Por: Candela Ini
La implementación de la reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández la semana pasada, que supone la creación de unos 279 nuevos cargos, implicará un enorme esfuerzo económico para el Estado argentino: desde la Justicia y en la oposición consideraron que se trata de un costo aproximado de 5000 millones de pesos anuales.
Un grupo de jueces federales de Comodoro Py analizó en conjunto el proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo y llegó a la estimación a partir del costo de los nuevos salarios que implicarían las designaciones.
Para poner en marcha la reforma, la nueva estructura que propone el proyecto impulsado por el oficialismo supone la creación de 279 cargos de jueces, fiscales y defensores. Los sueldos, excepto por los de los magistrados con rango de camaristas, rondan un promedio de $400.000 en la mayoría de los casos, un monto que supone unos 111.600.000 pesos mensuales, solamente en los salarios de esos cargos, casi unos 1400 millones de pesos anuales.
Ese número, sin embargo, no contempla salarios del personal ni la infraestructura que se requeriría para los secretarios y el personal a cargo de esas dependencias. La variable de la infraestructura edilicia es relevante, ya que hoy no hay lugar para instalar juzgados nuevos en Py.
Por eso, quienes mencionaron un costo aproximado de 5000 millones de pesos anuales consideraron el posible costo de la implementación del nuevo Código Penal Acusatorio, la ampliación de infraestructura para instalar las nuevas dependencias y los salarios de los magistrados y de su personal a cargo para llegar a esa cifra.
En declaraciones radiales, el senador Esteban Bullrich llegó a la misma estimación.
Ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales que trabajaron en la redacción del proyecto dijeron que todavía están bajo estudio los números relativos al tema infraestructura.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, consideró este fin de semana, en una entrevista con LA NACION, que “no es un costo tan alto”.
“El costo no tiene que ser el árbol que no nos deje ver el bosque, el costo mayor es una Justicia que no nos da resultado”, consideró Losardo, quien deberá defender las cifras en el Congreso.
Una juez de tribunal oral dijo estar “desconcertado” con la medida impulsada por el oficialismo. “Con los que somos hoy ya estamos en malas condiciones por la falta de espacio físico para guardar expedientes y efectos y para llevar adelante los procesos: no puedo imaginar cómo se incorporarán nuevos cargos”, dijo ese funcionario judicial a LA NACION.
Otro de los magistrados de Comodoro Py con ascendencia sobre sus colegas comparte la evaluación mencionada por Bullrich sobre el monto de los 5000 mil millones de pesos anuales y dijo a este medio que la medida es “inoportuna” por el estado en que se encuentra el sistema judicial. (La Nación)
