Por: Maia Jastreblansky
Según publica La Nación El Gobierno gastó más de 17 millones de pesos en encuestas y sondeos de opinión pública en los últimos cuatro meses de pandemia para relevar datos sobre el impacto del coronavirus, pero también para conocer la percepción de la marcha de la gestión, la imagen de los funcionarios y el nivel de aceptación de otros temas, como la reforma judicial y la legalización del aborto. Así surge de las contrataciones que hizo la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana” que creó la gestión de Alberto Fernández en febrero, a dos meses de asumir.
De acuerdo a un pedido de información pública que cursó LA NACION, la Casa Rosada encargó cinco estudios a distintas consultoras y encuestadoras, siempre a través de “contrataciones directas por especialidad”, que partieron de los 350.000 pesos y alcanzaron los seis millones a un único proveedor. En total, se erogaron $17.474.924, sin licitación.
El Gobierno firmó en octubre un contrato con Aresco, la consultora del reconocido consultor político del peronismo Julio Aurelio, que falleció a principios de este año. El contrato, por seis millones de pesos, prevé la utilización de la metodología “Aresco Instant Research” que, de acuerdo a los pliegos, se trata de “un software único” de encuestas telefónicas con “análisis en tiempo real”.
Entre otros puntos, las entrevistas telefónicas apuntaron a relevar “fortalezas y debilidades de la gestión y sus principales ejecutores”, al “monitoreo constante de demandas de la población” y a detectar “los desafíos de la gestión”. Los estudios comenzaron a principios de noviembre y siguen en ejecución.
Por un monto similar, $ 5.505.500, el Gobierno contrató en agosto a la firma Multimedios y Marketing SRL (del consultor Tito Bacman) para realizar encuestas cuantitativas telefónicas y 16 focus group cualitativos. La firma ya entregó los resultados de los sondeos de agosto, septiembre y octubre, que se focalizaron en varias “dimensiones”. En el ámbito de la gestión, el Gobierno quiso medir el nivel de confianza y la imagen del Gobierno y el Presidente, así como también “el conocimiento y aprobación de gestión de los ministros”. También quiso conocer la opinión pública sobre los planes y programas de la gestión nacional y las “expectativas a futuro”.
En estos sondeos se intercalaron preguntas políticas. De acuerdo con los pliegos del contrato, se indagó sobre “la intención de voto a Presidente como indicador predictivo” y la percepción de varios temas que integran la agenda de Fernández: la reforma judicial, la legalización del aborto y la “agenda no económica”. Los focus group se focalizaron en grupos “opositores”, “adherentes duros” y “adherentes críticos”.
Los contratos
En julio, en tanto, el Gobierno contrató a la agencia Trespuntozero SA, encabezada por Shila Vilker, por $ 3.889.424 para “un estudio cualitativo a nivel nacional frente a la pandemia del Covid”. Según los pliegos de la contratación, entre otros puntos, el sondeo se fijó como objetivos “evaluar la experiencia de cuarentena”, “evaluar el desempeño del Gobierno y de Alberto Fernández en el insólito contexto que impone el virus” y “dar cuenta de las expectativas sobre la economía a futuro y sobre el plan económico”. Para ese estudio se realizaron 56 focus group.
“Se utilizó la contratación directa por especialidad y exclusividad, porque el coronavirus nos exigía conocer con rapidez la comprensión de las medidas sanitarias y si la gente compartía la preocupación por la salud. Necesitábamos control sobre la eficacia de las medidas y acudimos a consultoras especializadas en los estudios que buscábamos con precios que no fueron abusivos en absoluto”, justificaron fuentes oficiales. Y agregaron que “no fueron contrataciones directas por urgencia, que tienen mayor discrecionalidad” sino que estuvieron justificadas por el contexto de la pandemia. La mayoría de las preguntas, aseguraron las fuentes oficiales, tuvieron como foco el impacto del coronavirus en la vida de la gente.
La “Unidad de Opinión Ciudadana” depende de la Jefatura de Gabinete y está comandada por Juan Martin Gené, que tiene rango y jerarquía de subsecretario dentro del organigrama que encabeza Santiago Cafiero, principal lector de los sondeos. Gené es politólogo y experto en comunicación política. Trabajó cerca del peronismo con Agustín Rossi en el Congreso y fue director de discurso de Daniel Scioli.
Qué busca averiguar el Gobierno
La “Unidad de Opinión Ciudadana” también tiene previsto contar con los servicios de Ágora Consultores SRL, si bien el contrato (por $ 1.730.000) todavía no fue formalizado. El Gobierno espera contar con encuestas nacionales de 4000 casos mensuales mediante el sistema IVR de teléfonos fijos y celulares ¿Qué espera conocer el Gobierno a través de estos sondeos? Según el contrato, “emocionalidad y estados de ánimo”, “percepción de la situación económica presente y expectativas”, “niveles de acuerdo con medidas de Gobierno” y “temas relevantes que puedan surgir repentinamente y que requieran ser indagados para la toma de decisiones al respecto”, entre otros ítems.
También focalizada en el virus, el Gobierno hizo una contratación con María Florencia Filadoro para la realización de “un estudio cuantitativo en villas, asentamientos y barrios populares del AMBA en el marco de la incidencia de la pandemia”. Fue un contrato por $350.000 realizado en agosto.
La Unidad de Opinión Ciudadana de Fernández es una continuidad de una dependencia similar que había sido creada por el exjefe de Gabinete Marcos Peña en marzo de 2018. Según informaron por escrito en esa dependencia, los sondeos encargados por el Gobierno apuntaron a “analizar las percepciones de la ciudadanía sobre la marcha de las acciones de gobierno” y a “proveer insumos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas”. (La Nación)
