EN SANTA CRUZ LA OBRA PÚBLICA SIGUE SIENDO EL SECTOR DONDE SE GENERA MÁS CORRUPCIÓN COMPROBADA

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(Por Rubén Lasagno) – Tal como lo venimos analizando desde hace no menos de un año y medio, en base a datos obtenidos oficialmente, extraoficialmente y de las propias investigaciones generadas por OPI, estamos en condiciones de afirmar que la obra pública en esta provincia sigue siendo el nicho de corrupción más importante (no el único) de parte del Estado, el cual, a pesar de las causas federales abiertas allá por el año 2013 contra el sistema de contrataciones públicas a nivel nacional y que tuvo como principal actor al testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez en Santa Cruz, la obra pública en esta provincia siguió realizándose de la manera en que el kirchnerismo concibe la misma: como un coto de caza para el enriquecimiento ilícito de funcionarios, políticos y pseudos empresarios amigos.

Para llegar a esta conclusión comparamos todos y cada uno de los documentos que tenemos desde que comenzamos a revelar las construcciones de edificios públicos, licitaciones de viviendas, asfaltado de calles, tendido de cloacas, licitaciones de Vialidad Provincial, licitaciones y obras del IDUV, del Consejo Provincial de Educación, Servicios Públicos Sociedad del Estado, Distrigas, obras de la Municipalidad de Río Gallegos, Río Turbio, Caleta Olivia, 28 de Noviembre, entre otras localidades y diversas obras realizadas desde el 2015 en adelante, solo para acotar la búsqueda, pero esto se inicia mucho antes del 2003.

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Para que este “modelo” persista a través del tiempo en una provincia cuna de los principales actores de la corrupción argentina, extensamente probado en tribunales federales y no haya afectado a sus impulsores/autores locales, encabezados por la gobernadora Alicia Kirchner, se debe dar un elemento sustancial: Impunidad, asegurada por una justicia absolutamente cooptada por el poder político.

Sin justicia, ningún país, provincia o municipio, puede sobrevivir a los desmanes institucionales, al abuso del poder, al latrocinio, al atropello, al autoritarismo y a la apropiación de los bienes del Estado, por parte de quienes nos gestionan y administran.

¿Todos santos o impunes?

En más de una oportunidad hemos resaltado que en Santa Cruz no se conocen funcionarios echados de sus funciones por delitos cometidos y muchos menos aún se conoce, en más de 30 años, que alguien haya (ni siquiera) sido imputado y menos aún tenga una causa abierta por corrupción.

Esto nos lleva a plantearnos dos caminos; o nunca se cometió un delito de ese tipo en Santa Cruz, o la justicia no actúa y prevalece el encubrimiento

Como está probado que se han cometido muchísimos delitos en contra del Estado provincial, la opción más clara que nos queda para explicar esta duda más que razonable, es que en Santa Cruz no hay una justicia proactiva, independiente y decidida a ir contra el poder político.

No necesitamos ir muy lejos para encontrar datos que contrasten con nuestra realidad; solo basta mirar hacia Chubut, una provincia vecina a la que no podemos poner como ejemplo de justicia plena, pero allí al menos, existe una parte de los jueces, Cámaras y Tribunales que actúan en función de los intereses del pueblo

Ex funcionarios de otros gobiernos se encuentran cumpliendo condenas, otros con causas abiertas, otros imputados y muchos (inclusive actuales) investigados por delitos de corrupción, peculado, malversación de fondos públicos, etc. 

En Santa Cruz nos queda la duda si son todos santos o a nadie se lo investiga por los delitos cometidos,encubriéndolo, como es de manual en el accionar oficial.

Pruebas sobran, falta voluntad

Nos tendríamos que extender por horas leyendo este informe, si pretendiera poner a la vista del lector todo lo que hemos descubierto y denunciado a los largo de estos años sobre la corrupción estatal de la provincia. 

En largos y explicativos informes hemos presentado documentación, licitaciones, facturas truchas de empresas y todo tipo de irregularidades que se le ocurra al lector, respaldando cada nota con datos concretos de cómo, de qué manera y a qué precio se han cometido estos delitos

Nunca hubo una respuesta judicial. Nadie se encargó de tomar la posta e investigar de oficio; nadie (en la mayoría de los casos) hizo una denuncia, todas las efectuadas por la oposición, especialmente desde el Tribunal de Cuentas, murieron antes de nacer. Mucho de todo, esto comenzó a acumular antecedentes que hoy son visibles, público y se pueden releer de nuestro archivo. 

Y si alguna duda de lo que decíamos existía respecto de nuestras pruebas y análisis, en gran cantidad de casos nos basamos en los informes del propio Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, el organismo de contralor que debe auditar a los municipios, a los organismos, es decir, al propio poder.

