La Oficina Anticorrupción disolvió su oficina de Litigios y ya no intervendrá en las causas contra funcionarios y exfuncionarios

Por: Paz Rodríguez Niell

Según publica La Nación La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos. Así lo dispuso su titular, Félix Crous, que firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.

Durante el macrismo, la OA, encabezada por Laura Alonso, había tenido un papel muy activo como acusadora en las causas que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py contra exfuncionarios del kirchnerismo. Desde que asumió su cargo, Crous anunció que planeaba darle otro perfil al organismo, concentrado en “el rol preventivo”, para “generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran”. Sostuvo que esa es la misión central que la ley le asigna a la OA y que la OCDE, en un análisis de la situación argentina, le recomendó profundizar. En mayo pasado, el organismo dio un primer paso muy simbólico: abandonó su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera.

Esta mañana, Crous dijo que está “reperfilando” a la OA “de acuerdo con lo planificado” desde que asumió el cargo. “Es mi mirada y es lo que hablé con el Presidente”, afirmó, en una conferencia organizada por el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, en la que explicó que está tratando de convertir a la OA en “un motor de políticas públicas, dejando paulatinamente el rol de litigio”.

En su resolución de hoy, Crous sostuvo que el Ministerio Público Fiscal -con su organismo específico de persecución de la corrupción, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- es quien debe oficiar de acusador en las causas penales y que es “redundante” que lo haga también la OA. Con esos argumentos, hoy disolvió la de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico.

“Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, afirmó Crous en su resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Crous sostuvo además que “la oficina ha asumido el rol de querellante en numerosos juicios, a los cuales se han afectado la mayoría de los abogados de la dependencia” y que “debe afrontar su cometido específico en el trazado e implementación de políticas públicas en el marco y con las limitaciones presupuestarias que impone la situación general de los recursos públicos”.

Tras exponer sus argumentos, Crous afirmó: “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter”. Dispuso que para “contribuir al orden de la litis”, las renuncias no se harán todas de inmediato. En los juicios que están en pleno juicio oral, por ejemplo, el desistimiento se efectivizará “cuando culmine la recepción de la prueba propuesta” por la OA.

En la misma resolución, Crous ordenó poner “a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación los antecedentes [que tiene la oficina] relativos a esos procesos” el los que la OA ya no intervendrá. (La Nación)