(Por: Marisa Figueroa, dirigente rural de Santiago del Estero para OPI Santa Cruz) – Vamos a escribir hoy, un tercer capítulo en esta zaga de los feudalismos provinciales de los que ya se han publicado el correspondiente a San Luis y Santa Cruz. En esta oportunidad, haremos conocer lo que pasa en Santiago del Estero en tantos años de un unicato, donde todo pasa por las manos de pocas personas y bajo la decisión personal de Zamora y la señora Abdala.
Pobreza estructural
La población de nuestra provincia no supera el millón de habitantes. Gran parte de los santiagueños reside en parajes rurales distantes de las localidades que son cabecera de Departamentos. Esas distancias se profundizan aún más por la ausencia de caminos y de un sistema de salud que contenga a los pobladores ante una emergencia o afección crónica. Durante 2020, la provincia fue noticia por los casos de Abigail y de Ambar; ambas niñas necesitaban salir de la provincia para su tratamiento. Pero lo mismo sucede con los tratamientos de hemodiálisis, donde los pacientes deben viajar tres veces por semana a la ciudad capital para poder dializarse, arriesgando su vida en el trayecto de diez horas de viaje (5 hs de ida y 5 horas de vuelta), como sucede con los habitantes de Monte Quemado, donde no existe hospital que brinde el servicio.
Según el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Santiago del Estero se encuentra en el último lugar para los indicadores de desarrollo sostenible; índice que tiene en cuenta crecimiento económico, inclusión social y la cuestión ambiental. Pero el dato más elocuente es que el 40 % de los santiagueños no tiene acceso al agua potable.
La realidad hídrica y energética es lamentable, no por carecer de recursos naturales, sino por la ausencia de inversión en infraestructura, lo que impacta directamente en la calidad de vida de miles de santiagueños que, según la relación con el Comisionado local en el mejor de los casos, recibirán agua –no potable- de un camión hídrico.
En este contexto, llegamos a los medios nacionales con la inauguración del Mega Estadio Mundialista 2030, cuyo costo parte de un piso de 76 millones de u$s de inversión (según B.O.), más los gastos ejecutados por resoluciones ministeriales de jefatura de gabinete –que no son públicos-. Esta obra faraónica se suma al Autódromo donde se realiza el Moto GP, el Campo de Golf, Hipódromo, etc., todas obras financiadas en su totalidad por la provincia.
Sistema político y electoral
Se trata de un sistema político basado en clientelismo y dadivas. En un año electoral, el aparato se pone en marcha y no se escatima en gastos. Un clásico y meticuloso andamiaje se activa en torno al control de las mesas que conformarán los comicios. En algunos parajes, se contratan autos para llevar a la gente a votar. Mientras esto sucede y para amenizar la espera, los choferes disfrutan de una buena porción de asado con su correspondiente ensalada, pan, gaseosa o vino. El votante sale y la organización le tiene preparada la bandeja con el mismo menú para llevar a modo de compensación. Días antes, se entregaron bolsones, colchones y chapas.
Suele suceder que algún distraído, al ingresar al cuarto oscuro, ha sabido colocar en la urna el sobre con el yaguareté en vez del sobre que contenía la boleta.
Son tiempos de mucho trabajo para los “especialistas en padrones”. Si, son en muchos casos asesores quienes diseñan las estrategias electorales que, por tratarse de una provincia con una gran población rural radicada en parajes distantes, deben trasladarse para “analizar” la modalidad pertinente que garantice el triunfo electoral. Aunque inminente, el triunfo se debe dar en el mismo orden para el que fuera diseñado.
Es vox populi que luego de las elecciones, Zamora cita a intendentes y comisionados para reprochar que, por ejemplo en diciembre de 2019, en una mesa de Villa Hipólita, Departamento Robles, se hayan contabilizado 42 votos para Mauricio Macri.
Estos son algunos de los artilugios que le permiten al Gobernador Gerardo Zamora no solo ir ya por su cuarto mandato en el poder, sino también garantizarle a Cristina Kirchner el 72 % de los votos en elecciones nacionales.
Relaciones carnales
En el año 2005, en un gran acto realizado en el Parque Aguirre, Néstor Kirchner y Gerardo Zamora firman el Acta de Reparación Histórica que contemplaba financiamiento para obras públicas “estratégicas” para la provincia (viales, hídricas, edificios públicos, etc.). El Estado Nacional reconoció con ello, haber “relegado durante décadas a la provincia”, según se dijo. Hubo una inversión multimillonaria. En este acto sella lo que se denominó “transversalidad”, e implicó la alineación del gobierno local al kirchnerismo. Esto se tradujo en el aporte incondicional de votos de los legisladores nacionales a las iniciativas clave para el gobierno de los Kirchner en el Congreso de la Nación.
Muchas de esas obras fueron cuestionadas por su escaza utilidad social, además de las consabidas sospechas de corrupción. El Tren al Desarrollo, el Centro de Convenciones, Isla Tara Inti, etc., son solo algunas de las obras que devinieron de la firma de aquel Acta, mientras la fuerte demanda de obras básicas de infraestructura (agua, caminos, gas, cloacas) siguen siendo relegadas hasta la actualidad.
