Por: Gabriela Origlia
Según publica La Nación Este lunes -cuando se descontaba el default de Córdoba porque se cumplieron los 30 días de gracia desde el pago no realizado de US$25 millones de intereses de la deuda- el gobernador Juan Schiaretti logró la reestructuración de títulos de la deuda bajo legislación extranjera. El mandatario anunció que el acuerdo con los bonistas, que recibieron cinco propuestas por parte de la provincia, implica un “ahorro” entre este año y 2029 de US$200 millones en intereses. Hay un aplanamiento de los vencimientos de deuda que empezará a amortizarse en 2023 y, además, la tasa de interés pasó de 7,23% promedio a 6,08% promedio.
“Somos la primera provincia de la Argentina que logra llevar a cabo estas negociaciones de manera exitosa sin entrar en default”, dijo Schiaretti, y enfatizó que en cuatro años se dejarán de “erogar 700 millones de dólares en concepto de capital e intereses”.
Córdoba empezó el proceso de reestructuración en septiembre pasado y el jueves de esta semana vencía el plazo para que los tenedores de títulos aceptaran la quinta propuesta. En juego estaban US$1685 millones en tres bonos, uno con vencimiento de capital en junio próximo por US$720 millones.
El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, explicó que la heterogeneidad de los acreedores complicó la negociación, que terminó de cerrarse este fin de semana cuando ya había especulaciones de que la provincia podía terminar demandada en el extranjero como Entre Ríos.
A criterio del ministro, el acuerdo está ajustado a las posibilidades de pago a futuro de la provincia y especuló con que la recuperación de la economía argentina no será rápida. El principal grupo es el Ad Hoc de Tenedores de Bonos -representa a la mitad del total- que en un comunicado consideró que la caída en default fue “una elección y no una necesidad” de la provincia. Y planteó que la negociación provincial era “de mala fe”.
Hace semanas que el grupo venía señalando que los números permitían a Córdoba mejorar las condiciones que ofrecía; las fuentes oficiales en paralelo indicaban que eran “cautelosos” porque hay un estrés importante sobre las finanzas fruto de la crisis generada por la pandemia.
Giordano enfatizó que Córdoba logró superar “este momento tan crítico sin entrar en default; en situaciones complicadas demostramos tener capacidad de respuesta. No fue una solución impuesta sino acordada y eso genera confianza”. Sostuvo que la deuda había sido tomada para un plan de inversión “inédito” en su historia.
“Es relevante para el desarrollo tener esa inversión y ese plan fue financiado más de la mitad con ahorro y el resto con deuda y eso tiene lógica porque se distribuye el esfuerzo en muchos años. Es coherente y lógico que sea así”, dijo, y agregó que nadie podía “prever una crisis de la magnitud de la actual, que no sólo es sanitaria, sino también económico-financiera, y en la que la Argentina ingresó hace más de dos años”.
LO QUE QUEDA
En su último informe, la consultora Aerarium indica que el cambio de postura de los bonistas de Entre Ríos de iniciar una demanda contra la provincia debería constituir una señal de alerta para el resto de las jurisdicciones, más teniendo en cuenta que muchos de los fondos cuentan con títulos de más de una provincia.
En este contexto, y como viene haciendo desde hace casi un año, la provincia de Buenos Aires extendió por décima primera vez el plazo de negociación al 29 de enero, sin introducir modificaciones en la oferta, ante la falta de avances en la negociación y habiéndose vencido el plazo vigente que era el 4 de este mes. De no producirse un “improbable” cambio en la estrategia financiera, no debería sorprender que en el corto plazo los acreedores opten por la vía judicial a fines de resolver el pago de los más de US$7000 millones adeudados (67% de la deuda provincial en reestructuración).
“La inflexibilidad de las autoridades de Buenos Aires permite inferir que la provincia ha tomado la decisión de no avanzar en un acuerdo con sus acreedores, de modo que el problema se terminará dirimiendo en los tribunales de New York, una vez que los bonistas decidan activar el reclamo por el pago de los servicios vencidos. Dado que estos litigios suelen durar entre 2 y 3 años, esta estrategia permitiría a la actual gestión atravesar gran parte de su mandato sin abonar sus vencimientos en moneda extranjera, ‘pateando’ el problema al gobernador entrante”, describe el informe. (La Nación)
