En medio de la crisis, la AFI incorporó 350 agentes y consiguió 1.000 millones extra de Presupuesto

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Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, la principal candidata a liderar la intervención de la AFI

Según publica Clarín Lo reveló Cristina Caamaño en un informe en el Congreso. Se despegó de la filtración de la identidad de más de 2.000 agentes.

Por: Daniel Santoro

En su primer informe de ante el Congreso, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, reveló que el organismo está investigando el lavado de dinero a través del comercio de granos, maderas y de vinos como eventual fuente de financiamiento del terrorismo. Además, aseguró que siguen de cerca al narcotráfico en la hidrovía Rosario-Paraguay y sobre el final dejó un dato que contrastó con las promesas de ajuste en los gastos que había realizado cuando llegó a la AFI. Confirmó que tras dar de baja a más de 500 espías, su gestión incorporó a 350 agentes. Y además, en su exposición, quedó en evidencia que el Presupuesto de la AFI consiguió unos 1.000 millones de pesos extra: pasó de 2.680 millones a 3.500 millones.

En su primer informe a la Comisión Bicameral de Inteligencia que preside el diputado ultra K Leopoldo Moreau fueron los legisladores de la oposición quienes pusieron en aprietos a la jefa de la AFI. El diputado de Juntos por el Cambio José Cano fue el que introdujo la cuestión presupuestaria. Primero, criticó a Caamaño por haber donado $70 millones de gastos reservados de la AFI para el plan de la lucha contra el hambre y luego cuestionó que el presupuesto pasó de 2.680 millones a 3.500 millones. Caamaño quedó en mandar un informe por escrito sobre el destino de los gastos.

El informe reservado de Caamaño fue hace una semana, duró más de tres horas y durante su exposición intentó deslindar responsabilidades en el escándalo de la filtración de los nombres de más de 2 mil agentes de la SIDE y de acuerdos de cooperación con otros países, tal como adelantó Clarín.

Ante una pregunta del diputado de Juntos por el Cambio, Sebastian García de Luca, la ex fiscal y miembro de “Justicia Legítima” negó que se esté investigando a los dueños de Vicentín en el marco de esas tareas de espionaje. Se trata de la empresa cerealera privada que el Gobierno intentó expropiar.

Hubo momentos tensos como cuando el diputado de Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, le preguntó cuál era opinión sobre la marcha del tratado “3+1”. Caamaño primero no supo a qué se refería. Se trata del acuerdo firmado por el ex presidente Carlos Menem para hacer inteligencia en la Triple Frontera junto con Paraguay y Brasil, más Estados Unidos. Caamaño dijo luego que se está trabajando “a media máquina” por el coronavirus y los cortes de rutas en las provincias. Cano le comentó que él había viajado sin problemas cuatro veces desde su provincia natal Tucumán a Buenos Aires.

Ante una pregunta de Cano, admitió que hasta el momento no tenía un plan de inteligencia estratégico, pero se comprometió a enviarlo en los próximos meses. Juan Carlos Marino, senador de la UCR, la chicaneó y le dijo que así como “el Gobierno no tenía plan económico, tampoco tenía plan de inteligencia”.

Caamaño también anunció que este mes, tras consultarlo con el presidente Alberto Fernández, enviará un proyecto de ley de reforma de la AFI al Congreso. La última reforma la había hecho la ex presidente Cristina Kirchner, tras el crimen del fiscal Alberto Nisman, cuando la ex SIDE pasó a llamarse AFI.

Frente a otra consulta de Cano, Caamaño respondió que las investigaciones sobre el comercio de granos, madera y vino y la Hidrovía las está haciendo sin una orden judicial. Fuentes parlamentarias destacaron que, paradójicamente, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla acusa a la ex diputada Elisa Carrió de espionaje ilegal en la causa D’Alessio por haber investigado también el narcotráfico en la Hidrovía. La interventora de la AFI contestó que desde las reformas a la ley de Inteligencia el organismo no podía ofrecerse más como auxiliar de la Justicia y que si descubrían algo se lo pasaban al Ministerio de Seguridad.

Luego pidió la palabra el ex titular de la AFI y actual senador Oscar Parrilli quien subestimó a su sucesor en el organismo Arribas porque sabía solo de fútbol y dijo que “excepto el perro Balcarce, todos fuimos víctimas del espionaje ilegal macrista”.

