La Justicia provincial dejó en firme el procesamiento de cuatro manifestantes que en la jornada del 21 de abril de 2017, se agolparon frente a la residencial oficial de Alicia Kirchner en calle Alcorta y donde se generó un disturbio por salarios atrasados, con reacción de la policía que reprimió con gases y balas de goma a los manifestantes estatales y docentes.
De esta manera resultó el procesamiento de cuatro de ellos que la Fiscalía denunció por violación de domicilio y los gremialistas son Diego Barrionuevo, Claudio Wasquín y Juan Manuel Valentín de ADOSAC, y Gabriela Ance de ATE.
Esta causa se inició en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de la Dra Rosana Suárez y posteriormente, tras la apelación planteada por los acusados, el juez de Recursos confirmó el procesamiento de las cuatro personas mencionadas y solo redujo el monto del embargo cursado por la jueza, fijándolo en 60 mil pesos para cada imputado, por decisión del Juez de Recursos de la primera circunscripción, Dr Nelson Sánchez y la Secretaria Adriana Geyer, tal como consta en el documento que se publica al pie de este informe.
El origen de este conflicto provincial, estuvo enmarcado en las denuncias públicas que hizo Cristina Fernández,quien en ese momento se encontraba adentro de la residencia junto a Alicia Kirchner y su nieta Helena. La protesta, donde la gente tiró piedras en el patio interno de la residencia, fue parte de una crónica realizada en video por la propia ex presidenta, quien se encargó de “mostrar los destrozos”, victimizarse y atacar a los medios, entre ellos TN y OPI, quienes se encargaron de cubrir los acontecimientos.
Adosac desde el secretariado general considera que es una causa armada a los fines políticos y para ello se ha usado a la Fiscalía de estado que es un brazo político de la propia gobernadora y a instancias de la ex presidente, quien sin pruebas pero ejerciendo su autoridad política en la flácida justicia provincial, logró que algunos tomaran estas medidas contra los trabajadores, como forma de aleccionar a otros, ante la presunta decisión de reclamar por sus derechos y especialmente, anular las manifestaciones públicas para exigir salarios, que en este momento están por debajo de la línea de pobreza en Santa Cruz.
En ese momento, recuerdan desde el sector docente, no solo salieron a la calle los afiliados de ADOSAC, sino toda la administración pública ante el atraso de los salarios por casi dos meses, la falta de funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales, la destrucción de la Caja de previsión, la salud y la Educación. Ésta era la consigna que había sacado la gente a la calle ese 21 de abril de hace tres años.
Estos procesamientos y su confirmación, a criterio de la dirigencia docente se enmarca en un efecto presión, que busca “mantener viva” la causa, como forma de advertir a otros sectores que de generar conflictos por reclamos sociales, correrán la misma suerte. (Agencia OPI Santa Cruz)
Triste final para los LUPINEROS que otrora se rasgaban la vestiduras y se de abrían las venas en honor al mesias reinante.
Desde el advenimiento del mesias. Caleta Olivia, Río Gallegos y el resto de Santa Cruz. Se postraron a los mocasines del Korrupto y al día de hoy sigue la estupidizacion colectiva que se extiende por toda nuestra Argentina.
Hipocresia, incoherencia, que mas da!!! Criminalizando la protesta un gobierno kirchnerista??? No es que este de acuerdo con los daños, pero si voy a estar en desacuerdo toda la vida con el doble discurso. Si es en contra mío, esta mal; si es contra el pro es criminalización de la protesta. Espero que la justicia (?) santacruceña, juzgue a los procesados con la misma vara que condenó a Varizat. Lastima que de ésta ya nada espero