El plan económico que un grupo de empresarios le pide al Gobierno

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El ministro de economía de la nación Martín Guzmán - Foto: Telam

Según publica La Nación Cambios impositivos, ajustes de plazos, agilización de acceso a instrumentos financieros y modificación en los regímenes laborales. Estos son algunos de los ejes de un plan de 20 propuestas económicas que un conjunto de empresarios, economistas, exfuncionarios e intelectuales elaboraron para impulsar la reactivación.

La iniciativa está a cargo del grupo Constituya, que tiene a Eduardo Braun, Silvia Sioli de Torres Carbonell, Marcos Buscaglia y Josefina Canale, entre otros, en su consejo directivo. Definida como una “plataforma digital ciudadana”, se proponen como un espacio de “inteligencia colectiva, apartidaria, plural y federal”, que busca impulsar cambios institucionales, sociales, culturales y económicos en el país.

En ese marco, lanzaron un plan de 20 propuestas económicas y tributarias que, desde su perspectiva, generarían las condiciones para la reactivación tras la pandemia de Covid-19, que profundizó la crisis económica que experimenta el país desde abril de 2018.

Según describen en el documento “Ayudando a la reestructuración y a la supervivencia de las empresas”, la pandemia “resultó en niveles de estrés y endeudamiento empresario muy elevados”, con incremento del volumen de deuda, especialmente entre las pymes; la incertidumbre aún elevada, asociada a las restricciones a la movilidad; y la caída “brutal y prolongada” de la demanda.

El escenario, advierten en Constituya -un nombre que remite no casualmente a la Constitución Nacional- “está llevando a la quiebra y al cierre masivo de empresas, la gran mayoría, pymes”. Según estiman, podrían bajar definitivamente sus puertas 100.000 mini pymes, 4000 empresas chicas, más de 250 de compañías medianas y decenas de empresas grandes. A su vez, advierten que ese proceso podría implicar la destrucción de hasta un millón de puestos de trabajo en el país.

Plan: las 20 propuestas económicas

El plan de 20 propuestas de Constituya se basó, además de las propuestas de sus miembros, con el aporte de expertos. Entre otros, participaron del diseño el tributarista César Litvin, el economista Eduardo Levy Yeyati, Pedro Cascales, Alejandro Dillon, Roberto Fortunati y Manuel Solanet (h).

Un primer eje tiene que ver con la utilización de la factura de crédito electrónica. El plan propone reducir de 30 días a 15 días el plazo para la aceptación tácita del instrumento, y pide que sea avalada por una SGR (sociedad de garantía recíproca) y se consideren a estas facturas como instrumentos pymes, a fin de otorgarles más profundidad al mercado.

A su vez, piden que se reduzcan las exigencias a las SGR de contragarantías adicionales a pymes cuando el pagador de la FCE sea un “Gran Pagador”, de acuerdo con los registros de la AFIP, y que se brinden a las SGR mayor información de pagadores y que se permita a las firmas la posibilidad (voluntaria) de subir sus últimos tres balances financieros a la autopista de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Al mismo tiempo, se propone que se permita el descuento de facturas de crédito electrónicas en dólares, que se elimine el monto mínimo por facturas (actualmente es de $147.500) y que se habilite el débito automático. “Las grandes empresas no tienen costumbre de pagar a la Caja de Valores; hacerlo vía débito automático haría más práctico el sistema”, dicen en Constituya.

Otro capítulo se vincula con los créditos fiscales. La propuesta de Constituya pide la consolidación de todas las deudas y créditos impositivos en una única cuenta, para que cualquier crédito pueda ser utilizado para pagar o compensar compromisos pendientes, y la devolución automática de saldos a favor en el IVA.

También plantean que se permita la cesión de créditos fiscales, para que puedan ser utilizados como valor negociable en el mercado secundario; la tokenización de créditos fiscales mediante la utilización de la plataforma blockchain, a fin de estimular la adopción de nuevos participantes y la incorporación de herramientas como las billeteras digitales); y la derogación de los regímenes de recaudación anticipada de Ingresos Brutos.

“Los saldos a favor de este impuesto constituyen un activo inmovilizado para los contribuyentes que el paso del tiempo evapora y derrite quitándole a las empresas la disponibilidad para hacer frente a otros compromisos tributarios o canalizarlos en inversiones”, dice el documento.

Además, insiste en la reducción de la carga tributaria. En particular, reclama la baja en las alícuotas de Ingresos Brutos para actividades “castigadas por la pandemia” (comercio minorista, hoteles, restaurantes, bares, cine, teatros, espectáculos), la adecuación de tasas municipales a los costos de prestación de servicios y la posibilidad de cancelar obligaciones fiscales con títulos de deuda.

Paralelamente, proponen modificar el régimen de quiebras e incorporar prácticas similares a las que existen en los Estados Unidos o Brasil. En concreto, buscan estimular que se dé privilegio a nuevos acreedores que presten a firmas en convocatoria de acreedores, de forma tal de que puedan conseguir financiamiento y así evitar la quiebra, y actualizar el esquema para permitir “permitir la actualización de quebrantos acumulados desde el ejercicio fiscal de origen hasta el período de liquidación”.

En cuanto al IVA, piden que este impuesto no alcance a las quitas sobre deudas por acuerdos con acreedores.

El último capítulo tiene que ver con el marco laboral. “La legislación está llevando a la quiebra de muchas empresas que se encuentran con fuertes e inciertas caídas en sus ventas. Si no se corrige conducirá finalmente a una mayor reducción del empleo”, advierte el documento.

El grupo Constituya pide que se contemple la posibilidad de “reducir sueldos” y de aplicar suspensiones o despidos mientras duren los procesos de convocatoria de acreedores o de acuerdo preventivo extrajudicial (APE), y que se elimine la doble indemnización. “La apertura del concurso preventivo dejará sin efecto la aplicación de los convenios colectivos vigentes por el plazo de 3 años o el de cumplimiento del acuerdo preventivo, el que fuere menor”, concluyen. (La Nación)

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