Por: Maia Jastreblansky
Cuando Alberto Fernández recibió, allá por febrero, el requerimiento de la Oficina Anticorrupción (OA) para que informe quiénes fueron sus clientes cuando se desempeñaba como consultor y abogado, el Presidente buscó el asesoramiento técnico de un viejo funcionario de carrera del organismo de control. Con argumentos legales, amparó su decisión personal de no brindar explicaciones ni transparentar la información.
Fernández recurrió a un actual funcionario del área de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, Maximiliano Flammá, quien fue empleado de carrera del Ministerio de Justicia durante 27 años y se desempeñó, durante el kirchnerismo y el macrismo, como coordinador de la unidad de Declaraciones Juradas de la OA, un cargo técnico.
Tal como reveló LA NACION, la OA, a cargo de Félix Crous, le solicitó a Fernández que presentara la “nómina” de aquellas personas y sociedades para las que hubiera trabajado y que fueran concesionarias o proveedoras del Estado. Pero el Presidente respondió, de forma inédita, que no incumplió ninguna normativa que lo obligara a suministrar esa información.
Fuentes al tanto del análisis que, puertas adentro, hizo Fernández del pedido de la OA, justificaron: “El Presidente, por tener un cargo electivo, ni siquiera está obligado a informar antecedentes laborales en la declaración jurada. Sin embargo, como el formulario es el mismo para todos, él informó sobre su ejercicio como abogado”. Señalaron que “el pedido de la nómina de clientes avanzó sobre lo que dice norma” y que “fue mucho más allá”. Y agregaron que en el caso de los abogados “el código de ética de la colegiatura habla del secreto profesional” con sus clientes.
El requerimiento de la OA -que fue motivado por un pedido de la Coalición Cívica- había hecho una interpretación amplia de la normativa para reforzar los resortes de los controles y fortalecer la prevención, sin que se hubiera verificado un conflicto de interés.
La pregunta de la OA abrió una instancia formal para que Fernández despejara dudas sobre su ejercicio previo a asumir, por ejemplo, por los presuntos servicios que brindó a una de las empresas de Cristóbal López o por el vínculo profesional que, según dijo, tuvo en el pasado con la española Repsol.
Sin embargo, tras asesorarse legalmente, Fernández optó por no responder. “Esto no implica que no haya un autocontrol. El Presidente hoy se tiene que abstener de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años. Es un correlato del deber de excusación que tiene un juez. Se abstiene cuando se presenta la situación concreta, pero no por eso debe revelar sus clientes”, señalaron desde el entorno del Presidente.
El tema, tanto para el Gobierno como para la OA, está cerrado. “Quizás haya que perfeccionar la ley y buscar mejores mecanismos de control”, se limitaron a decir las fuentes oficiales, aunque no hay proyectos en marcha en esta materia.
“Hizo lo que debía”
Fernández tampoco aceptó, como le recomendó Crous, tomarse licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, ni renunciar a una firma en la que figura como presidente, Inmueble Callao 1960 SA.
“El Presidente debe tener dedicación exclusiva, entendiendo esto como la prohibición de ejercer tareas que lo sustraigan de sus obligaciones. Pero la docencia en otros poderes del Estado se considera provechosa. Está fuera del reproche como una acumulación de funciones indebidas. Y además, en este caso, no le demanda tiempo”, señalaron cerca del Presidente. Sin embargo, fue por este debate que Fernández optó por renunciar a los honorarios de la UBA de forma retroactiva a diciembre.
Respecto a Inmueble Callao 1960 SA (una sociedad que controla el inmueble donde estaba la consultora de Fernández), la justificación fue que se trata de una empresa sin operaciones.
Desde el Gobierno consideraron que el intercambio con Crous demostró “el carácter independiente que se le quiso dar a la OA” y recordaron que, en esa misma línea, cuando Crous definió que el organismo se retirara de algunas de las querellas en causas contra Cristina Kirchner, en la Casa Rosada se enteraron “por los diarios”.
“Solo fue a la Casa Rosada cuando se le ofreció el cargo y después trabajó de forma independiente”, aseguraron. Crous y Fernández se conocieron en un set televisivo del canal C5N. Coincidieron en un programa político y la charla se extendió hasta la madrugada en la vereda.
En la Casa Rosada no cuestionaron el accionar de Crous, ni hicieron lecturas políticas. “Él hizo lo que consideró que debía hacer y nosotros también”, replicaron. Funcionario judicial de larga trayectoria, Crous es miembro fundador de la agrupación cercana al kirchnerismo Justicia Legítima. (La Nación)
