Según publica La Nación Debe al menos $2850 millones en impuestos, pero su solicitud está “en pleno trámite”, según el organismo recaudador, después de pagar una tasa de $3,6 millones; la pandemia juega a favor de sus tiempos.
Por: Hugo Alconada Mon
Primero Cristóbal López; ahora, Lázaro Báez. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio un paso clave para permitir que Austral Construcciones ingrese a la moratoria que impulsó el presidente Alberto Fernández y Báez pueda, así, levantar la quiebra y recuperar el control de la nave insignia de su holding.
Báez intenta avanzar con ese acuerdo con la AFIP –organismo al que le adeuda al menos $2850 millones en impuestos impagos– en el menor tiempo posible, aprovechando a su favor la suspensión de las subastas de sus estancias y otras propiedades que dispuso la Justicia a mediados de abril, ante la nueva ola de Covid-19.
En ese contexto, la AFIP le comunicó al presunto testaferro de los Kirchner que su solicitud está en pleno trámite, aunque le indicó que para avanzar hacia un avenimiento debía primero cancelar $3,6 millones correspondientes a una Tasa de Justicia que dejó sin pagar en un pleito ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
A través de uno de sus abogados, Federico Gonzalo Gil, Báez le informó a la Justicia que ya canceló esa deuda con la ayuda de “empresas” a las que no identificó, “habiendo realizado grandes gestiones para cancelar mediante pago por tercero”.
Cancelada esa deuda, la AFIP reclamó a continuación que Báez también cancele los intereses verificados sobre esa deuda en el Tribunal Fiscal. Ascendería a otros $1,3 millones, más su actualización desde la fecha en que se dictó la quiebra y hasta la fecha de pago. “De no cumplir con el presente requerimiento dentro del plazo establecido al efecto”, le notificó el organismo, “se procederá sin más al archivo de las actuaciones” por las que pidió una moratoria para Austral Construcciones.
Ante ese nuevo requerimiento de la AFIP, Báez le solicitó a la Justicia que inmovilice los fondos obtenidos de la eventual venta de propiedades y bienes en el expediente de la quiebra para, de ese modo, garantizarle al organismo el efectivo cobro de esa suma.
El pedido de Báez tropezó, sin embargo, con la respuesta a cargo de la quiebra, María José Gigy Traynor. Le contestó que su pedido resulta prematuro, ya que antes debe conseguir el consentimiento de todos los acreedores verificados en el expediente, por escrito y con firmas autenticadas por escribano. Solo entonces, de acuerdo a la ley, podrá plantear ese pedido.
Para Báez, sin embargo, las señales que recibió de la AFIP alimentan sus ilusiones de recuperar el control de Austral Construcciones y, de ese modo, también de sus activos, que incluyen propiedades en todo el país, como así también maquinaria pesada, entre otros, en línea con lo que, más adelantados, viven por estos días Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Tras superar dos intentos fallidos en los inicios de la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo, López y De Sousa obtuvieron el acuerdo de la AFIP para que Oil Combustibles ingrese a la moratoria del Gobierno y, de ese modo, alcanzar un avenimiento que les permita el levantamiento de la quiebra de la petrolera y, de un modo más amplio, recuperar el control de otras empresas del Grupo Indalo.
Tras los pasos de Cristóbal López
Ahora, Báez se ilusiona con seguir sus pasos antes de que la Justicia remate algunos de sus bienes; en particular, sus estancias en la Patagonia, como así también el predio de nueve hectáreas que compartió en condominio –al menos hasta 2018– con los Kirchner frente al Lago Argentino.
Para eso, la jueza Gigy Traynor urgió en diciembre a los síndicos a que constataran el estado de las estancias como paso previo a disponer su remate y cancelar las deudas por miles de millones de pesos que Báez arrastra con sus acreedores; entre ellos, el Estado nacional.
La jueza esperaba que una comitiva que incluía a martilleros y cerrajeros completara el relevamiento durante la primera semana de febrero, pero se concretó en marzo, poco antes de que la curva de contagios por Covid-19 volviera a ascender.
Esa misma curva ascendente de contagios le reportó una tregua a Báez. La Justicia suspendió esas subastas de inmuebles, en línea con las restricciones que dispuso el presidente Fernández en su decreto de necesidad y urgencia, “hasta que se encuentren dadas las condiciones sanitarias para la celebración segura de los actos”. Es decir, sin fecha estimada.
Ahora, y en una carrera contrarreloj con la pandemia y la Justicia, Báez busca aprovechar la oportunidad para completar los trámites por una moratoria con la AFIP. (La Nación)
