Por: Fabián López
Tras la polémica desatada por la elección del juez federal Daniel Bejas, cercano al gobernador Juan Manzur, para cubrir un cargo vacante en la estratégica Cámara Electoral Nacional, el criterio del presidente Alberto Fernández a la hora de definir los nombres de futuros integrantes de la Justicia vuelve a estar en tela de juicio.
La abogada tucumana Vanessa Lucero presentó un recurso de amparo contra la decisión del jefe de Estado de desechar su nombre como principal candidata a encabezar la Defensoría Pública Oficial (DPO) ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, por considerar la medida “arbitraria” y “contra los derechos de paridad de género”. Pese a que Lucero ocupaba el primer lugar en la terna, Fernández se inclinó por el abogado porteño Mariano Gabriel Galletta, cercano al kirchnerismo, quien sacó el peor puntaje de los tres candidatos (el segundo lugar en la terna lo ocupaba otra mujer: Natalia Castro).
Con criterio similar, la semana el Presidente optó por Bejas, último en orden de mérito de la nómina que completaban la secretaria de la Cámara Electoral, Alejandra Lázzaro (sacó el mayor puntaje); el actual secretario de Actuación Judicial de la Cámara Electoral, Hernán Gonçalves Figueiredo; y Alejandro Ángel Elgassi.
Tanto Lázzaro como Lucero habían sido las elegidas por el expresidente Mauricio Macri cuando en 2019 solicitó al Senado de la Nación que preste acuerdo para su designación en los Tribunales Federales tucumanos. Los hechos demuestran que Fernández no está dispuesto a respetar las opciones de su antecesor, aunque ello implique dejar de lado el orden de mérito determinado por los concursos judiciales.
Perspectiva de género
Frente a esta situación, Lucero presentó un amparo ante el Juzgado Federal de turno en Tucumán y solicitó el dictado de medida cautelar para que se suspenda el tratamiento del pliego de Galletta en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Además, reclamó que se exhorte al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado de la Nación “a revaluar con perspectiva de género el análisis de los pliegos correspondientes a la terna del Concurso MPD N° 156 para la Defensoría Pública Oficial (DPO) ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán”.
En ese concurso, realizado en diciembre de 2018, Lucero obtuvo el primer lugar con un puntaje de 133,75. Segunda quedó la abogada Natalia Castro, quien consiguió 131,5 puntos; mientras que Galletta, el hombre elegido por el presidente, quedó último con 106 puntos.
En su escrito, al que LA NACION tuvo acceso, Lucero calificó de “arbitraria” la elección del último en el orden de mérito por parte del Jefe de Estado. Y apuntó que “la decisión no ha contemplado los imperativos convencionales en materia de paridad de género en el acceso a los cargos públicos, en tanto con la designación propuesta consolida la hegemonía masculina en la Defensoría Federal de Tucumán y, por lo tanto, resulta violatoria de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer”.
Además, advirtió que Fernández “se ha apartado del orden de mérito sin expresar razones de tal decisión, elevando el pliego de quien resultara tercero en la terna, a 27,75 puntos de la mujer que se encontraba en el primer lugar, contrariando los criterios constitucionales de razonabilidad de los actos de gobierno”.
Lucero también planteó que la elevación del pliego del abogado porteño Galetta “genera una situación de absoluta disparidad de género en la defensa pública federal en Tucumán”. Y recordó que las otras tres defensorías oficiales en los Tribunales Federales tucumanos ya son ocupadas por hombres. “Ello no sería cuestionable si no existiera la posibilidad del nombramiento de una mujer, por no haber pasado las instancias de selección de magistrados para integrar las correspondientes ternas; es decir, si no existiera ninguna mujer en la terna a disposición del Poder Ejecutivo”, advirtió la letrada tucumana.
Por las razones expuestas, Lucero calificó lo actuado por el presidente Fernández como “arbitrario y contrario a los parámetros internacionales en materia de igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.
Lucero también pidió la recusación de Bejas para atender en esta causa, teniendo en cuenta sus vínculos con el PJ tucumano y su cercanía con el gobernador Manzur. “Esta circunstancia pública y manifiesta configura un elemento externo y objetivo que me permite presumir que V.S. (Bejas) carecerá de objetividad”, argumentó la abogada en su escrito.
El juez militante Bejas
Como informó LA NACION, antes de ser designado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner como titular del Juzgado Federal 1 de Tucumán, Bejas fue apoderado del PJ local y se desempeñó como abogado del consorcio de empresas del exgobernador José Alperovich y de su esposa, la exdiputada Beatriz Rojkés.
En su rol de magistrado, en 2014 Bejas sobreseyó al entonces ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, sin siquiera solicitarle que presente documentación que justifique su fuerte crecimiento patrimonial (era uno de los funcionarios más ricos del gabinete de Cristina Kirchner). El propio Manzur habría encarado gestiones ante la Casa Rosada para que el presidente Fernández elija a Bejas para la Cámara Electoral Nacional. Estos antecedentes generan inquietud en la oposición local, desde donde señalan a Bejas como “un juez militante”.
Por otro lado, Bejas fue criticado por su desempeño en la tramitación de la causa contra el exjefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani por la desaparición y asesinato del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, en 1976. Pese a los numerosos requerimientos de la familia Ledo y del fiscal del caso, Carlos Brito, Bejas se negó sistemáticamente a citar a indagatoria a Milani mientras tuvo el caso en sus manos, entre 2010 y 2016, tiempo durante el cual el expediente estuvo prácticamente paralizado. Finalmente, Milani fue absuelto en el juicio realizado en 2019 en esta provincia. (La Nación)
