el uso de la palabra “democratización”. (La Nación)