En estos momentos, se negocia la firma de un segundo Acta de Reparación con Alberto Fernández.
El poder judicial
En los últimos años, el sistema hegemónico que rige los destinos de la provincia más pobre y postergada del país alcanzó grados de concentración del poder inéditos en la historia de Santiago del Estero, con un Ejecutivo que se las ha ingeniado para gozar de un dominio absoluto de todos los resortes institucionales de la sociedad santiagueña, cooptando o colonizando el Poder Judicial, los medios de comunicación, los sindicatos, la Iglesia, las universidades, las asociaciones profesionales, los clubes y hasta las ONG.
Un sistema basado en prácticas prebendarias y mafiosas, que perpetúa la pobreza estructural, la dependencia del Estado y el constante saqueo de los recursos públicos y que de ninguna manera habría prosperado sin el férreo control del Poder Judicial. Es el control de la justicia el pilar fundamental y al mismo tiempo el talón de Aquiles del zamorismo, sin el cual esta enorme y pesada maquinaria de poder languidecería inexorablemente.
En este contexto, el ciudadano se encuentra absolutamente indefenso y a merced de la discrecionalidad del Ejecutivo, no existiendo prácticamente ninguna vía institucional para recurrir cuando sus derechos son vulnerados y esa vulneración proviene del Estado mismo.
Las facultades que, formal o implícitamente, ha delegado el gobierno federal en los gobernadores e intendentes en el marco de la pandemia, solo han contribuido a reforzar este perverso sistema, con medidas “preventivas” que transgreden claramente los límites constitucionales y han contribuido a profundizar esa indefensión.
Detenciones arbitrarias, violencia policial, cierre de las mal llamadas “fronteras” provinciales y toque de queda son algunos de los ingredientes de un combo fatal que, pandemia de por medio, han terminado de dinamitar la raquítica institucionalidad en Santiago del Estero.
Jueces en Comisión y un Consejo de la Magistratura “a medida”
Fue la intervención federal de los tres poderes de la provincia en el año 2004 la que, paradójicamente, le allanó el camino a Gerardo Zamora para el control total del Palacio de Tribunales y el Ministerio Público Fiscal.
Es que el interventor designado por el presidente Néstor Kirchner, Pablo Lanusse, luego de desmantelar el andamiaje del régimen anterior y desplazar a los magistrados adictos al matrimonio Juárez, le entregó a Zamora un Poder Judicial en comisión, con jueces designados en cargos provisorios y cuyo reemplazo se encontraba, por lo tanto, a “tiro de decreto”.
A Zamora, electo gobernador un año después de que se dispusiera la intervención, le resultó cómodo mantener al sistema judicial en ese estado de excepción, mientras construía el poder que hoy ostenta en todo su esplendor. Tan cómodo le resultó que, varios años después de la reforma de la Constitución Provincial y de la sanción de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, la mayoría de los magistrados continuaban en comisión.
De todas maneras, el Consejo de la Magistratura, órgano a cargo de la selección y remoción de jueces y fiscales, fue diseñado a medida del gobernador, con la abrumadora mayoría de sus integrantes sometidos a los designios del oficialismo. De 9 consejeros, solo 2 no responden al poder de turno: un representante por la minoría del Colegio de Abogados y un representante por el bloque de la primer minoría de la legislatura provincial.
Así y todo, al Consejo le llevó casi una década realizar los concursos y “normalizar” la situación de los magistrados heredada de la intervención, pero el zamorismo, valiéndose de su mayoría indiscutible en dicho órgano, se dio el lujo de “colocar”, casi en el 100% de los casos, a jueces y fiscales amigos, muchos de ellos parientes entre sí.
Quienes osaron cuestionar el sistema fueron desplazados de inmediato. Es el caso del ex juez del Crimen Miguel Ángel Moreno, que supo ser uno de los favoritos de Zamora y quien, luego de descubrir conexiones narco y políticas con el tristemente célebre crimen impune de un niño de once años, fue desplazado de la causa y posteriormente detenido, situación en la que se encuentra actualmente.
O el de caso de Alvaro Ruiz, hermano del máximo referente de la Coalición Cívica en Santiago y ex fiscal de instrucción en lo Criminal de Segunda nominación de la Circunscripción Judicial de Añatuya, quien, tras impulsar una denuncia en contra de un alto funcionario policial por torturas y apremios ilegales contra un detenido, fue primero hostigado, desplazado de la causa, suspendido y finalmente sometido a jury de enjuiciamiento que en menos de un mes decidió su destitución.
Más grave aún es que el control total de la justicia por parte del Ejecutivo no se limita a la justicia ordinaria, sino también a la justicia federal, donde el titular del Juzgado Federal Nº 1, Guillermo Molinari, es tío de la ex gobernadora y actual primera dama, Claudia Ledesma de Zamora, y se encuentra absolutamente sometido a la voluntad del gobernador.
