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EL CASO SOLOAGA, ADEMÁS DEL ENCUBRIMIENTO OFICIAL, DEMUESTRA USO POLÍTICO Y DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

Diputada Roxana reyes – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Jorge Soloaga, Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, nunca fue suspendido en su cargo ni pidió licencia, hasta que se resuelva la grave acusación sobre abuso sexual que pesa sobre él, por parte de la joven Macarena Barrientos, como ya lo hemos relatado en varios informes previos. 

La licencia de tres meses que utilizó el funcionario, fue a los fines de tratarse su enfermedad oncológica y no tuvo nada que ver con alguna acción tendiente a tomar distancia del cargo, como se insinuó desde su entorno político, en tanto se lleva a cabo la investigación.

Públicamente conocemos que en la Cámara de Diputados, ante una moción para que se pida la separación del cargo del Comisionado, todos los diputados del FPV del bloque oficialista votaron en contra, incluyendo a la diputada Rocío García que, como publicamos ayer, previo a levantar la mano para anular el pedido de licencia o suspensión del cargo, hizo declaraciones en una radio de zona norte donde dijo que ayudaba, entendía y apoyaba a la joven Macarena Barrientos.

Por otro lado se ha planteado el cuestionamiento de si, al no haberlo hecho por voluntad propia, Soloaga podría ser suspendido de su cargo, hecho, en la práctica, imposible de ser aplicado por parte del gobierno.

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Extraño pedido

No es para nada criticable, por el contrario, que la diputada nacional de la UCR Roxana Reyes se haya preocupado por visibilizar el tema de abuso ocurrido en Cañadón Seco, a la joven Macarena Barrionuevo, pero sí llama poderosamente la atención, la forma en que la legisladora ha encaminado su reclamo, dando lugar a la sospecha de utilización del tema, para cuestiones estrictamente políticas y de campaña, teniendo en cuenta, que es una de las candidatas naturales a representar el espacio de Eduardo Costa en las próximas elecciones y posiblemente en el 2023.

La respuesta a Roxana Reyes

La legisladora nacional, el día 28 de mayo de 2021 le solicitó por nota al Ministerio de Gobierno de la provincia, que actúe urgentemente pidiéndole la renuncia Comisionado de Fomento Jorge Soloaga y esto dio motivo para que desde el Ejecutivo le respondieran rápidamente el día 1º de junio, de manera lapidaria, concreta y sin lugar a ningún tipo de cuestionamiento, de que el gobierno no tenía injerencia ni potestad para tomar una medida de ese tipo, por cuanto desde hace años que al Comisionado no lo pone el gobernador, sino el voto popular.

Reyes cometió un serio error de procedimiento, pero además, de un claro desconocimiento de la Ley, algo imperdonable porque en el caso de ella se hace inexcusable la omisión por cuanto, la modificación se hizo en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 55 y fue realizada por ley 346 del año 2014, donde (entre otras modificatorias del régimen de las Comisiones de Fomentos) se expresa que los Comisionados de Fomentos, a quienes los ponía el gobernador hasta ese momento, a partir de la modificación legal, serán elegidos por la gente de cada pueblo.

Pero hay dos datos más llamativos, aún, respecto de la diputada Reyes, a la hora de evaluar el sentido práctico que tuvo la elevación de su nota al gobierno para que suspenda o pida la renuncia a Soloaga.

Primero, la ley fue modificada en el año 2014, cuando Roxana Reyes era diputada provincial, es decir que participó de aquella modificación a la Ley Nº 55 mediante la Ley 3346, tal como consta en el Boletín Oficial Nº 4831 del 17 de junio de 2014.

Ley 55

La segunda cuestión que la hace inexcusable es que la legisladora Roxana Reyes,  es abogada

Por lo tanto, no se entiende, si no es en el marco de la repercusión política que haya buscado la dirigente Radical, cuál fue su verdadero objetivo al enviar formalmente un pedido al Ministerio de Gobierno para que actúe sobre el Comisionado, cuando el Ejecutivo no tiene injerencia institucional desde el año 2014, momento en que se estableció, por modificación del Art 83 de la Ley 55, que el Comisionado es un cargo electivo y como tal, solo lo puede destituir un juicio político o, como en este caso, el único que tiene la potestad para suspenderlo preventivamente, sería el Superior Tribunal de Justicia.

Un pie inigualable

Si el Radicalismo en general y Roxana Reyes en particular, querían darle al oficialismo un motivo para el desgaste, encontró el mejor recurso para ponérselo en la mano al FPV, dado que en la respuesta escrita que le envió a la diputada nacional, el Ministerio de Gobierno dice:

“…en lo que respecta a su pedido, no puede Ud soslayar que conforme surge del art. 83 de la ley 55, el titular de la Comisión de Fomento es un funcionario electo por la ciudadanía, por lo que no es resorte del Poder Provincial solicitar su renuncia”, dice el gobierno, recordándole un dato fundamental que Reyes no puede desconocer.

No obstante ello – prosigue el texto del Ministerio – y estando en conocimiento de la existencia de actuaciones en trámite en sede penal por la causa referida, será en esa instancia jurisdiccional la que determinará eventualmente la atribución de responsabilidad y la materialidad de los hechos”, le señala el gobierno a Reyes, deslindando su responsabilidad en el tema y explicándole que ha errado el sujeto de reclamo. (Agencia OPI Santa Cruz)

3 Comentarios

  1. Y ahora el negro atorrante ladrón corrupto acosador de menores sigue como si no hubiese pasado nada hasta se curo del cáncer grado 4 la justicia la comisaría de la mujer todos manejados por el gobierno K .el negro siga abusando mujeres total la justicia para estos Políticos K corruptos NO EXISTE.

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