Según publica Clarín Jorge Rial, en C5N, y Página/12, reprodujeron un listado que viola la ley de protección de datos públicos. La oposición hablan de canallada y reclaman que la Agencia de Acceso a la Información pública accione.
La publicación de una lista de políticos, empresarios, famosos y deportistas que supuestamente recibieron subsidios para pagar la luz, por parte de los medios oficialistas C5N y Página/12, el mismo día en que el Gobierno anunció subas de tarifas debido al nuevo esquina de segmentación, generó un escándalo y desde la oposición denuncian que se violó la ley de protección de datos personales con un único fin: escrachar.
Todo comenzó con un informe de Jorge Rial en su programa Argenzuela, de C5N, el canal de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, en el que dio nombres de “la lista de famosos subsidiados”, como se anunció en uno de los graph.
Haciendo una suerte de paso de comedia, el exconductor de Intrusos dijo que había salido a correr y un desconocido le había acercado un sobre papel madera con la lista que incluía a figuras del mundo del espectáculo, deportistas de renombre, políticos y algunos de los empresarios más poderosos del país que, según dijo Rial, recibieron subsidios de luz.
“Sin vergüenza: son millonarios y reciben subsidios”, podía leerse en pantalla. “Para indignarse: ricos, famosos y subsidiados”, era otro de los mensajes.
Al aire, Rial leyó con cifras exactas los supuestos consumos en kilowatts de los nombrados en esa lista, que superaban los 400 Kw subsidiados que ayer anunció la secretaria de Energia, Flavia Royón, así como el supuesto monto que habría recibido en sus tarifas de luz. “Indigna mucho”, dijo Diego Brancatelli, uno de sus panelistas.
Ese listado luego fue publicada en detalle por el diario Página/12 con el título “La lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz”. El matutino, propiedad del Grupo Octubre del sindicalista Victor Santa María, explica que el listado da cuenta de nombres que “no renunciaron a los subsidios que propuso la administración de Cristina Kirchner, en 2011”. Es decir: una lista totalmente extemporánea, sacada de contexto.
Ese año, la entonces Presidenta (hoy vice) había habilitado un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios del Estado Nacional en los servicios de agua, luz y gas. La política pública fue un fracaso rotundo. Se lanzó el 2 de noviembre y no duró siquiera dos meses porque casi nadie se anotó.
De un universo de 12 millones de clientes residenciales a nivel nacional, el padrón voluntario sólo logró la adhesión de 31.500 usuarios, es decir apenas el 0,25% . El objetivo mínimo era alcanzar los 100 mil anotados, pero no se llegó ni a la mitad de esa cifra.
Ahora, una década después, en medio de una política de quita de subsidios y segmentación de tarifas, parte de los nombre de aquellos que, como la mayoría de los argentinos, no se anotaron en la renuncia voluntaria, sale a la luz de la manos de medios oficialistas en lo que representa una violación a la ley de protección de datos personales, según explicó a Clarín la diputada nacional de la UCR Karina Banfi.
“Toda base de datos consignada para alguna cuestión especifica, como en este caso subsidios, tiene que tener el consentimiento expreso de las personas de esa lista para que se publique en un medio”, detalló Banfi, especialista en acceso a la información pública y gobierno abierto.
Es decir que, para no violar la ley, tanto C5N como Página/12 tendrían que haber consultado uno por uno a los nombrados pidiéndoles autorización, algo que en algunos casos es imposible ya que varios de los nombrados son empresarios que ya fallecieron.
Banfi calificó a la difusión del lista como una “canallada” que “tergiversa la información”. Según expresó, “usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros”.
“Tiene actuar de oficio la Agencia de Acceso a la Información Pública, que no se hace cargo. Ya que en la segmentación te hicieran firmar una declaración jurada en la que renunciabas al secreto bancario y fiscal es algo que viola la ley de datos personales, y la agencia, tengo entendido, no hizo nada al respecto”, cuestionó la diputada radical.
Banfi pidió la inmediata intervención de la Agencia, que está a cargo de Beatriz Anchorena, exfuncionaria de la Jefatura de Gabinete e integrante del Instituto Patria, think tank de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“La Agencia es el organismo controlador del uso de datos personales. Para publicar que estás en una base de datos asignada a cualquier tipo de subsidio te tienen que pedir autorización, sino es persecución. Esto lo hacen para poner uno contra otro. La línea del kirchnerismo es ponernos unos contra otros”, insistió Banfi.
La oposición denuncia escraches y habla de fascismo
Además de Banfi, diferentes dirigentes de la oposición salieron a repudiar la publicación de la lista en C5N y Página/12. “Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática”, escribió Cristian Ritondo, jefe de diputados del PRO, en redes.
“A que hora publica Página12 el listado de todos los beneficiarios de planes sociales y cualquier otro subsidio del Estado? #ElRelatoSeCaeAPedazos”, se preguntó irónica Silvia Lospennato. “La sociedad ya no se compra la doble vara kirchnerista. Escrachar ciudadanos y difundir información personal es moralmente reprochable siempre. Disfrazan de investigación periodística operaciones políticas pero cada vez les funciona menos porque nadie les cree”, agregó.
Y siguió: “El repudio debe ser unánime y masivo. Hacen una lista caprichosa y arbitraria de algunas pocas sobre las millones de personas que reciben un subsidio que el propio gobierno otorgó. Qué sigue? Qué otra información personal estamos dispuestos a q los medios para-oficiales difundan?”.
En tanto, la diputada Sabrina Ajmechet tuiteó: “El Gobierno y sus periodistas falderos decidieron violar la intimidad de ciudadanos argentinos señalándolos y dando información sobre sus gastos. El gobierno debe proteger a los ciudadanos, no escracharlos. La intromisión del Estado en la vida privada es intolerable en democracia”.
“Hagan el tarifazo y ya, ese método de hostigamiento y escrache a otros argentinos, como si tuvieran en las filas K algún dirigente sumido en la pobreza, es perverso”, los cruzó Carolina Piparo, diputada de Avanza Libertad.
Desde la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin se sumó al repudio. “Más fascista no se consigue. Ante la imposibilidad de justificar la medida, escrachan ciudadanos. Es la metodología que siempre usaron, no nos olvidemos del abuelo. No podemos naturalizar estas prácticas”. (Clarín)
