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Por daños y perjuicios al patrimonio público: desestimaron la demanda que Alicia Kirchner realizó a diez jubilados

Por daños y perjuicios al patrimonio público: desestimaron la demanda que Alicia Kirchner realizó a diez jubilados

Un revés recibió el Gobierno de Alicia Kirchner por parte de la Justicia de Primera Instancia Provincial. Fue en la causa que tramitó la Fiscalía de Estado, que denunció en 2018 a un grupo de diez jubilados por ‘daños y perjuicios a los edificios públicos y móviles oficiales’ durante distintos reclamos que tuvieron lugar durante el año 2017. El magistrado interviniente, doctor Francisco Marinkovic, decidió rechazar la demanda impuesta porque “el daño fue descripto con cierta vaguedad en el escrito de demanda”, donde también se denota “una insuficiente acreditación de la autoría”. Paradójicamente, los jubilados denunciados, debieron hacerse cargo del pago del abogado, mientras que los denunciantes, la mandataria santacruceña y el fiscal Fernando Tanarro, abonarán las costas procesales a través del dinero de todos los santacruceños. 

El 2017 fue un año cargado de reclamos de la sociedad santacruceña al gobierno de Alicia Kirchner. Fueron diversos los sectores que por semanas ganaron las calles en pedido de recomposición salarial, de pago de sueldos, de mejores condiciones laborales, de denuncias de persecución, entre decenas y decenas de quejas. Y el mal llamado sector pasivo, fue uno de los grupos más movilizados en la capital provincial.

Un año después, la mandataria provincial instruyó al Fiscal de Estado, doctor Fernando Tanarro, a iniciar una demanda por daños y perjuicios por la suma de $329.400 contra diez jubilados santacruceños.

Según consta en el expediente, el doctor Daniel Manresa que patrocinó a casi todo el grupo acusado, indicó que se “trató de una persecución política, resaltando como sugerente que se hubiese elegido para demandar a diez jubilados que, en su gran mayoría, no ganaban más de $20.000 a los que les costaría o les sería imposible afrontar el pago de lo reclamado”.

En la denuncia, la Fiscalía de Estado sostiene que los involucrados “no estuvieron acordes a la norma legal y en numerosas ocasiones avasallaron derechos de otras personas y que en numerosas oportunidades implicaron graves daños y perjuicios a los edificios públicos y móviles oficiales pertenecientes al Estado Provincial”.

Y enumera una serie de edificios gubernamentales que habrían sido dañados por los denunciados con pintadas, pegatinas, roturas de vidrios y puertas, entre otros daños.

En su defensa, esgrimieron que “reclamaban porque necesitaban cobrar” y que “el gobierno obligó a muchos jubilados a salir a las calles a reclamar lo suyo. Estaban ante un Estado provincial infractor que no cumplía sus obligaciones”, aseguraron.  

Y recordaron el contexto 2017: “El Gobierno de Santa Cruz no pagaba los sueldos, no atendía los reclamos y no cumplía las sentencias impuestas por el organismo judicial, pero que sí demandó a los jubilados cuando en el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades, reclamaban por el respecto de sus derechos”.

La causa se instruyó en el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 2, a cargo del doctor Francisco Marinkovic, quien finalmente falló rechazar la demanda impuesta por el Estado de la provincia de Santa Cruz contra Ana Villarroel, Lucila Hernández, Laura Agüero, Beatriz Genoveva Constantino, Néstor Rippa, Teresa Cristina Coronel, María Virginia Peña, Margarita Sofía Guanuco, Enrique Máximo Bavera y Agustín Pérez. 

El fundamento del juez, en conclusión, indica que se encontró “ante una causa en la que el daño fue descripto con cierta vaguedad en el escrito de demanda, no identificando en cuanto a su cualidad y circunstancias de espacio y tiempo, sumado a una insuficiente acreditación de la autoría.  En ese contexto, y siendo que la carga de la prueba en esos puntos pesa sobre quien demanda, la decisión debe inclinarse por el rechazo de la pretensión indemnizatoria promovida por el Estado santacruceño”.

Consultada por OPI por lo determinado por el magistrado, Ana Villarroel, una de las jubiladas denunciadas por el gobierno de Alicia Kirchner no ocultó su malestar y explicó: “lo contradictorio e indignante de esto, además de la denuncia propiamente dicha, es que nosotros le tuvimos que pagar al abogado para que nos represente porque fue la decisión que tomamos para defendernos. En la sentencia, el juez los condena a pagar las costas del juicio a los demandantes y eso sale del erario público. Quisiera que, así como nosotros le pagamos al abogado, sea el Fiscal de Estado o la Gobernadora los que paguen y no lo hagan con dinero de todos los santacruceños, por una demanda que tuvo como objetivo judicializar un reclamo y fue una medida arbitraria y una decisión de integrantes del Gobierno”. (Agencia OPI Santa Cruz)

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