La Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010). Al líder de derecha se lo acusa de manipulación de testigos en relación a las bandas paramilitares que actuaron en amplias zonas rurales del país para luchar contra las guerrillas de la FARC.
Hoy, luego del pacto con el exmandatario Juan Manuel Santos (2010-2018), ocho exguerrilleros cuentan con lugar en el congreso y la división en Colombia sigue. El arresto de Uribe exacerba la situación.
El de Uribe es el primer caso de un exmandatario puesto bajo arresto. El máximo tribunal colombiano señaló en un comunicado que Uribe es considerado presunto responsable de los delitos de soborno a un testigo y de fraude procesal y dijo: “Cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.
El presidente Iván Duque, discípulo de del actual senador Uribe, hizo una férrea defensa de su mentor y fundador del partido Centro Democrático: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió Uribe ayer en su cuenta de Twitter.
El exmandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.
Ayer los seguidores del exmandatario convocaron a caravanas motorizadas de protesta en Bogotá, ante la prohibición de la alcaldía de organizar marchas o aglomeraciones debido a las medidas de aislamiento que rigen por la pandemia. Algunos cacerolazos a favor y en contra se escucharon por la noche.
Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones penales por sus presuntos vínculos con los grupos de ultraderecha que enfrentaron clandestinamente a las guerrillas durante el largo conflicto colombiano. (Clarín)