Su carrera judicial comenzó como subrogante, tras la renuncia del juarista Angel Toledo, de quien heredó una causa contra el suegro de Gerardo Zamora por estafas contra el PAMI, y a quien sobreseyó a pocos meses de asumir, ignorando que debía apartarse del caso por el vínculo familiar que los unía.
Meses atrás, Zamora cerró el círculo y virtualmente conquistó la suma del poder público, luego de que lograra colocar a su magistrado favorito, Sebastián Argibay, como titular del flamante el Juzgado Federal Nro 2. Hasta entonces Argibay se desempeñó como presidente del Superior Tribunal de Justicia, que también integraba en 2013, cuando el máximo órgano jurisdiccional declaró inconstitucional una cláusula de la Constitución Provincial para habilitarle un nuevo mandato al gobernador.
La cuestión de la tierra en Santiago del Estero
“Legitimidad” del delito de usurpación.
Existe un claro punto de inflexión en el valor económico de la tierra santiagueña, y consiste en la expansión de la frontera agrícola ganadera que se produce a partir de la aprobación de la semilla transgénica y su paquete tecnológico a mediados de los años 90’.
Pero ya hacia fines de los 80’, los campesinos comienzan a organizarse en torno al avance de algunos empresarios sobre sus tierras. Tierras de las cuales eran poseedores pero carecían de documentación. Así surge el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Con Juárez aún en el poder, se organizan en defensa de sus tierras.
Tres décadas después, con los máximos referentes fallecidos y la llegada de la Vía Campesina a la conducción del Mo.Ca.Se., esta organización se ha convertido en parte de la estructura del aparato electoral de Zamora.
Con funcionarios nombrados en Ministerios, Secretarías y Direcciones claves, manejan grandes cupos de planes y programas sociales que reciben de la provincia y la nación. Su enorme poder de movilización ha cambiado de orientación; ahora son quienes garantizan el triunfo electoral en los parajes a Intendentes y Comisionados. Durante los comicios, supervisan cada una de las mesas para no superar el 90 % de los electores del padrón que, como dijimos antes, fue “diseñado” cambios de domicilio mediante, por los “especialistas en padrones”.
Pero la tarea que vienen desarrollando no termina aquí. El Mocase Vía Campesina se ha venido constituyendo en uno de los principales actores que tiene el fenómeno de la usurpación de tierras campesinas en la provincia. Si bien es solo una de las modalidades que ha adoptado el delito tipificado en el artículo 181 del Código Penal, es la más violenta.
Otra modalidad es la desarrollada por funcionarios locales. En la mayoría de los casos, son empresarios con cargos públicos o con vínculo directo en la Casa de Gobierno y con la dirección de Catastro, Rentas y la Escribanía de Gobierno a su disposición.
Simplemente avanzan con sus máquinas, topando y alambrando todo a su alcance. Por la precariedad dominial de los campesinos, en pocos meses tiene la tierra escriturada a su nombre.
Un caso emblemático es el de la familia Ardiles, en Chaguar Punco, Departamento Robles. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, López Alsogaray, ordenó el desalojo de la familia en plena pandemia, enviando 40 policías a destruir la propiedad de la familia.
Don Manuel Ardiles nació allí hace 76 años, en la propiedad de sus padres; y vive allí junto a sus hijos. Es una familia rural que subsiste de la cría de animales y del producto de sus cosechas. Son 70 hectáreas de las cuales el Dr. López Alsogaray les va quitando 50.
El Presidente del Superior Tribunal aduce ser el heredero de estas tierras, en tanto su tátara tía habría sido dueña según una Cédula Real del año 1600. Con éste “speech” viene desalojando a 16 familias de Chaguar Punco. Don Ardiles cuenta con título perfecto de 1973, por lo que seguirá dando pelea con nuestro apoyo.
CIERRE
Los empleados públicos lo llaman el “papi Zamora”. En las calles sus conciudadanos le dicen “Carlitos Juárez”, homologando su gestión con el autoritarismo del fallecido caudillo. De los relatos de los santiagueños se puede inferir que en el transcurso de sus cuatro gestiones ininterrumpidas de gobierno, los mecanismos de disciplinamiento y control social permanecen vigentes, solo que han sido “aggiornados”.
La provincia de Santiago del Estero cuenta con tres bancas en el senado del Congreso de la Nación y votan incondicionalmente los proyectos del oficialismo. De éste número, se infiere que dos bancas son del oficialismo provincial, y una tercera, obtenida por el representante de la minoría.
Esta última banca es la que ocupa Gerardo Montenegro, que lejos de representar a una minoría opositora, se trata de la tercer lista colectora de Zamora, que se instala en parajes y poblados como una potencial “oposición”, garantizando el éxito de la estrategia que conducirá a Zamora a mantenerse en la gobernación por quinta vez.
Volviendo a la metáfora del árbol y el bosque, quizás no sea tan disparatado suponer que se deberá sacrificar un Montenegro para salvar un feudo. (Agencia OPI Santa Cruz)
Igual que santacruz
no solo los SANTACRUCEÑOS votan Korruptos y venden el futuro de sus hijos….