(Por: Rubén Lasagno) – Finalmente y luego de más de un año, el Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, acusado de “presunto abuso sexual” sobre la joven Macarena Barrientos, fue procesado por el juez Contreras de Caleta Olivia con lo cual hubo un cambio radical de carátula, que pasó de “MACARENA BARRIENTOS S/DENUNCIA” a “JORGE SOLOAGA S/ABUSO SEXUAL SIMPLE”, con lo cual ya no se habla más de un delito “presunto”, sino se debe mencionar al presidente de la Comisión de fomento, como incurso en un delito de abuso sexual, sin ningún tipo de eufemismo, respecto de su responsabilidad en el hecho que lo involucra en primera persona.
Tras la medida y de acuerdo a los datos a los que OPI pudo acceder por fuentes en altos Tribunales de la provincia, la decisión del juez está apoyado en la Convención Interamericana sobre Derechos de las Víctimas y en un documento muy extenso, donde el magistrado explica detalladamente los fundamentos de su decisión, tras trabarle un embargo de 250 mil pesos, queda establecido que con todas las pruebas en la mano que ha podido colectar en la investigación, hay doctrina y jurisprudencia suficiente para impulsar el procesamiento del funcionario municipal.
“Se ha reunido suficiente material probatorio para fundamentar para acreditar con grado de probabilidad, lo requerido en el Art 89, tanto en la existencia del hecho como su autoría, como así también las circunstancias de tiempo, modo y espacio que surgen palmaria de los siguientes elementos probatorios”, expresó el Dr Contreras.
Entre esos elementos que citó el magistrado y de acuerdo a los datos que pudo colectar esta Agencia, están las pericias, dos de los tres testigos presentados por la defensa, que ponen a la mujer en el lugar y más allá de que existen otras situaciones que también la desacreditan, queda demostrado que el encuentro tal como lo denuncia Barrientos existió y lo avalan, no las pericias de partes, sino las pericias oficiales que a la vista de los elementos que detallan, son contundentes.
Es una obviedad decir que cuando un juez toma la decisión de procesar a un imputado, es porque existe semiplena prueba del delito investigado, sin embargo, tal como se ha podido corroborar, al juzgado le falta colectar algunas pruebas que quedan pendientes y se supone que en poco tiempo, habrá una elevación a juiciodonde intervendrá la Cámara de Caleta Olivia, compuesta por tres miembros.
Hoy el juez Contreras ha ordenado el procesamiento “en autos” de Soloaga, como autor responsable del delito, es decir, más allá de que mañana se pueda apelar o aparezcan atenuantes, o levantar el auto de procesamiento, hoy está procesado por abuso sexual simple del Art 119 primer párrafo.
La ley 27352 modificó en el 2017 el Art 119, del Libro II, título III del Código Penal en su Artículo 119, el cual quedó reformulado de la siguiente manera: “Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.
En esta instancias, la fuentes consultadas en la Justicia provincial, remarcó que a Soloaga “le hicieron precio”, al no incluirlo en el Párrafo Dos del mismo artículo que establece: “La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”.
Procesamiento con pruebas oficiales
Técnicamente la investigación está en su tramo final y a pesar del tiempo que ha demorado, lo que debiera haber salido en dos o tres meses, la contundencia del fallo es que el Juez Contrera no procesó a Soloaga por lo presentado de parte de los peritos de la querella, sino que lo hizo tomando en cuenta lo dictaminado por los peritos oficiales, sin tener en cuenta lo que ambas partes (querella y defensa) aportaban en uno u otro sentido.
Indudablemente quien fue procesado no es cualquier ciudadano, sino un hombre con cierto poder político local y apoyo político provincial y si bien las posibilidades de que el caso sea “planchado” en instancias superiores existen, si las cosas siguen su curso normal, será más difícil el ocultamiento de sus responsabilidad.
Tengamos en cuenta que cuando fue llamado a indagatoria, Soloaga llegó al Juzgado, no con abogados y asesores, sino con la militancia del FPV que desde afuera presionaban al juez para intimidarlo y obligarlo a tomar una decisión distinta a la que finalmente tomó.
A diferencia de otras causas, Soloaga ha tenido el derecho de defensa intacto desde el mismo momento en que fue denunciado, dado que el juez entendió que debía darle participación, porque en muchas causas, el imputado de un delito se entera cuando lo citan a indagatoria y en este caso Soloaga estuvo en toda la investigación siendo asistido, ofreciendo pruebas, peritos, etc. lo cual implica que no ha sido vulnerado ningún derecho, que pueda ser usado para anular la acción del juez Contreras.
