Por: Hernán Cappiello
Según publica La Nación El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, opinó que debe rechazarse el recurso que intentó Milagro Sala ante la Corte Suprema de Justicia para revisar una pena a dos años de prisión efectiva que le fue impuesta por amenazas. Si el máximo tribunal comparte la opinión de Casal podría dejar firme, por primera vez, una condena contra la dirigente, que cumple arresto domiciliario.
Este caso está a punto de prescribir -si no hay un fallo, podría prescribir en doce días-, por lo que está en la agenda del máximo tribunal, que dictaría sentencia la semana próxima.
En 2018, Sala fue juzgada y absuelta por el delito de amenazas. Se trató de una causa en la que llegó a juicio porque llamó por teléfono a una comisaría, que estaba haciendo un procedimiento policial contra otra dirigente social, y les dijo a los policías que la atendieron que abandonaran el operativo. Supuestamente, les dijo: “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda”.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, por mayoría, la absolvieron porque dijeron que las únicas pruebas de las amenazas eran el relato de los policías. Y otra mujer, que escuchó la charla mientras Sala hablaba, dijo que no recordaba que se hubiera expresado de manera amenazante.
La fiscalía apeló y la Casación provincial revocó la absolución de Sala y le impuso una condena de tres años y dos meses de prisión. Evaluó que el testimonio de los dos policías era creíble y a ello se sumó una anotación en un parte diario de la comisaría donde se anotó que “con palabras obscenas con insultos hacia el of. de servicio y la jefa titular de esta unidad amenazó con tomar represalias en cuanto al destino de trabajo”. Además entendieron que la mujer que dijo no recordar las amenazas era justamente allegada a Sala y quien le pidió ayuda por el procedimiento policial.
Con estos elementos, revocaron la absolución y la condenaron a tres años y dos meses de prisión por amenazas. El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que revisó el asunto y decidió imponer a Sala una condena de dos años de cárcel de cumplimiento efectivo en arresto domiciliario.
La defensa de Sala presentó un recurso extraordinario que le fue rechazado y ahora llegó a la Corte con un recurso de queja. El procurador Casal, que actúa como fiscal ante la Corte, entendió que debía rechazarse el recurso de queja porque no estaba suficientemente fundado.
Los argumentos de Sala son que la revisión de su caso no fue integral por lo que se violó su derecho de defensa; que el parte policial no había sido mencionado por la acusación en el juicio, que los principios de oralidad e inmediación de los testimonios no pueden reemplazar la evaluación de los jueces que no asistieron al proceso y que existió arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Casal rechazó todos esos argumentos. Las cuestiones de prueba no son de índole federal, sino local, expresó. En cuanto a la falta de revisión integral, defendió los puntos en los que la Casación se apoyó para dar credibilidad a los testimonios de los policías y dijo que existe una falta de fundamentación de Sala en cuanto a que el uso del parte diario policial implica una violación al derecho de defensa. Sostuvo en cambio que ese documento era parte de las pruebas admitidas en el juicio.
Con estas razones dictaminó que debe rechazarse la queja. Si los jueces de la Corte comparten su punto de vista, por primera vez quedaría firme una condena contra Sala, que además tiene varias causas abiertas por diferentes delitos.
Algunas ya cuentan con sentencia aún no firmes y otras están todavía en plena investigación. Fue acusada de haber conformado una asociación ilícita, de fraude y de agresión. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de prisión por el caso conocido como “pibes villeros”, en el que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos estatales por unos 60 millones de pesos entre 2011 y 205.
El dinero fue recibido a través de cooperativas para la construcción de viviendas sociales, que finalmente nunca se hicieron. La investigación forma parte de una “megacausa” que investiga el desfalco de 700 millones de pesos y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo exfuncionarios provinciales.
Además, la Justicia condenó a Sala a tres años de prisión por ser la instigadora de un ataque con huevos contra el gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy, en 2009. Fue también condenada a cuatro años de cárcel por el delito de “lesiones graves” contra otro dirigente social, en 2006. (La Nación)
