Por: Víctor García
En un nuevo espiral de violencia cuyo trasfondo es la lucha de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras ancestrales y en medio de una problemática con múltiples aristas, la tensión nuevamente aumentó en el sur de Chile tras una serie de ataques incendiarios a predios y cabañas realizados durante los últimos días en la provincia de Arauco, a más de 600 kilómetros al sur de Santiago.
La radicalización del conflicto sumó nuevos incidentes en las regiones de La Araucanía, Bío Bío y Los Lagos, la denominada “zona roja” del conflicto mapuche y donde se han producido numerosos atentados a camiones e instalaciones forestales. El viernes, además, cuatro cabañas de veraneo a orillas del Lago Lanalhue fueron quemadas, en una jornada en la que también se registraron otros tres ataques incendiarios en ese sector.
En paralelo, las movilizaciones de las comunidades mapuches se intensificaron durante las últimas semanas y las reivindicaciones se levantaron a través de distintas acciones. Hubo ocupación de alcaldías con violentos desalojos a manos de civiles, enfrentamientos con la policía y marchas de los propios comuneros elevando sus históricos reclamos: devolución de sus territorios ancestrales, reconocimiento constitucional y denuncia sobre los atropellos del Estado chileno.
A eso se sumaron las protestas derivadas de la huelga de hambre que actualmente realizan 26 comuneros mapuches, presos en cárceles de las ciudades de Angol, Temuco y Lebu, y quienes ya llevan 118 días en ayuno. Los detenidos exigen el establecimiento de una mesa de trabajo para implementar la aplicación efectiva del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – suscrito por Chile-, y que otorga condiciones especiales a los pueblos originarios.
De igual modo, el clima de creciente violencia en la zona motivó a diversos gremios de camioneros a paralizar sus faenas durante la semana y a bloquear parcialmente las rutas, en respuesta a una serie de ataques a sus vehículos en las últimas semanas, principalmente, en la región de la Araucanía.
“Tenemos un problema grande, la solución no es fácil, es de múltiple naturaleza y estamos haciendo lo mejor que podemos [.] Todos los presidentes lo han querido resolver y yo también”, dijo Sebastián Piñera al abordar la escalada de violencia. “Las víctimas de la Araucanía también quieren paz, lo que ellos piden es algo muy legítimo”, añadió el mandatario.
Durante décadas, el conflicto ha transitado por distintas fases y las autoridades han sido incapaces de encauzar el problema, con soluciones que han ido desde la militarización de la zona hasta una política de tierras a cambio de paz social que terminó siendo errónea.
“El Estado de Chile ha generado una serie de promesas incumplidas, que finalmente terminan en desconfianza y en una relación de conflicto. En Chile no existe reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, no existe el estatus de pueblo, sino que la ley habla de etnias, y tampoco hay escaños reservados en el Congreso. Y sigue habiendo elementos en disputa que no son resueltos, como la tierra. Entonces, estos hechos se hacen cada vez más complejos de resolver y porque además el Estado aborda el problema como un tema de seguridad, y este conflicto es mucho más estructural”, manifestó la académica mapuche Verónica Figueroa Huencho, postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y profesora en la Universidad de Chile.
Según la última encuesta de la empresa Cadem del mes de agosto, el 93% está de acuerdo con que el pueblo mapuche sea reconocido en la Constitución, mientras que un 76% considera que es discriminado por la sociedad chilena. Igualmente, un 75% opina que se le deben devolver sus tierras y territorios ancestrales.
Los enfrentamientos, asimismo, han provocado la muerte de agricultores, policías y comuneros mapuches durante décadas. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2018 cuando el joven Camilo Catrillanca fue asesinado de un tiro por la espalda en medio de un irregular operativo policial y cuyo caso se transformó en un símbolo de las protestas.
“Hay mucha intransigencia del Estado para dar solución a las demandas expresadas por el pueblo mapuche, pues no ha tomado en cuenta el petitorio construido hace varios años, lo que entorpece avanzar en algún diálogo entre Estado y pueblo. La solución es atender las demandas e implementarlas, además de sentarse a discutir sobre autonomía y reconocimiento indígena”, afirmó a LA NACIÓN, Máximo Quitral, historiador y analista político de la Universidad UTEM.
De momento, y en medio del aumento de protestas ante su situación, los comuneros en ayuno ya iniciaron una huelga de hambre seca y uno de ellos fue trasladado al hospital de la ciudad de Lebu después de sufrir una descompensación. El gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó de “intransigente” la posición de los mapuches movilizados. “Quieren beneficios o libertades que solo la justicia puede entregar, y que ha denegado por las razones que ésta ha estimado pertinentes”, señaló la autoridad.
El gobierno cede
En ese sentido, la huelga de hambre se volvió a utilizar como medida de presión y durante agosto el caso del machi Celestino Córdova puso contra las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera.
Condenado a 18 años de presidio efectivo por su participación en el incendio en el que murió calcinado el matrimonio Luchsinger-Mackay la madrugada del 4 de enero de 2013, en Vilcún, en la Región de la Araucanía, el líder espiritual, solicitó – al igual que los comuneros que actualmente están en huelga de hambre- al gobierno purgar su pena de presidio bajo lo que establece el convenio 169 de la OIT.
Tras 107 días de ayuno, una dura negociación con las autoridades y una escalada de violencia en la zona, el gobierno celebró un acuerdo con el machi que contempló ocho puntos, y que estableció la autorización para que Córdova pudiera visitar su rewe (lugar sagrado mapuche) por un plazo de 30 horas.
Además, se anunció el establecimiento de “módulos especiales para pueblos originarios” en algunas cárceles y que se comprometió el traslado del machi a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) una vez que su condición sea estable. (La Nación)