La otra situación que preocupa a la opinión pública en general, es cómo va a seguir Jorge Soloaga, ejerciendo el cargo para el que fue electo, siendo que hoy constituye una verdad revelada que el funcionario es responsable de abuso sexual.
Al respecto OPI consultó a personas allegadas al PJ provincial, quienes afirmaron que el vacío legal existente, impide funcionalmente tomar una medida drástica contra el Comisionado de Fomento, que implique la separación del cargo y/o la suspensión del mismo, dado que esa función se ha transformado en un cargo electivo y no existe legislación al respecto, que permita tomar una medida acorde, desde el gobierno provincial y/o la Cámara de Diputados.
Quienes fueron consultados al respecto, circunscriben todo a una cuestión “ética”, porque el caso tiene una gravedad institucional nunca visto y más aún por cuanto, con el procesamiento a cuesta, Soloaga sigue en funciones, conviviendo a diario con mujeres, jóvenes y menores que transitan a su alrededor, sin que no haya la prevención suficiente como para impedir que se vuelva a generar una situación similar a la de Macarena Barrientos o aún peor. Si por alguna razón un hecho similar ocurriera ¿Quién sería el responsable de haber dejado a Soloaga en su cargo solo utilizando una excusa técnico-política, sin anteponer a ello el cuidado de otras posibles víctimas?.
No todos somos iguales
No son pocos los que recuerdan a los concejales separados y/o encarcelados, algunos por mucho menos, no tuvieron las misma prerrogativas que Soloaga, quien sigue en funciones. Por ejemplo, es el caso del Concejal Rubén Martínez en Caleta Olivia, preso por abuso sexual de menores, el concejal Cristian Bazán, también de Caleta Olivia, suspendido por casi 6 meses del CD con una denuncia en su contra por violencia de género, la cual nunca fue impulsada por la presunta víctima, o el recordado tema del concejal de Río Gallegos, Emilio Maldonadodesaforado y detenido luego de que la jueza penal Valeria López Lestón dictó su procesamiento con prisión preventiva en la causa que lo tiene como imputado por abuso sexual a dos niñas de 10 y 13 años.
Como Soloaga, todos estos puestos son políticos y electivos, pero a diferencia del comisionado, era de la oposición o no contaban con el respaldo político, tal el caso de Maldondo.
Soloaga ya fue “salvado” por los diputados del Frente Para la Victoria, quienes se negaron a tomar medidas éticas contra el Comisionado. Todos los diputados kirchneristas incluyendo los de Javier Belloni y Claudio Vidal, se negaron a tomar una medida preventiva contra el Comisionado, argumentando, precisamente que su situación legal era la de “imputado” por “supuesto” abuso sexual, hecho no comprobado ni fundado ni corroborado por la justicia.
Corriendo el arco
Ahora hay un juez que lo procesó, pero seguramente, los diputados dirán que Soloaga no tiene condena firme. Si es condenado, sin duda dirán que falta la confirmación de la Corte Suprema y así los legisladores cómplices “irán corriendo el arco”, hasta que expire el mandato de Soloaga y si no es reelecto, algún lugar le encontrarán al “compañero” para que “se enfríe” ante la opinión pública y (de paso) no pierda plata.
En orden de los personajes que dicen levantar la bandera de los derechos de las mujeres, de género y estar en contra de la violencia, abuso y la discriminación, está la diputada Rocío García, que en los medios dijo estar en contacto y apoyar a Macarena Barrientos y en la Cámara levantó la mano para negar la suspensión del abusador Jorge Soloaga.En Caleta Olivia, la diputada Liliana Toro (quien también se negó a suspender a Soloaga en la Cámara, junto con Rocío García), tiene capacitación en violencia de género y a Macarena Barrientos, nunca se le acercó, ni la llamó ni se interesó por brindarle ayuda. Es la diferencia entre ser y pertenecer. Una evidencia más de que en Santa Cruz, no todos somos iguales. (Agencia OPI Santa Cruz)
Para que no haya incoherencias CON LA MULTIPROCESADA, el kirchnerismo continúa protegiendo delincuentes.
siempre lo hacen total existe una manga de lesos que cuando les pasa a ellos van presos y no los salva nadie. a ellos nunca les pasa nada se cuidan mucho
no es novedad que un kirchnerista este libre por mas que sea culpable
Y no le cabe la aplicación de la ley Micaela ?
No se cumplió los dos años llamen a elecciones ahora junto con las paso compitan los que salieron segundo y tercero por supuesto primero hay que sacarlo del cargo a este Enfermo.
Siempre protegiendo delincuentes los integrantes de la Deshonorable Cámara de Diputados.