Entonces, la oposición volvió a la carga sobre el escándalo de la filtración del libro diario de actividades de la AFI que investiga la jueza federal María Servini de Cubría. Caamaño afirmó que “ningún” país se sintió molesto por la difusión de acuerdos de cooperación o misiones con la Argentina.

Una y otra vez dijo que “no somos responsables de la filtración”. Explicó que la documentación solicitada por los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide fueron enviadas por escrito, en un auto y con recomendación de guardar secreto. De la AFI salió 16 de julio y la filtración se produjo el 20 de septiembre pasado. A su criterio, la filtración tuvo lugar ese día cuando los fiscales subieron la documentación al sistema informático LEX 100 de la Justicia y a la que acceden 80 partes entre los abogados de las defensas y de las querellas de la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal macrista.

Dijo que no sabe “quién filtró” el documento al sitio ultra K El Destape de Jorge Navarro donde se usó, primero sin tachar los nombres de los espías, para criticar a Arribas, al ex presidente Mauricio Macri y al fiscal Carlos Stornelli. Como corresponde, la jueza Servini determinó la semana que la responsabilidad no fue de los periodistas sino de las fuentes que le dieron la documentación clasificada como secreta. Aceptó, por primera vez, que fue un “hecho grave”, que ella cumplió con “todos los resguardos para que no se filtre” y que en los próximos días nombrará a un abogado defensor en el juzgado de Servini.

Sin embargo, apuntó sin nombrarlo contra un abogado defensor macrista por la filtración y dijo que, desde el punto de vista penal, cuando ella le dio la documentación a los fiscales “salió de mi esfera de custodia”.

Entonces, el diputado K y ex director de Contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Tailhade salió en defensa de la interventora y también acusó a las defensas de ex funcionarios macristas. Además, dio el nombre -que se mantiene en secreto de sumario- de uno de los cuatro ex agentes que iniciaron la denuncia penal porque se había violado su confidencialidad y se había puesto en riesgo su vida.

Más adelante, Ritondo le preguntó si conocía informes sobre conflictividad social y económica en la provincia de Buenos Aires anteriores al 2015, es decir de la gestión de Parrilli o su antecesor, el también K “chango” Icazuriaga. Los K usan en la Justicia de Lomas de Zamora como pruebas de “espionaje ilegal” ese tipo de informes, que son parecidos incluso encontrados en el proyecto X de la Gendarmería durante la gestión de la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. Caamaño no contestó sobre informes anteriores a esa fecha pero dijo que desde que cambió la ley de Inteligencia 25.520 “no se analiza conflictividad social, salvo que pueda verse vulnerada la paz social o producirse algún ataque contra la democracia”.

Después el informe giró sobre los cambios en la estructura de la AFI, la ex SIDE ante otra pregunta de Ritondo. Informó la cantidad total de empleados del organismo al 1º de octubre es “de 1.200 agentes” frente a los 1.400 agentes que había hasta diciembre de 2019. Se fueron más de 500 agentes, de los cuales “259 se fueron por ilegítimos” por haber sido incorporados a la planta permanente unas semanas antes del cambio de gobierno. Luego, Caamaño sumó 350 agentes nuevos. Negó tener agentes “en Cromagnon o aislamiento forzado” por simpatías con el macrismo.

Ante una pregunta Ritondo si era cierto que había reincorporado a un agente jubilado conocido por el alias “Pigi” o algo así y si era el “ablandador” de agentes que iban a declarar a la fiscalía de Lomas de Zamora, contestó que se lo sumó a la “Subsecretaría de Contrainteligencia”.

Cano también preguntó si había avances en un sumario interno por la causa que involucra a la expresidenta por encubrimiento de espionaje ilegal, con el hallazgo del allanamiento en el año 2018 en su casa de El Calafate, de carpetas de la SIDE, escuchas telefónicas y otros materiales. Tampoco obtuvo una respuesta.

Caamaño dijo que convocó a todos los agregados de la AFI en el exterior y que está “rediseñando” las delegaciones del interior y que cerró varias que no especificó. Por último, reveló que se enojó cuando el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin informó a la prensa que había desarrollado una vacuna contra el coronavirus y el delegado de la AFI en Moscú “no fue capaz de levantar el teléfono el día posterior” del anuncio para avisar a Buenos Aires. (Clarín)

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