Según publica Clarín Lugo de un avance vertiginoso con la recolección de cientos de pruebas, el TOF 7 pidió cinco veces a la Corte más recursos para procesarlas. No se avanza hacia el juicio oral.
Por: Lucía Salinas
El volumen del expediente se convirtió en un obstáculo en sí mismo. El 1 de agosto se cumplieron tres años desde que inició en la justicia federal el expediente conocido como los Cuadernos de las Coimas, pero la realización del juicio oral aún parece una instancia muy lejana. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) pidió en cinco ocasiones recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder imprimir mayor celeridad al caso, pero no obtuvo respuesta. Mientras, el mayor trabajo que se hace es la digitalización de documentación que se guarda en contenedores a la intemperie. La principal acusada en la causa es Cristina Kirchner junto a más de medio centenar de empresarios contratistas del Estado.
Recordemos el comienzo: Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
Esa “bitácora de la corrupción”, como se la llamó más de una vez, permitió reconstruir día por día -literalmente- dónde y quiénes reunían y entregaban dinero a Baratta, adónde se llevaban esos tesoros ilegales y a cuánto ascendían sus montos. Un amigo de Centeno que tuvo en su poder aquellos cuadernos se los cedió al periodista de La Nación Diego Cabot, quien comenzó a comprobar su contenido y pocas semanas después decidió llevarlo a la Justicia. Bajo estricta reserva, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio trabajaron en ese mismo sentido, hasta que el 1 de agosto de 2018 decidieron detener al chofer y descubrir el juego.
Desde entones se completaron el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles. Toda está en cajas acomodadas en contenedores ubicados en el estacionamiento de Comodoro Py.
Los Cuadernos de las Coimas fue considerada por los instructores como la mayor investigación en materia de corrupción, pero a tres años del inicio del expediente, la causa no logra avanzar en el Tribunal que tendrá a cargo el debate oral.
Lo único que prosperó en los últimos meses respecto del caso que instruyeron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, fueron los planteos de Cristina Kirchner, principal imputada como supuesta jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de pagos ilegales. La vice logró reducir a la mitad las acusaciones en su contra y dejar sin efecto los pedidos de prisiones preventivas.
La acusación con la que se elevó a juicio oral la causa en septiembre de 2019 cuenta con otros seis expedientes vinculados, con los que se buscó analizar área por área todos los contratos concedidos por el Ministerio de Planificación Federal. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. Sólo le quedó la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.
Además de desacreditar a Bonadio, a Centeno, al periodista Cabot y a varios de los confesos en la causa, el trabajo de zapa para derrumbarla tuvo un aporte clave desde el ministerio de Justicia de la Nación, donde el viceministro Juan Martín Mena desprotegió a los testigos e imputados que se habían incorporado al programa oficial que debe cuidarlos. Mientras tanto, se elaboraba el intento más complejo para voltear la causa: el Operativo Puf, una maniobra orquestada por varios de los acusados en Cuadernos y allegados a ellos, que se llevó a cabo en Dolores a través del falso empresario agropecuario Pedro Etchebest y el falso abogado Marcelo D’Alessio, ante la complaciente mirada del juez federal Alejo Ramos Padilla.
A tres años desde el inicio del expediente, el mismo se encuentra en manos del TOF 7 y la fiscal Fabiana León. Durante este tiempo, los jueces se concentraron en la digitalización de aquellos documentos en los que se basaron las principales acusaciones, incluidos los testimonios de los 31 imputados colaboradores del caso. “No se cuenta con mayores recursos, tenemos poco espacio y aún así se va recibiendo y digitalizando todo lo relacionado al caso”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.
El problema -que ya representa una importante lentitud para el caso- evidencia otro más: la falta de recursos humanos. El TOF 7 remitió diversas notas a la Corte para que les proporcione más gente. La respuesta nunca llegó. Ante la consulta de Clarín, desde el Máximo Tribunal señalaron que no había ningún motivo en particular para la demora, y no brindaron mayores explicaciones.
Al analizar la situación, fuentes del caso indicaron: “Se trabaja con mucho esfuerzo pero sin recursos, que son indispensables para la tramitación siendo que aún falta digitalizar mucha información de la causa”. Por el momento, a eso quedó reducido lo que supo conocerse como el mayor caso de corrupción en la justicia federal.
El cuadro de situación tiene otro dato a considerar, uno de los jueces del Tribunal, Germán Castelli, fue desplazado del cargo por el kirchnerismo y repuesto por la Corte sólo de manera provisoria: si se concursara ese puesto y se cambiara de juez, habría otro retraso en el camino del caso hacia el juicio oral.
En algo coinciden muchos en Comodoro Py: nadie imagina la foto de los 172 acusados en un juicio oral y público. Algunos empresarios la evitarán. Sus abogados no descartan negociar un juicio abreviado para evitar la foto de directores, CEOS, y principales accionistas del establishment sentados ante un Tribunal en una causa por corrupción. (Clarín)
