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La defraudación producida por YCRT y la UTN en “la década ganada”, amenaza con encarcelar a De Vido, Baratta, Osuna y Goicoechea

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La megausina de carbón en Río Turbio - Foto: OPI Santa Cruz
La megausina de carbón en Río Turbio - Foto: OPI Santa Cruz
Roberto Baratta en la Megausina de Río Turbio - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La noticia viene de la mano del periodista Daniel Santoro quien expuso en el diario Clarín, detalles de la causa caratulada Baratta, Roberto y otros s/ legajo de apelación y los “Recurso de hecho deducido por Hugo Ramón Sánchez. En los autos Recurso de Queja n° 9-Legajo 82- Imputado Sánchez, Hugo Ramón y otros s/legajo de apelación” y “Recurso de hecho deducido por Martín Juan Goicoechea.

El 12 de abril de 2018, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Sánchez y de Goicochea -entre otros funcionarios y empresarios- en los hechos calificados como supuesta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al considerar que la fundación de la UTN Río Gallegos, fue un conducto a través del cual se desviaron esos fondos públicos, según la acusación.

La defensa interpuso recurso que, concedido por la Cámara Federal de Apelaciones, fue luego declarado inadmisible por la de Casación a partir de lo cual presentó un recurso extraordinario federal cuyo rechazo derivó en la queja planteada por su nuevo defensor ante la Corte.

Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes los planteos formulados y avanza el juicio oral por el desvío de 176 millones de pesos, que se produjeron dentro del mecanismo de corrupción, en el cual participaron YCRT y la UTN, entre los principales actores cuyos responsables van a tener que responder en juicio oral por los fondos robados.

Julio De Vido, Martín Juan Goicoechea, Hugo Román Sánchez, Roberto Baratta, Atanasio Pérez Osuna y más de 14 personas más podrán ser condenados (nuevamente) por actos de corrupción mediante el lavado de dinero, sobrefacturación, facturación apócrifa, fraude a la administración pública y una serie de delitos administrativos por la conexidad para cometer delitos en perjuicio de la administración pública nacional en funciones como la Intervención de YCRT, el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad Tecnológica Nacional de esta capital. (Agencia OPI Santa Cruz)

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