Por: Hernán Cappiello
Aunque en el Poder Judicial predomina la idea de que será difícil implementar totalmente la reforma judicial así como está planteada, los jueces y fiscales tiene expectativas de que se introduzcan cambios en el proyecto oficial en el Senado, de modo que cuando llegue a la Cámara de Diputados sea más digerible para el peronismo que no está automáticamente alineado con el Gobierno.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional está trabajando en un documento que elevará al Senado esta semana. Allí plantean sus objeciones al proyecto oficial, pero también sus expectativas y propuestas.
El principal cambio que creen que tendrá lugar es la designación de un número mayor de fiscales que los contemplados en el proyecto. El argumento es que con la implementación del nuevo Código Procesal Penal los jueces pasan a ser de garantías, cambia su función, ya no investigan, sino que son árbitros, garantes de la prueba que les acerca el fiscal. Una estimación que hacen los fiscales que trabajaron en la redacción del documento final es que, con el nuevo código, serán necesarios cuatro fiscales por cada juez.
Los jueces desean que los cambios sean más profundos. Por ejemplo, que se determine el destino de los órganos de la Justicia nacional en lo criminal y correccional, que no tienen cabida en la nueva organización judicial.
El proyecto oficial prevé que haya un total de 46 juzgados federales, que incluyen los 12 juzgados actuales de Comodoro Py más los 11 juzgados en lo penal económico. Los 23 juzgados restantes estarán a cargo de jueces subrogantes mientras se hacen los concursos en el Consejo de la Magistratura.
Esos suplentes -según el proyecto del Gobierno- surgirán de los magistrados de la Justicia nacional criminal, pero desaparecerán los tribunales orales criminales ordinarios, la Cámara del Crimen y la Cámara Nacional de Casación Penal.
Los jueces tienen expectativas de que se determine el destino de estos magistrados, pues si se los hace desaparecer en el futuro organigrama quedará afectada su estabilidad y, por lo tanto, quedarán habilitados a reclamar a la Justicia y objetar allí la reforma. Piensan seguir hasta la Corte Suprema con sus reclamos.
La Asociación de Magistrados pide por la estabilidad de esos jueces penales nacionales, los de los tribunales orales y los de la Casación Nacional.
La otra expectativa es que pueda modificarse el mecanismo que prevé el proyecto para cubrir los nuevos juzgados federales. Los jueces creen que debería haber un mecanismo diferente al de las subrogancias para nombrar a un juez de manera “efectiva o definitiva”. Es decir, buscar un modo de cambiar la actual regulación de los concursos, para hacerlos más rápidos y transparentes. Además, consideran que hay otras objeciones para nombrar suplentes, pues la ley de subrogancias impide nombrar jueces suplentes en juzgados nuevos, recién creados.
Asimismo, entre los integrantes de la Asociación miran con preocupación lo que denominan como una “compra de voluntades” o, con mayor sutileza, la negociación que el oficialismo inició con los gobernadores para conseguir los votos que le permitan aprobar la reforma en Diputados, a cambio de cargos en los juzgados federales que se crearán en las provincias. No solo está en juego la elección de los nuevos 94 jueces federales del interior previstos en la reforma, sino la creación de cámaras federales en las provincias donde no las hay en la actualidad.
Los jueces y fiscales agregan a la lista un último detalle: que el proyecto no tiene en cuenta la cuestión edilicia, pues no hay lugar para que trabajen los nuevos funcionarios. (La Nación)
