Se reanuda el juicio contra Cristóbal López de forma online

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El Tribunal Oral Federal 3 fijó fecha. Es por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles.

Por: Lucía Salinas

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) fijó fecha para la reanudación de forma remota del juicio oral contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por la defraudación al Estado ante la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), con la firma Oil Combustibles habiendo generado una deuda con el fisco multimillonaria. El debate oral de reanudará el 13 de agosto a las 14.30.

El 13 de junio de 2019 se inició el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) y Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP), en la causa donde se los procesó por un supuesto fraude por 8.000 millones de pesos.

Después de que concluyera la etapa de indagatorias, en el juicio que lleva adelante el TOF 3 -presidido por el juez Andrés Basso e integrado por sus pares Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos- comenzaron las declaraciones testimoniales. Las partes acordaron escuchar a unas cincuenta personas, de las cuales ya pasaron por el estrado al menos veinte.

Ante la prolongación de la feria extraordinaria judicial en el marco de la pandemia del Covid-19, la Cámara de Casación ordenó a los tribunales que vean la forma de reanudar los debates orales a través de la plataforma virtual que provee la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura. Así, el Tribunal realizó la última semana unas pruebas piloto, que tuvieron resultado favorable respecto a la conexión y estabilidad de la misma.

“Habiéndose realizado las pruebas remotas pertinentes, corresponde disponer la reanudación del debate oral y público, en la presente causa, para el día 13 de agosto del corriente año, a las 14:30 horas”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

El Tribunal señaló que como consecuencia de las pruebas realizadas, el sistema que mejor respuesta técnica –visual y sonido- obtuvo fue la plataforma Zoom, “utilizada en la prueba remota desarrollada”, por ello se solicitó a la Dirección General de Tecnología, que “se asigne, en carácter de urgente, la licencia correspondiente a la plataforma mencionada para ser utilizada en el debate”..

Cuando el TOF 3 preguntó a las partes si estaban de acuerdo en reiniciar el juicio oral y público de forma virtual, el primero en responder fue Cristóbal López, a través de su abogado Fabián Lértora. En el escrito al que accedió Clarín, el empresario K consideró “atendible la intención de buscar alternativas para continuar el proceso por vías telemáticas, sí es que las restricciones a la circulación establecidas por la autoridad sanitaria se extienden por mucho tiempo más”.

López aceptó  retomar el juicio, pero con algunas condiciones. Entre ellas, que deberían “arbitrarse las medidas posibles a fin de garantizar la publicidad, la oralidad y la inmediación, así como extremar los recaudos para que pueda ejercerse adecuadamente el derecho a defensa de los imputados”. El TOF 3 respondió que la publicidad “se encuentra garantizada”.

En esta etapa, además se reanuda con declaraciones testimoniales, El TOF 3 ya había informado que a los testigos que vayan declarando se les iba a requerir que digan con antelación qué documentación van a citar, para que la misma sea digitalizada y provista a las partes.

Según la acusación del caso, se “corroboró la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.

La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo. (Clarín)

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