Un fiscal rechaza que la AFIP sea la que controle a uno de los hoteles de Cristina Kirchner

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El hotel Alto Calafate en El Calafate Santa Cruz - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín Así lo dispuso el tribunal que decidió devolverle a la familia el manejo de Hotesur S.A. Diego Velasco argumenta que ese organismo forma parte del Gobierno, y que el control lo debería hacer la AGN.

Por: Lucía Salinas

La cuenta regresiva para que la familia Kirchner recupere los hoteles investigados por lavado de dinero y la inmobiliaria sospechada del mismo delito, está en su instancia final. El debate ahora es qué organismo controlará todo. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) indicó que debe hacerlo la AFIP, pero el fiscal Diego Velasco consideró que no correspondía por depender del mismo gobierno que integra Cristina, y sugirió que fuese la Auditoría General de la Nación (AGN), teniendo en cuenta “la expectativa del Estado ante un posible decomiso “.

Cristina, Máximo y Florencia Kirchner recuperaron el manejo de sus empresas, hoteles y la administración de 26 propiedades del Condominio. La decisión de dos jueces del TOF 5 -Daniel Obligado y Adrián Grünberg-, se hará efectiva en las próximas semanas después de concluir trámites administrativos.

Además, tras cuatro años de intervención judicial, la transición está signada por un enfrentamiento entre el abogado de la familia Kirchner y los interventores judiciales. El responsable de administrar Hotesur SA -dueña del hotel Alto Calafate-, refutó las acusaciones del defensor de la vicepresidenta, lo acusó de faltar a la verdad y detalló sendos incumplimientos de los Kirchner en el manejo del principal complejo turístico, acusado de haber sido vehículo para lavar 80 millones de pesos.

La acusación con la que se envió a Cristina Kirchner y a sus hijos a juicio oral sostiene que a través de su empresa Hotesur “recibieron dinero de Lázaro Báez”, a través del negocio hotelero “bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.

El 54% de los ingresos de Hotesur provinieron de Austral Construcciones, a través de préstamos y contrataciones, como fondos que giraba la empresa a Valle Mitre (de Báez), utilizada para administrar el hotel Alto Calafate.

Desde que quedó intervenida la empresa en 2017, después de quedar acéfala tras la falta de designación de autoridades ante la Inspección General de Justicia (IGJ) algo quedó expuesto por parte del administrador judicial: el giro comercial de Hotesur era inviable.

En la acusación de este expediente, el fiscal Gerardo Pollicita remarcó: “desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”. Y remarcó que “nunca tuvieron una finalidad comercial”, sino sólo ser utilizadas como “pantallas” para operaciones de blanqueo.

Pero el debate actual se centra en quiénes controlarán a las empresas que vuelven a mano de la ex familia presidencial, procesada por lavado de dinero. Los dos jueces del TOF 5 – la magistrada Adriana Palliotti votó en disidencia-, ordenaron devolver la administración a los Kirchner y se dispuso veedores informantes respecto de Hotesur, el Condominio, Los Sauces y el hotel Casa Patagónica Los Sauces.

El punto de discusión es el organismo designado para ejercer ese control. Los magistrados ordenaron que sea la AFIP la encargada de nombrar profesionales para cumplir esa tarea de veeduría. Para el fiscal Velasco dicha tarea debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Al momento de fundamentar el pedido, dijo que se trata de “un ente de rango constitucional, autónomo, con personería jurídica propia, independencia funcional y autarquía, especializado justamente en la función de auditar, más específico e impregnado de la imparcialidad que implica no sólo su naturaleza jurídica, sino también su integración con mayoría a cargo de la oposición, pero también con representación de otras fuerzas política”.

E representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que no debe perderse de vista que esta causa “tiene como bien jurídico principal el orden económico y financiero y así, si bien se trata de firmas que no son públicas (lo que ameritaría la designación directa de la AGN), no es menos cierto que existe de parte del Estado de una expectativa de sanción de decomiso sobre las mismas, por lo que deviene entonces clara la necesidad de contar con ese organismo y no con la AFIP”, insistió.

Puso además sobre relieve dos circunstancias que entendió que no son menores. Por un lado, “que la AFIP viene cumpliendo la función de veedora sobre la firma “Idea S.A.” (de Osvaldo Sanfelice y responsable de explotar Hotesur)” desde que se ordenó también intervenir a esa empresa, y que “en ningún momento esta Fiscalía se opuso a esa designación por entender que esa empresa no forma parte del patrimonio de los integrantes de dos de los poderes del Estado que aquí se encuentran imputados (la Vicepresidenta de la Nación y el Presidente de la bancada de la coalición oficialista de la Cámara de Diputados de la Nación), como sí ocurre con Hotesur, Los Sauces, el Condominio y Casa Patagónica Los Sauces.

Además, continuó el fiscal, “el hecho de que la AFIP resulte ser un organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Economía-), me persuade de que la independencia funcional que presenta la AGN lleve a que sea considerado como el organismo más adecuado para las veedurías dispuestas sobre las firmas aludidas”. (Clarín)

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