Por: Candela Ini
El juicio por la causa conocida como “Oil Combustibles”, en la que se acusa de defraudar al Estado a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa -dueños del Grupo Indalo- y al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, será reanudado esta semana de manera remota, después de cinco meses de parálisis por la pandemia de coronavirus.
López, De Sousa y Echegaray son investigados por presuntas irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago especiales del impuesto a la transferencia de combustible líquido (ITC) de la AFIP a la firma Oil Combustibles entre mayo de 2013 a agosto de 2015.
Según la denuncia inicial, formulada por Elisa Carrió en una causa en la que la AFIP es querellante, entre 2011 y 2015 la empresa Oil Combustibles recibió planes de pago de manera irregular -sin justificar necesidades de ayuda financiera-, en lugar de abonar al Estado el impuesto a la transferencia de combustible (ITC) en tiempo y forma, para así financiar a las empresas del Grupo Indalo.
López y De Sousa, dueños del Grupo Indalo, habrían sido favorecidos por esta maniobra, según la acusación fiscal y la denuncia. El caso fue investigado en primera instancia por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
El juicio, que comenzó en junio del año pasado y lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3, está en la etapa de testigos y para este jueves están citados dos testigos de la sindicatura de Oil Combustibles. El fiscal del caso es Juan Patricio García Elorrio. El TOF 3 está integrado por los jueces Andrés Basso, que lo preside, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni.
Al ser indagados en este proceso el año pasado, los tres acusados apuntaron contra la Justicia y los medios, con fuertes cuestionamientos.
En lo que respecta a la parte más técnica de su defensa, Echegaray argumentó que durante su gestión al frente de la AFIP “había planes de pago para todos” y negó conocer a los empresarios. De Sousa apuntó contra los extitulares de la AFIP Leandro Cuccioli y Alberto Abad por “hacer caer” los planes de pago para quebrar a la firma Oil Combustibles y denunció presiones del gobierno macrista. También negó haber recibido planes de pago de manera discrecional.
López, por otro lado, dijo que todas las decisiones del Grupo Indalo las tomaba su socio De Sousa y que él “nunca robó un peso”.
Apenas unos meses después del comienzo de este juicio, el tribunal incorporó un peritaje contable sobre el estado de la deuda del Grupo Indalo con la AFIP por el ITC. Según la pericia, en diciembre de 2015 la deuda estaba regularizada en planes de pago otorgados por Echegaray, que se habían reformulado varias veces.
Mientras que las partes acusadas celebraban que por el resultado de ese peritaje “se derrumba” la causa, desde la AFIP fundamentaban que los datos arrojados por ese informe “no modifican la validez de la acusación”, ya que el delito investigado en esta causa no es la evasión si no la defraudación al Estado mediante el otorgamiento de esos planes de pago de manera irregular.
Si el delito investigado fuera la evasión, los coautores del hecho serían De Sousa y López, mientras que en este expediente Echegaray está siendo investigado como autor de la administración fraudulenta y los directivos del Grupo Indalo como partícipes necesarios de esa defraudación.
Se trata de una causa de alto voltaje político. López y De Sousa estuvieron detenidos casi dos años con prisión preventiva por este expediente y, como parte de una contraofensiva, denunciaron al expresidente Mauricio Macri, a los titulares de la Afip y a otros funcionarios de Cambiemos por los delitos de coacción y extorsión. La causa presentó avances en las últimas semanas y la llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan.
De Sousa tiene como abogado a Carlos Beraldi, quien se ocupa de los frentes judiciales de Cristina Kirchner. López es representado por Fabián Lertora y Echegaray es defendido por León Arslanian y Martín Arias Duval. Arslanian y Beraldi integran el consejo de asesores conformado por el Presidente para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. (La Nación)
