La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial también rechaza la reforma judicial

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial también rechaza la reforma judicial

En una acordada de todos su jueces, el tribunal critica la pretensión de unificar ese fuero con el contencioso administrativo federal.

Por: Claudio Savoia

Luego del duro documento de la Cámara del crimen publicado este miércoles para advertir que la reforma judicial impulsada por el gobierno es inconstitucional, otro tribunal nacional manifestó ahora su rechazo al proyecto, que ya empezó a ser tratado en el Congreso. Se trata de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que difundió su desacuerdo con la pretendida unificación de ese fuero con el Contencioso Administrativo Federal.

Con la firma de cuatro de sus jueces, la Cámara Civil y Comercial avisa en el escrito que sus objeciones al plan oficial se comunican a través de una acordada porque “ninguno de los miembros de esta cámara fue consultado, de modo alguno, sobre la reforma propuesta”.

Los camaristas recuerdan que la separación de los fueros que hora buscan reunificarse se realizó hace cuarenta años, “para lograr una más rápida y eficiente” respuesta a las demandas de justicia.

La acordada recuerda que aquella división, motivada por la especificidad de materias como derecho aeronáutico y marítimo, marcas, patentes, comercio internacional, “ha cobrado mayor vigor con el paso del tiempo, no sólo por el desarrollo tecnológico sostenido y complejo de algunas de ellas, sino por la suscripción de la República Argentina de tratados de derecho internacional que regulan muchas de esas materias y dan lugar a una doctrina y jurisprudencia propias”. Además, dicen los jueces, se sumaron nuevas cuestiones que demandan mucho trabajo y recursos, como los amparos contra obras sociales y prepagas y litigios por defensa de la competencia.

“El fuero Civil y Comercial federal cuenta con una antigüedad de más de cuarenta años en la segunda instancia, y más de sesenta en la primera instancia”, raccontan los jueces, para explicar que en estas décadas se formaron y desempeñaron su tarea allí cantidad de magistrados, que concursaron y lograron ser designados en este fuero según lo que ordenan la Constitución y las leyes.

La mención no es ociosa: “todos los jueces en lo civil y comercial federal que están en funciones en la actualidad concursaron ante el Consejo del a Magistratura de la Nación. Tanto los antecedentes como la prueba de oposición fueron analizados por dicho órgano, tuvieron relación con la competencia del fuero, sustancialmente distinta del Contencioso Administrativo Federal. El Poder Ejecutivo los nombró y el Senado de la Nación prestó acuerdo dentro de esos límites”.

La consecuencia de ese razonamiento llega sola: la unificación de los dos fueros “implica soslayar la especialidad” de cada uno, y “poner en manos de jueces que son producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para los cuales no fueron nombrados”. Entonces, dicen los camaristas, “ello habilitará al litigante afectado por la sentencia dictada a cuestionar el título del magistrado basándose en la garantía del juez natural y en los límites del nombramiento. Eso no contribuye a la seguridad jurídica”, rematan.

El razonamiento se extiende a los concursos en proceso para cubrir vacantes en el fuero civil y comercial federal.

La advertencia de la Cámara respecto a futuros planteos toca un nervio sensible del proyecto de Alberto Fernández: aunque la unificación de los fueros pueda ser legal, cada uno de los jueces del nuevo fuero podría ser objetado en causas específicas, que podrían derivar en recusaciones o, si prospera algún planteo al respecto, en la declaración de inconstitucionalidad de los cambios propuestos.

La acordada también refuta el argumento de que en el interior del país los fueros que ahora intentan unirse ya están en manos del mismo juez federal, pues “no puede válidamente compararse la cantidad de pleitos de marcas, patentes, transporte marítimo, aéreo y terrestre, y menos aún el ingente volumen de juicios por amparo que involucran el derecho a la salud que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires con las del resto del país.”

Otra de las justificaciones del proyecto oficialista para unificar a los dos fueros es la supuesta cantidad “numerosa” de conflictos de competencia entre ambos, que implica un ir y venir de causas de uno al otro. Es decir, son tan similares las tareas de ambos, que muchas veces no queda claro cuál de ellos debe tomar un expediente. Para los camaristas del fuero civil y comercial no sería así: “los conflictos de competencia resueltos por esta Cámara y la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal totalizan 22 casos anuales en el promedio de los últimos cinco años”. Ese promedio lo confrontan con el total de causas iniciadas anualmente en ambos fueros: 94.738. Entonces, los conflictos de competencia “representan una incidencia promedio del 0,023%, cifra que no puede calificarse sino como insignificante”.

Tampoco serían muchos los recursos contra la Comisión Nacional de Valores que se tramitan en el fuero civil y comercial: no superan la decena por año.

“En síntesis, la fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que les son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cual irá en seguro detrimento de los litigantes. También producirá la duplicación de distintas oficinas administrativas que tienen el mismo objetivo sin propósito que la justifique; y acentuará los problemas de espacio para la ubicación del personal y de los expedientes, que ya existen y motivaron varias presentaciones en el Consejo de la Magistratura”.

Por último, los camaristas tambien consideran que, de aprobarse la reforma, el plazo de 30 días para concretarla es “exiguo”. Por diferentes motivos que enumeran, “el plazo de instrumentación no debería ser menor a un año”.

El texto lleva las firmas de los jueces Guillermo Antelo, Eduardo Gottardi, Fernando Uriarte y Alfredo Gusman. El doctor Ricardo Recondo, en cambio, se excusó de hacerlo por su rol como vicepresidente del Consejo de la Magistratura, donde previsiblemente se discutirán aspectos del proyecto y cuestiones administrativas. (Clarín)

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