Es así que, por ejemplo, informamos sobre irregularidades y delitos cometidos en los municipios de Río Gallegos, Las Heras, Caleta Olivia, El Calafate, Río Turbio, entre otros, los cuales constan en los dictámenes del Tribunal de Cuenta, en cuyas auditorías se explican paso a paso esas irregularidades, la falta de documentación, las omisiones, la falta de facturación o facturación apócrifa, los movimientos irregulares de fondos, fondos invertidos sin justificación legal, sobreprecios comprobados en servicios y compras varias, adulteración de documentación, etc. Todos estos, delitos que merecen una denuncia judicial, la intervención de la justicia en cada caso y la imputación a uno o más responsables administrativos y/o políticos. Eso nunca pasó en Santa Cruz.

la obra pública, inscribe un capítulo aparte en la provincia. Como dijimos, a pesar del impacto judicial negativo que hubo a nivel nacional con las causas aún en curso, en nuestra provincia se mantuvo la salvaguarda de la cartelización y el direccionamiento de la obra pública a manos de los amigos, con licitaciones forzadas, muchas veces vulgarmente truchadas y todo ello nunca despertó el mínimo interés por parte de un fiscal ni tampoco de algún funcionario honesto (si lo hubiere) por denunciarlo a fin de no verse enlodado en estos delitos que han dejado expuestos a intendentes, funcionarios municipales, provinciales y por consiguiente a la propia gobernadora Alicia Kirchner, responsable política de todos ellos y quien resulta ser partícipe necesaria, al encubrir desde el poder a quienes producen esos delitos.

Lo último que expone el TC

En cuatro informes de OPI de estas últimas semanas, basados en una denuncia penal presentada por la Vocal por la Minoría del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Dra Yanina Gribaudo, se puede apreciar claramente cómo el “mecanismo” de la obra pública, funciona inalterable en Santa Cruz.

Si el lector repasa los informes en los cuales detallamos caso por caso, las irregularidades/delitos cometidos en la administración y manejo del IDUV durante la gestión de Pablo Grasso y lo compara con nuestros informes previos sobre esas mismas obras en las que denunciamos sobreprecios, redeterminaciones, plazos incumplidos y porcentajes de obras que no se vinculaban con la realidad de lo construido, podemos ver claramente y en datos concretos de la auditoría, cómo se plasma la corrupción en Santa Cruz con total impunidad por parte de los propios integrantes del Tribunal de Cuenta, correspondientes al oficialismo (mayoría) y la Justicia provincial que no actúa, de manera deliberada.

Y aquí está el punto por el cual Santa Cruz sigue siendo un coto de caza para los corruptos funcionarios provinciales que mantienen vivo el delito de apropiación ilegal de fondos públicos: la falta de justicia, la complicidad y el silencio de los medios. Es el combo necesario para lograr: impunidad.

Lo más elocuente surge, cuando después de generarse el análisis completo en la auditoría del TC y ante el pedido de Gribaudo para denunciar penalmente al IDUV, que en ese momento gestionaba Pablo Grasso, hoy intendente de Río Gallegos, desde el presidente del TC para abajo, todos reconocieron los delitos cometidos, pero se negaron a acompañar la denuncia ante la justicia, aplicando una magra sanción pecuniaria de 10 mil pesos “a los responsables”, coronando una gran tomada de pelo a cualquier contribuyente provincial que con su esfuerzo y aporte, sostiene este andamiaje corrupto e impune.

Esto nos lleva a concluir que si ante los delitos comprobados técnicamente por un organismo auditor como el Tribunal de Cuentas, no hay consecuencias legales reales y concretas para los responsables, todo lo demás se explica por si mismo. Se explica que Santa Cruz nunca haya tenido un imputado por corrupción, que no tenga detenidos y que la fiesta de los fondos públicos siga intacta.

En el próximo informe, vamos a detallar cómo se sustenta la cartelización de la obra pública en Santa Cruz, utilizando nuestros registros y clarificando (en base a todo lo publicado) cómo se mantiene intacto en la provincia el mecanismo de corrupción en la obra pública, sin consecuencias ni castigo. (Agencia OPI santa Cruz)

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1 COMENTARIO

  1. TIENE RAZON MILEI, LA OBRA PUBLICA NO LA DEBE HACER EL ESTADO, HACERLO A LA CHILENA , QUE LA PLATA LA PONGA EL INVERSOR, LOS DINEROS SE FUGAN EN LAS MANOS POROSAS DE LOS POLITICOS, APRENDAMOS A VOTAR. BOTEMOS AL PERONISMO EN TODOS SUS COLORES Y VARIEDADES.
    EL 14 VOTEMOS BIEN.

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