(OPI TdF) – Otro bochornoso hecho salió a la luz en Tierra del Fuego, es así que en la jornada de ayer se conoció la información que da cuenta acerca de la investigación que deberá realizarse hacia el juez de Instrucción Raúl Sahade, quien mantuvo un intercambio de mensajes con la abogada María Angélica Naveas Lagos en los que la letrada le solicitaba la agilización de algunas causas de su juzgado, admitiendo además una “deuda”. Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, determinaron este lunes, que sea el Consejo de la Magistratura quien resuelva la conducta de Sahade.
De confirmarse esto, al Poder Judicial de Tierra del Fuego solo le queda dar una explicación. O se sanciona rápida y ejemplarmente, o se asume una nueva regla. La protección de lo ilícito, la posible compra venta de decisiones judiciales, es uno de los peldaños más altos de la corrupción institucionalizada.
No es la primera vez que miembros de la Justicia local deben dar cuenta de hechos graves cometidos en sus funciones, solo recordemos al ex juez Héctor Daniel Ochoa, denunciado por derivar casos a su propio estudio de Buenos Aires o al defensor público Juan Carlos Assan, acusado de haberle cobrado honorarios a un defendido.
La novedad está en la gravedad. Nunca se había ventilado un caso de corrupción tan documentado y de una gravedad institucional inaudita.
No es casual que el mayor caso de abuso sexual de la provincia, tal el que involucra al gobernador Melella, se encuentre en manos de quien ahora se posa una sospecha de acciones de igual tenor, conlleva una gravedad difícil de explicar.
La investigación del abuso sexual coactivo que se imputa a Melella en manos de quién lo vincula las supuestas escuchas por el deslizamiento de tangas, y no por sus argumentos, termina por sintetizar toda una etapa.
Una joyita de situación, digna de la triste historia del Poder Judicial fueguino. Según surge de una pericia telefónica, el magistrado podría haber cobrado dinero para dictar fallos.
“Las comunicaciones allí plasmadas darían cuenta de presuntas conductas que al menos podrían resultar contrapuestas con la ética de un magistrado de este Poder Judicial, corresponde disponer la extracción de copias certificadas de los autos principales y remitirlas a conocimiento del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, mediante oficio de estilo” tal como entendió la Cámara.
En este contexto, el Superior Tribunal de Justicia resolvió enviar las actuaciones al Consejo de la Magistratura, para que analicen la conducta del magistrado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
