Las cadenas del interior dicen que no pueden admitir las subas que aplican los proveedores porque temen ser clausuradas.
Por: Natalia Muscatelli
Los precios máximos para el consumo masivo dispuestos por la secretaría de Comercio, volvieron a tensar las relaciones entre los comerciantes y sus proveedores. Primero fueron los autoservicios chinos, quienes denunciaron recibir mercaderia con sobreprecios, luego fueron los almacenes y ahora, las cadenas regionales de supermercados aseguran estar sufriendo un proceso de desabastecimiento debido a este tema. Por eso, requieren que intervenga el Gobierno.
“Cada vez son más los proveedores que están modificando sus listas de precios por encima de lo autorizado por la secretaria de Comercio, señala Victor Palpacelli, presidente de la Federación de Supermercados Argentinos (FASA). Se refiere a que los comerciantes reciben productos con aumentos del 10%, en algunos casos, cuando -tras haber estado congelados desde el 6 de marzo- las subas autorizadas de los precios por Comercio promedió el 4,5%.
“Estamos en una disyuntiva, porque debemos ajustarnos a la resolución que establece esos precios máximos pero los proveedores al pretender un precio mayor, nos exponen a una posible clausura. Por otro lado, si no aceptamos los precios dispuestos por el proveedor, no entregan los productos o los entregan cuotificados. Por eso, ya se ve que está faltando aceite, harina y distintos productos de consumo masivo”, contó el dirigente.
En un comunicado, las cadenas regionales señalaron: “rechazamos ser la variable de ajuste de la industria proveedora, cuando pretende aplicar aumentos de precios no autorizados por las autoridades nacionales, o cuando modifican las condiciones de venta eliminando bonificaciones y/o descuentos, o cuando tratan de aplicar cargos adicionales por costos que siempre estuvieron contemplados en el precio final de los productos, como es el caso de los costos logísticos”.
“Hemos denunciado reiteradamente estas actitudes a las autoridades nacionales, porque además de no respetar lo establecido por la reglamentación vigente, en muchos casos son claramente discriminatorias hacia nuestros asociados de todo el país. Las condiciones de venta que se quiere imponer a los supermercados PyMEs no son las mismas que se aplican a las grandes cadenas extranjeras y/o nacionales”, señalaron.
Según el sector, la situación es muy grave porque tienen los precios de venta congelados mientras que los costos operativos subieron producto de diversos protocolos introducidos por la cuarentena del COVID 19, con horarios de atención reducidos, licenciamiento del personal con riesgos sanitarios y petitorios de incrementos de haberes del gremio mercantil.
“Solo se han traslado a precios los incrementos autorizados por la Disposición de la Secretaria de Comercio Interior Nº 13 / 2020, en diversas categorías de productos”, según el comunicado. Sin embargo, en muchos casos, los sobreprecios que plantean los proveedores son aceptados por los comerciantes y trasladados a los consumidores. Esta situación complica aún más las ventas en un contexto en el que el consumo está retraído. Según las cifras que maneja FASA, en agosto, la caída promedió el 8% en unidades respecto del mismo mes del año anterior.
“Lo peor, según Palpacelli, es que también hubo un cambio en el mix de productos vendidos: la gente consume lo básico, harina, azucar, yerba y segundas marcas, que son productos de baja rentabilidad para los comercios. “Solo pretendemos que se respeten los márgenes operativos anteriores a la cuarentena COVID 19, de no ser así, muchos de ellos deberán bajar sus persianas”, señaló.
Según Palpacelli, “necesitamos que la Secretaria de Comercio de la Nación imponga su autoridad de regulación y disponga las actuaciones administrativas que correspondan, dando intervención a la Subsecretaria de Defensa de la Competencia, de Políticas para el mercado interno”, resumió. (Clarín)
