En la última sesión ordinaria de la legislatura santacruceña, el kirchnerismo aprobó este jueves por mayoría la ley que crea el Sistema de Medios Públicos en Santa Cruz no exento de las críticas de la oposición parlamentaria por la falta de debate público del proyecto que concentró los medios públicos y eliminó la autarquía de LU85 Canal 9.
En la 16° sesión del 2020, el oficialismo obtuvo los votos necesarios para avalar un proyecto que impulsó Alicia Kirchner que concentrará en la Agencia de Medios la estructura de la AM LU 14, el canal provincial y la actual secretaría de Medios.
La iniciativa fue presentada como “un cambio de paradigma en la comunicación de Santa Cruz” pero tuvo objeciones por parte de trabajadores del canal provincial y en el debate parlamentario por parte de los diputados Daniel Roquel (UCR), Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) y José Luis Garrido (SER-Frente de Todos).
Ya le hemos asignado a este tema varias notas y en una de ellas detallado cómo y de qué manera presentaron cada uno de los diputados, sus posiciones proo y contra este organismo supra ministerial.
El debate sobre los recursos Hidrocarburíferos
Durante la sesión, los diputados que responden al dirigente de SER Santa Cruz, Claudio Vidal intentaron que se debata sobre tablas un proyecto de ley del diputado Elorrieta para anular la concesión que mantiene la petrolera SINOPEC Argentina sobre 15 áreas en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Pero el bloque oficialista se partió en la votación y no lograron los dos tercios para que sea incorporado en el temario.
Los argumentos fueron que no era recomendable dado los argumentos por parte del Instituto de Energía y la Fiscalía de Estado.
Sin embargo, se aprobaron por mayoría dos proyectos de resolución apuntando al futuro de las concesiones petroleras en la provincia.
El primero de los proyecto emplaza a la empresa Sinopec Argentina Exploration and Production INC “a presentar ante el Instituto de Energía de Santa Cruz un proyecto de inversión atinente a las 15 áreas bajo su titularidad” e intima a autorizar a alguna empresa “en la cual el Estado Provincial tenga participación mayoritaria, conforme una estructura a ser determinada de mutuo acuerdo con el Instituto de Energía y Sinopec Argentina Exploration and Production Inc, de manera que se lleven a cabo en las áreas en las cuales no esté interesada en invertir las actividades tendientes a su desarrollo y con miras al sostenimiento de los puestos de trabajos”.
El legislador de Las Heras y ex dirigente petrolero, Hernán Elorrieta señaló que “estuvimos trabajando de último momento con el Instituto de Energía y otros diputados para que se trate sobre tablas la ley nefasta 3.127 que prorrogó las concesiones a una operadora que ya había destruido Chubut. Hace un año que hablamos de esto. Nos pusimos a trabajar y espero que tengamos solución sobre el desastre que lleva adelante la operadora con un yacimiento devastado. Quieren vaciar los yacimientos porque les regalaron las áreas. Hay 6.386 pozos en funcionamiento, estos piratas tienen 1.270 pozos que no producen”.
“No sé que esperamos para trabajar en conjunto y dejar de perder regalías” aseveró.
Por su parte, Pérez Gallart sostuvo que “no comparto lo que dicen el Instituto de Energía y la Fiscalía para no avanzar en la rescisión de los contratos. Tenemos en consideración la historia de Sinopec, tenemos que hablar de las responsabilidades que hubo porque el Instituto de Energía no estuvo ajeno a esta situación de falta de control. Seguimos apostando al diálogo con una compañía que ha incumplido parte de sus compromisos”.
En tanto, Garrido argumentó que “políticamente en cuestión de hidrocarburos parece que todos los problemas conducen a Sinopec. Me llama la atención de proyectos de resolución y pedidos de informes que solicitan un cambio de políticas a esta empresa cómo nos afecta en producción, empleo, regalías, entre otros”.
El legislador se mostró sorprendido y aseveró que “me indigna que no quieran tratar sobre tablas la derogación de la concesión que fue presentado en esta Cámara y también en la proyección de la inversión de YPF nos tocan migajas para Santa Cruz. Ojalá se pueda revertir. ¿Cuál es el miedo de sacar a la empresa china de las tierras de Santa Cruz y volver a poner en valor a Fomicruz? ¿No tenemos recursos? Obvio que esta empresa piensa en irse porque tienen que llevar adelante la remediación ambiental y pozos cerrados con un gran impacto”.
En ese sentido se expresó el diputado Farías quien pidió una “política de Estado sobre el petróleo. Defenderlo es defender nuestra soberanía. Podemos pasar horas discutiendo sobre esta situación y lo que hizo y hace una operadora internacional como Sinopec. Somos dueños de nuestros recursos y definimos que hay que ponerlo al servicio de nuestros pueblos, más tarde o más temprano esa decisión la tenemos que tomar. Hay que avanzar en rescindir el contrato con esta empresa”.
En esa línea, se debatió un proyecto impulsado por el jefe de la bancada oficialista Matías Mazú que pide al Poder Ejecutivo que, en un plazo máximo de 180 días, “contados a partir del 31 de diciembre de 2020, remita a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley estableciendo un nuevo marco regulatorio de los acuerdos de concesión, sus prorrogas y causales de rescisión, para la explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz”.
La iniciativa pone los parámetros que deberá tenerse en cuenta a la hora de redactar el proyecto como el “control y fiscalización de los permisos y concesiones; Planes de inversiones a corto plazo; obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, pago de cánones y regalías; un régimen sancionatorio de multa, suspensión, caducidad y cualquier otra sanción, previsto en la Ley Nacional 17.319, su reglamentación, y en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos; Canon por yacimiento o área abandonada; Resolución de conflictos en tribunales o árbitros con jurisdicción nacional”.
“Tenemos que resolver estos temas – sentenció Mazú – y poder buscar el mejor marco regulatorio en cuanto a lo político. Hablamos con el Ejecutivo y la gobernadora no ha tenido ningún atisbo de cobardía y es responsable en su acción de gobierno”.
Por su parte, Liliana Toro le pidió que se modifique el texto porque “no podemos pedirle al Ejecutivo que haga nuestro trabajo”, Mazú se negó y se generó un debate entre legisladores del oficialismo que mostró una vez más las grietas internas frente a la presidencia del bloque del Frente de Todos.
Incluso las tensiones llegaron a que el diputado de SER, José Luis Garrido pida la presencia del jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez para que se lo convoque y de explicaciones sobre las concesiones hidrocarburíferas, pedido que fue desestimado.Finalmente, sin el voto de Toro, el proyecto se aprobó por mayoría. (Agencia OPI Santa Cruz)
