Según publica La Nación Iniciativas como la reforma de la justicia federal y del Ministerio Público están cajoneados en la Cámara baja; en las propias filas del Frente de Todos expresan malestar por el desgaste.
Por: Gustavo Ybarra
Fueron los debates más candentes de los últimos dos años, en los que la grieta entre el kirchnerismo y la oposición quedó al desnudo en su mayor crudeza. Sin embargo, la efectividad de esas tenidas legislativas a las que Cristina Kirchner sometió al Senado es más que discutible si se toma en cuenta que la mayoría de esos proyectos permanecen estancados en la Cámara de Diputados.
Solo basta mencionar las reformas de la ley del Ministerio Público y de la justicia federal, y el proyecto para crear una comisión investigadora de las operaciones financieras del grupo cerealero Vicentin para darse cuenta del derroche de recursos y tiempos que implicaron iniciativas que desde hace más de un año permanecen cajoneadas en la Cámara baja.
Solo en esos tres proyectos, todos impulsados por la vicepresidenta y el kirchnerismo duro, el Senado insumió 20 horas de debate. La cifra parece escasa, pero cobra otra dimensión si se recuerda que fueron aprobados en sesiones virtuales y, por lo tanto, reuniones limitadas en su duración.
Peor aún, Cristina Kirchner impuso la discusión de esas iniciativas en plena pandemia de coronavirus, cuando la atención y el temor de la sociedad estaba puesto en la cuestión sanitaria y los estragos que el aislamiento provocaba en la economía nacional y, sobre en todo, en las de cientos de miles de familias argentinas.
Hasta en el propio Frente de Todos algunos senadores reconocen que se gastaron energías y recursos en debates estériles. “La reforma del Ministerio Público debió haberse coordinado con Diputados para saber si iba a ser ley; pero peor fueron los proyectos del Instituto Patria que tuvimos que votar”, reconoció un legislador oficialista.
El senador se refirió, así, a algunos de los proyectos impulsados por Oscar Parrilli (Neuquén) que llevan el indubitable sello del Patria y que fueron aprobados por el Senado en los últimos dos años.
La lista es larga, pero incluye la suspensión por dos años de la inscripción de las sociedades anónimas simplificadas (SAS), un intento de eliminar una medida adoptada por el gobierno de Mauricio Macri; y los dos proyectos que buscan regular los recargos por mora y la fecha de vencimiento de los servicios públicos concesionados y de actividades privadas, como las tarjetas de crédito.
Este último proyecto contiene, además, un artículo inédito que establece diferencias en las tasas por mora que se le deben cobrar a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. “No me hagas recordar que votamos ese mamarracho jurídico propuesto por Juliana Di Tullio”, se ríe una senadora de La Cámpora en diálogo con LA NACION.
En el caso de cláusulas como la impulsada por Di Tullio, o como las más de 50 modificaciones incorporadas a la reforma de la justicia federal, se suma el agravante de que fueron sumadas en el recinto, leídas mal y a las apuradas. Fueron acciones justificadas por la propia Cristina Kirchner en pleno recinto con el argumento, luego repetido por sus senadores ante cada queja de la oposición, de: “¿Para qué quieren saber si igual van a votar en contra?”. Esa fue la respuesta que recibió Martín Lousteau (UCR-Capital) cuando se quejó de la cantidad de cambios que el oficialismo pretendía incorporarle a la reforma de la ley del Ministerio Público sin que fueran siquiera comentadas cuando el texto se había discutido en comisión.
El panorama no parece alentador para el kirchnerismo si se toma en cuenta que tanto Sergio Massa, presidenta de la Cámara baja, como Máximo Kirchner, líder de la bancada oficialista, fracasaron en impulsar los proyectos cuando el escenario era más favorable que ahora en Diputados.
La elección de noviembre último castigó al kirchnerismo con la perdida de bancas en ambas cámaras legislativas, lo cual hace muy difícil, por no decir imposible, que los proyectos impulsados por el kirchnerismo duro en el Senado en los últimos dos años puedan convertirse en ley en la Cámara baja.
Desde el cachetazo electoral, Cristina Kirchner se ha preocupado por recomponer la mayoría que el oficialismo perdió en el Senado. Sabe que le quedan dos años y que cada paso en falso que el oficialismo pueda dar en la Cámara alta se lo imputarán a ella y, por lo tanto, que no tiene margen para el error. (La Nación)
