EL INCENDIO EN CHUBUT ESTÁ CERCA Y NO VA A SER FORESTAL, SINO POLÍTICO Y SOCIAL

(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La decisión del gobernador Mariano Arcioni de decretar la suspensión de la sentencia judicial que ordena al gobierno provincial el pago de los salarios adeudados, haciendo lugar a los Amparos interpuestos, tal como OPI informara esta mañana, va a ocasionar un nuevo incendio en Chubut y esta vez no tendrá nada que ver los bosques de la cordillera.

La decisión, tal como pudo saber esta Agencia, estuvo acordada por todo el gabinete provincial y aún sabiendo de antemano que la medida es una intromisión flagrante a un Poder del Estado, el gobernador siguió adelante con la medida involucrando a todo el gobierno por resultar una decisión conjunta, fundado en que la provincia no tiene los recursos económicos para hacer frente las demandas y básicamente, limitado por la tensa situación política que se vive con el gobierno nacional, luego de los incidentes en Lago Puelo con la visita de Alberto Fernández, tal como se desprende de las fuentes gubernamentales consultadas.

Sin duda esto traerá mucho conflicto con las partes involucradas, pues las sentencias judiciales abarca salarios atrasados de empleados públicos, docentes y personal judicial (jueces, secretarios etc), que ya tenían sentencia y por este Decreto Nº 196, Arcioni anuló.

El controvertido Decreto

Se trata del Decreto Nº 196 del 29 de marzo 2021, que se apoya en la ley VII Nº 91 y el Art 156º de la Constitución.

Entre los fundamentos que sostiene la medida tomada por Mariano Arcioni y todo su gabinete, las medida se sustenta “en la necesidad de adoptar medidas urgentes en el marco del estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial y complementarias a la Ley VII N° 91 y se apoya en la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia del Chubut que ha tornado imposible el pago en término de los haberes de la totalidad de los empleados públicos, de allí que mediante el artículo 1° del Decreto N° 1080/2019 se determinó que el pago de los haberes de los empleados públicos de la Administración Pública Central y Descentralizada, las Entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas Especiales y todo otro Ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total

o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, se hará en rangos de pago”, señala inicialmente el documento.

Luego alega que “…el sistema de pago fraccionado de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública Provincial no responde a una decisión arbitraria, sino que es la solución transitoria que se debió adoptar en la situación de crisis económica y financiera que viene arrastrando nuestra Provincia, la que se vio agravada como consecuencia de la pandemia declarada; y que ha llevado a este Gobierno Provincial a tener que fijar un sistema de pago que le permita hacer frente a las obligaciones que se le imponen con los recursos con los que cuenta y sin generar mayores daños”.

Luego indica que si bien el gobierno “no desconoce la naturaleza del salario de los trabajadores, y la importancia que el mismo tiene para los agentes y sus economías; y si estuviera a su alcance regularizar el pago de los mismos sin que ello importe menguar los recursos afectados a la prestación de servicios esenciales, que son su obligación e involucran a toda la población del territorio provincial, lo hubiera hecho”. Es decir que en este tramo deja bien en claro lo que dijimos al principio: la provincia carece de recursos.

Luego el Ejecutiv juzga sobre las sentencias y las acomoda a sus propias necesidades “…a pesar del notorio avance alcanzado con miras a la normalización total de las fechas de pago, se ha tornado cada vez más recurrente el dictado de medidas judiciales que conminan al Estado Provincial al pago de los haberes devengados y no abonados, como al pago en término de los que devenguen en el futuro”, señala y agrega “…dicha intromisión en la administración del gasto

público, no sólo pone en serio riesgo la regular prestación de servicios esenciales por los que debe velar el Estado Provincial, sino que además redunda en una marcada desigualdad para con el resto de los empleados públicos que perciben sus haberes en un pie de igualdad, de conformidad a las disponibilidades financieras”.

Luego acude al artículo 12 de la Constitución de la Provincia del Chubut  “…el cual fija un sistema equilibrado en el que cada uno de los órganos que integran el Estado deben ejercer sus atribuciones y cumplir sus obligaciones, en el que pueden actuar de manera interrelacionada pero sin que esa actividad importe exceder el ámbito constitucionalmente establecido para su propio desarrollo”, expone Arcioni, tratando de desconocer que acá no hay una intromisión de la Justicia, sino una sentencia para que el Estado pague lo que debe.

Más adelante Arcioni pretende que la justicia tenga “una mirada superadora”  “a la canalización favorable del mero reclamo que pudiera efectuar algún empleado público o grupo de empleados, debiendo proyectarse a las verdaderas consecuencias perjudiciales para la subsistencia del Estado que ocasiona el acrecentamiento de medidas judiciales de esta clase, con el consiguiente incremento de beneficiarios”; es decir, el gobernador le dice a los jueces que por sobre el derecho de la gente a cobrar salarios atrasados, debe primar la urgencia del gobierno por no tener los fondos necesarios.

Luego les dice a los jueces que el proceder de ellos pierde de vista la imposibilidad de dar cumplimento a las sentencias y que en ello va la prestación de servicios que brinda el gobierno, con lo cual, entiende, si distraen fondos para pagar estas sentencias, faltará en sectores de la salud, la educación etc. Una extraña forma de entender una sentencia judicial.

Y luego agrega: “Que en consecuencia, corresponde disponer la inmediata suspensión, hasta el vencimiento de la emergencia declarada por Ley VII N° 91, de toda medida cautelar o sentencia judicial que ordene al Estado realizar el pago de los haberes devengados y adeudados, como el pago en término de los que se devenguen en el Futuro. Asimismo, deberá ordenarse de oficio el inmediato levantamiento de toda medida cautelar en ese sentido, como la suspensión de los efectos de las sentencias recaídas en cada uno de los procesos judiciales”. En resumidas cuentas, el Ejecutivo le ordena al Judicial, cómo proceder, qué hacer y como actuar en esta circunstancia. (Agencia OPI Chubut)