El juez de Lomas de Zamora rechazó el traslado a Comodoro Py de la causa de espionaje ilegal al Instituto Patria y a Cristina Kirchner

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Cristina Kirchner, citada como testigo en una causa por presunto espionaje ilegal - Foto: Telam

Juan Pablo Augé rechazó el pedido de inhibitoria y elevó el fallo para que resuelva la Cámara Federal de La Plata. Además indagó al exagente de la AFI Leandro Araque, acusado de 18 casos de espionaje a políticos, periodistas y gremialistas.

Por: Alejandro Alfie

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazo el traslado a Comodoro Py de la causa de espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner, que dispuso la Cámara Federal porteña. Y resolvió elevar su fallo judicial para que resuelva la cuestión de competencia la Cámara Federal de La Plata.

El juez Augé sostuvo que esta causa de espionaje ilegal al Instituto Patria y a Cristina Kirchner tuvo “epicentro” en una causa judicial radicada en Lomas de Zamora. Y “se encuentra acumulada a la principal”, de espionaje a varios dirigentes políticos, periodistas y gremialistas, “encontrándose enlazadas las pruebas de ambas. Lo cual, en principio, no permitiría desmembrarlas sin causar un perjuicio procesal a la partes, especialmente a los imputados, violando el principio básico de la debida defensa en juicio, entre otros”, sostuvo el juez Augé.

En su fallo, el juez también señaló que la fiscal Cecilia Incardona “refirió que hay una evidente interjurisdiccionalidad de las conductas que se investigan debido a que la organización operó en distintos ámbitos territoriales”, no sólo en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, mencionó a Lomas de Zamora, los penales de Ezeiza, Marcos Paz y La Plata, así como Villa Martelli, donde estaba la “sede de la Dirección de Contrainteligencia” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En caso que la Cámara Federal de La Plata respalde la posición del juez Augé, terminaría resolviendo la Cámara de Casación Penal, ya que la Cámara Federal porteña dispuso que esta causa la tramite en Comodoro Py la jueza María Eugenia Capuchetti.

Esta causa judicial se inició por una denuncia de la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, ante el juez Federico Villena, en Lomas de Zamora. Pero luego se derivó al juez Augé, porque justamente había sido Villena quien había autorizado tareas a la AFI sobre el Instituto Patria.

Los ex titulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani consideran que estos hechos ya fueron juzgados en Comodoro Py, por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el año 2018, quien resolvió sus sobreseimientos por inexistencia de delito.

Por eso, Arribas solicitó que la causa se tramite otra vez en Comodoro Py, con los nuevos elementos que se incorporaron en la causa judicial, ya que la AFI tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y, a su entender, los hechos ocurrieron en esta misma ciudad.

A principios del mes pasado, el juez Augé procesó a Arribas y Majdalani, por espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner. También les trabó embargos por $2 millones a cada uno, así como procesó al ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, y embargó sus bienes por $700.000.

Además el juez Augé les prohibió a los tres procesados salir del país; mientras que ya estaba previamente procesado el ex jefe de Operaciones Especiales de Contrainteligencia de la AFI, Alan Ruiz, que era quien coordinaba los operativos.

A su vez, el viernes pasado el juez Augé arrancó la serie de indagatorias en la “causa principal”, por espionaje a políticos, periodistas y gremialistas, que es conexa con la del Instituto Patria. Primero declaró el ex espía de la AFI, Facundo Melo.

Este lunes declaró otro exagente de la AFI, Leandro Araque, quien se negó a responder preguntas sobre su participación en 18 casos de espionaje ilegal, durante el año 2018. Araque sostuvo que “es una causa armada”. Y dijo “desconocer ese teléfono y todo el material que haya surgido de ahí”.

El exespía Araque cuestionó el origen de la causa judicial, que derivó en el secuestro de su teléfono celular, donde se encontraron numerosas pruebas que lo incriminan a él y a otras 23 personas, incluidos Arribas y Majdalani, además de la entonces coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y el secretario personal de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Es que el exespía Araque participaba de todos los grupos de Whatsapp con los que se comunicaban para intercambiar mensajes de texto, audios, fotos, videos y documentos que están incorporados en la causa, con actividades ilegales sobre la diputada Graciela Camaño y su esposo Luis Barrionuevo, a quienes apodaban “Ramona y Durazno”.

Según el abundante material que consta en la causa judicial también habrían espiado y seguido los movimientos de los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Nicolás Massot y Emilio Monzó; de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; del jefe y el vicejefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli; de los gremialistas Hugo y Pablo Moyano; de la hermana del entonces Presidente, Florencia Macri, y su pareja Salvatore Pica; y de los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt, entre otros. (Clarín)

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