El Gobierno rematará tres bienes decomisados por casos de corrupción kirchnerista

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Por: Maia Jastreblansky

El Gobierno subastará en los próximos días tres bienes que fueron decomisados por la Justicia al empresario santacruceño Lázaro Báez, al exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz (fallecido en 2016) y a un testaferro de Muñoz, el marplatense Sergio Todisco. Todos fueron investigados por presunta corrupción durante el kirchnerismo en distintos expedientes.

El organismo del Poder Ejecutivo encargado de enajenar los bienes decomisados es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de custodiar los activos de causas de corrupción, narcotráfico, lavado y otros delitos federales. Se harán subastas públicas a través de la plataforma pública Compr.Ar, probablemente durante septiembre, según señalaron fuentes oficiales a LA NACION.

Los bienes que saldrán a subasta incluyen el avión privado de Báez. Se trata de un Rockwell Commander, modelo 690-B, matrícula LV-MBY. La gestión de Mauricio Macri había intentado vender esa aeronave en cuatro oportunidades, pero no encontró interesados. Es que, el avión del otrora dueño de Austral Construcciones se fue deteriorando con el transcurso del tiempo y el desuso, al punto que hoy tiene un valor de chatarra. Llegó a ser valuado US$250.000, pero la última retasación lo fijó en solo US$110.000.

El segundo bien que saldrá a subasta es un departamento ubicado en una torre de Puerto Madero que fue decomisado al marplatense Todisco, quien junto a su exmujer Elizabeth Ortíz Municoy figuró a nombre de sociedades offshore que Muñoz utilizó para lavar dinero, tal como reveló este medio con los Panama Papers.

La propiedad que irá a subasta está sobre la calle Julieta Lanteri al 1331 tiene casi 100 m2 y cuenta con un estar principal con balcón hacia el parque Micaela Bastidas y una cocina integrada y un baño toilette. Hacia el contrafrente se ubica el baño principal y el dormitorio, con una terraza. La unidad tiene además baulera y cochera, en un edificio de lujo que cuenta con seguridad y amenities.

El departamento salió a subasta en dos ocasiones a fines del año pasado, pero quedó vacante por la falta de oferentes. Fue recientemente retasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a $27.880.000 de precio base de subasta.

Por último, se espera que en las próximas semanas la AABE saque a subasta un amplio inmueble que tiene 3 departamentos, 30 cocheras y 2 oficinas y que estaban a nombre de Muñoz y el excontador de Kirchner Víctor Manzanares. Cuando las autoridades inspeccionaron el lugar detectaron que las oficinas tienen vidrios polarizados, dos cajas fuertes y la puerta del baño blindada. Se encuentra en la calle Pedro Ignacio Rivera 5763/67 (Villa Urquiza), y fue decomisado en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. Llegó a tener una tasación privada de U$S 963.000, pero ahora debe ser revaluado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Bienes decomisados

Según fuentes oficiales, la AABE posee un universo de 25 inmuebles con decomiso firme fijado por la Justicia y que ya fueron inscriptos a nombre del Estado Nacional. De esos activos, además de los tres que ingresarán a subasta, hay otros cuatro que ya están en trámite para ser enajenados o para asignarles un destino específico. Se trata de dos edificios de cocheras, una casa en Devoto y un departamento con cohera en Villa Urquiza, todos de los herederos de Muñoz.

El resto de los bienes deben pasar aún por un procedimiento más extenso. Muchos, según las fuentes oficiales, son terrenos ubicados en Santa Cruz, pero la pandemia por el coronavirus retrasó la posibilidad de localizar esos inmuebles para su efectiva administración en manos de AABE.

En operaciones de lavado de activos, la norma prevé que serán decomisados bienes de modo definitivo, sin necesidad de condena firme, cuando se haya comprobado la ilicitud de su origen, cuando el imputado no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado haya reconocido la procedencia ilícita de los bienes.

Según la ley 25.246, el producto de la venta de los bienes serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional y serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). (La Nación)

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