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Río Gallegos

Centro de Monitoreo: la Municipalidad niega información y la justicia paralizó la obra

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Pablo Grasso avanza con un edificio en zona de relleno, sin estudio de suelo, en tierras nacionales, con empresa amiga y contra la voluntad de los vecinos

Un nuevo capítulo se abrió en la polémica construcción del Centro de Monitoreo de Río Gallegos. Por decisión del titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 2 doctor Francisco Marinkovic, se paralizó la obra que comenzó a construir la actual gestión del intendente Pablo Grasso, porque el Municipio no respondió a un pedido de informes respecto al estudio de suelo, impacto ambiental y emplazamiento exacto del mismo, ya que además estaría ubicado en un lugar considerado de patrimonio histórico y cultural de la ciudad, de la provincia y de la nación. 

El Ejecutivo Comunal decidió que es la Costanera de la capital de Santa Cruz el lugar elegido para la instalación de una central de cámaras de seguridad, sin brindar mayores justificativos.

Tal lo refleja la nota de OPI del 22 de junio pasado, en principio la construcción tuvo un emplazamiento que por las quejas de los vecinos fue modificado a la ubicación actual, que también sigue siendo cuestionada.

Ahora, por la negativa de las autoridades municipales a brindar información, es que el pasado 18 de agosto, el juez Francisco Marinkovic, titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta capital, determinó paralizar la obra hasta que se remita lo requerido.

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¿Qué se le solicita a la actual Gestión? Que informe sobre estudio de suelo, evaluación del impacto ambiental y si ésta contempla el aspecto paisajístico. También, se consulta si se evaluó la zonificación, porque este Centro estaría ubicado en una zona en la que no se puede construir, declarada por ordenanza como patrimonio histórico y cultural, entre otros requerimientos.

La presentación a la que responde el fallo del Juez, la concretó el 19 de junio pasado el doctor Javier Stoessel, abogado de esta ciudad, quien fuera representante de la minoría en el Tribunal de Cuentas santacruceño. 

En diálogo con OPI, el letrado relató que, primeramente, envió a la Municipalidad de Río Gallegos una solicitud de información vinculada con el Centro de Monitoreo. “Esto fue inmediatamente después de la reunión que se hace con un grupo de vecinos de la ría donde se decide, a pedido de ellos, el traslado del mismo. Y se anuncia de modo informal que se reubicaba en la zona de la Costanera donde finaliza la calle Mendoza”.

Stoessel cuenta que el requerimiento se funda porque no hay precisiones sobre el lugar exacto del nuevo emplazamiento del Centro y porque, además, si había estudios previos, eran sobre la primera ubicación, no del lugar en el que fue reubicado

Al no tener respuesta de las autoridades de la Comuna, a mediados del mes de julio pasado, Stoessel, presentó un recurso de amparo. Pasaron los días y “la obra avanzó, se instaló el obrador y el cartel de obra”. Cuando esto último sucedió, el abogado realizó una segunda presentación. “Se denunció que no se contaba con ninguna información y se estaba avanzando con la construcción, se adjuntaron las fotos y se pidió que se suspenda el desarrollo, hasta tanto se cuente con lo requerido”, dijo.

Lugar elegido para el Centro de Monitoreo - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El Municipio se presenta en el Expediente y no contesta, no pone a disposición la información y afirma que el amparo es improcedente por cuestiones formales. 

Entonces el Juez señala que llama la atención esta resistencia a brindar datos que son necesarios y suspende, el pasado 18 de agosto, la ejecución de la obra hasta tanto se ponga a disposición la información solicitada”. Por estas horas, las autoridades municipales deben responder, ya que se vence el tiempo judicial para ello. 

Sobre el final de la entrevista con OPI, Stoessel reconoció que a su entender y al igual que muchos otros vecinos de Río Gallegos, ésta insistencia en instalar el edificio en la zona de la ría, despierta sospechas.  “Esto no fue debatido en el Concejo Deliberante, no fue desafectado el sector como patrimonio histórico y cultural y, de ser así, abre un debate social que debe dar la comunidad. Además, no hay ninguna cuestión ni criterio de necesidad en esta ubicación, ya que se puede erigir en cualquier otro lugar de la ciudad. No hay explicación razonable”, insistió el abogado. Ahora, la palabra la tiene la Gestión del intendente Grasso. La justicia provincial, espera los informes. 

¿Y la millonaria ‘Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón’?

Luis González, referente de los jubilados de YCF, presentó el pasado jueves 23 de julio una contundente nota al intendente Pablo Grasso, donde expone y recuerda distintos convenios y compromisos firmados por el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Río Gallegos y otras organizaciones, como la Universidad Tecnológica Nacional Facultad local y hasta la propia empresa YCRT, para la ‘Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, material rodante e infraestructura complementaria’, para la restauración estructural y portante del Muelle El Turbio, que comprende desde esa terminal hasta Punta Loyola y otras obras complementarias. Todo con intención de preservar el patrimonio nacional, provincial y municipal, como también propiciar el desarrollo turístico. Por ello, plantea que los terrenos donde se ubica el obrador del Centro de Monitoreo no pueden utilizarse, ya que tienen un fin anterior.

Sobre éste y otros antecedentes, dice González en la nota remitida a Grasso, que “el terreno donde se pretende materializar el Centro de Monitoreo, no sólo deviene de la propiedad de YCF y a partir de 2002 de YCRT, cuando no de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), sino que se encuentra comprendido en el mencionado proyecto de 2014”.

La controversia no sólo está referida al lugar geográfico en el que se pretende construir el edificio del Centro de Monitoreo. González también recuerda que la instalación del tren turístico en esta capital, que formaba parte del proyecto, contó con un millonario financiamiento que los actuales dirigentes santacruceños no desconocen.

Corrían tiempo de campaña electoral, en octubre de 2014, cuando   por entonces Alicia Kirchner era ministra de Desarrollo Social de la Nación y candidata a la gobernación de Santa Cruz y en esa condición participó de la presentación y puesta en marcha de la locomotora del futuro Ramal Ferro Industrial Eva Perón, en el casco turístico de la Estancia Killik Aike Sur, distante 14 kilómetros de Río Gallegos.

Y sobre ello, González indicó que “el estudio precedente tenía como objetivo empalmar la vía férrea ya tendida en la Estancia, que incluyó restauración de casco parador, puente alto nivel, anden, equipamiento, trabajos parciales por las cuales se desembolsaron montos superiores a los 200 millones de pesos”.

Por ello afirmó que “la utilización de predios destinados a una iniciativa planificada, donde se utilizaron fondos importantes, es dejar incompleta la obra mediante un cambio de objetivo, lo que implica la dilapidación de recursos dispuestos por el erario público, pasibles de configurar el delito de malversación de fondos públicos”.

Hasta la fecha, el intendente de la capital provincial, Pablo Grasso, no respondió a la nota que le envió Luis González el 23 de julio pasado. A las claras está que no sólo se cuestiona la ubicación del Centro de Monitoreo, sino también hay otra arista tan importante como esa y es saber qué sucedió con los desembolsos de ese enorme y millonario proyecto, cuya meta de máxima era reflotar entre 2016 y 2027 el Tren Turístico Bioceánico Transpatagónico. (Agencia OPI Santa Cruz)

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