A mediados de junio pasado, comenzaron a revelarse los detalles de una causa judicial de espionaje por parte de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los hechos se remontan a 2018, e incluyeron información personal y de seguimiento de la vida privada de varias personas públicas, entre quienes figuran los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon, entre otros.
En aquella oportunidad, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su rechazo y solicitó a la Justicia que investigara lo ocurrido. En especial, en relación con el espionaje ilegal contra los periodistas, ya que se vinculaba con investigaciones que estos llevaban a cabo como parte de su tarea. Recalt se desempeña en la revista Noticias, y Alconada Mon, en el diario La Nación.
Recientemente, los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide, solicitaron en la causa que se tramita en los Tribunales de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires), la indagatoria de los ex jefes de la AFI y de otros funcionarios y ex espías. Además de los periodistas, en la causa por espionaje ilegal aparecen políticos, empresarios, dirigentes sociales y líderes religiosos.
En su solicitud, los fiscales detallan pruebas de seguimiento ilegal a Recalt y Alconada Mon por parte de un grupo de agentes de la AFI, en lo que parece ser una acción vinculada con las notas e investigaciones que publicaban en sus medios. En algunos casos, el trabajo de los periodistas involucraba información sobre la propia AFI, como es el caso de las investigaciones de Recalt, mientras que en el caso del periodista de La Nación, el espionaje al parecer buscaba indagar sobre los contactos que este establecía para sus artículos sobre el caso Odebrecht y otros temas de interés público. En el detalle, se advierte que además hubo seguimientos ilegales a los periodistas Maia Jastreblansky e Iván Ruiz, también de La Nación.
En algunos casos, los seguimientos ilegales comenzaban a pocos días de que los medios publicaran los artículos e investigaciones firmados por Recalt o Alconada Mon. E incluían detalles de su vida privada, de sus relaciones personales, de sus actividades profesionales, de sus movimientos, etc. Además, les tomaron fotografías –en uno de los casos, de su domicilio y su vehículo–, los filmaron, revisaron sus perfiles de redes sociales y buscaron información privada en diversos organismos del Estado.
Ante la prueba registrada por parte de la fiscalía, Adepa espera que la Justicia esclarezca lo sucedido y que los responsables, tanto operativos como intelectuales, sean debidamente sancionados.
Por otra parte, Adepa espera que de una vez por todas se destierre este tipo de prácticas que ha atravesado a distintas administraciones del Estado, y exhorta a los poderes públicos a que garanticen que los servicios de inteligencia no vuelvan a ser utilizados para estos fines. (ADEPA/Agencia OPI Santa Cruz – socio activo)
