A juicio oral sindicalistas de Río Turbio. Argumentan haber defendido a 500 trabajadores despedidos, pero hicieron silencio cuando despidieron 417 en 2020

17 agentes de ATE, APS, ATE y Luz y Fuerza de YCRT, van a juicio oral, por una causa iniciada en el año 2018, cuando en medio de medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri a través del Interventor de YCRT Omar Zeidán y el despido de 500 trabajadores de la empresa, con la excusa de salir en defensa de los puestos laborales, un grupo numeroso de dirigentes sindicales y afiliados a esos gremios, produjeron destrozos, incendios, ingresaron a la casa Nº 50 y amenazaron a familias del interventor, robaron cámaras de colación en la empresa y relojes biométricos, todos hechos ampliamente cubiertos informativamente por OPI en aquel momento.

Los motivos y las explicaciones dadas por la intervención en ese momento es que la selección en primera instancia se hizo sobre 79 agentes con ausencias sin aviso de entre uno a seis meses, estando en ese grupo el hijo del ex intendente Matías Mazú a quien se le imputaba cobrar sueldo por 6 meses sin presencia en la empresa. En segundo lugar, la Intervención de ese momento  otorgó la posibilidad que se acojan al retiro voluntario y aproximadamente 160 de los trabajadores cobraron el retiro, una indemnización millonaria cuyo detalle publicó OPI en ese momento, posteriormente, fueron reincorporados a la empresa, por presión de los propios gremios, pero  ninguno devolvió las sumas millonarias que cobraron.

Los gremios

Los gremios de YCRT sostienen que los despidos aplicados por el gobierno de Mauricio Macri  no respetaron los estatutos sindicales, no se instruyeron sumarios y no existieron causas precias. Fue en ese momento de tensión en el cual nación la llamada “Intersindical”, acusando los sindicatos que desde entonces fueron perseguidos con la apertura de 10 causas penales.

Ellos señalan que el despido masivo de 500 compañeros, fue una manera de coaccionar a la dirigencia gremial y para que el apriete sea completo, abrieron causas por daños agravados en los tribunales federales.

La excusa dada por los dirigentes gremiales en una conferencia de prensa reciente, convocada en la cuenca carbonífera, es que la justicia los imputa por ser conocidos, señalando que ellos “salen en la foto porque solo miran el conflicto”, indicando que la causa fue apelada en la Cámara de Comodoro Rivadavia, mientras que en el Jugado de Río Gallegos cerraron la causa y la elevaron a juicio.

Es interesante destacar que en el 2020, cuando la Intervención cayó en manos de Aníbal Fernández, el nuevo funcionario a instancias de una denuncia de ATE, quien pedía el despido de 417 trabajadores, indicando que habían sido colocados allí por el anterior interventor y eran favores políticos, procedió a darles de baja.

Los despidos de Aníbal fueron sin ningún tipo de compensación, indemnización ni procedimientos ajustados a los reclamos que hoy hacen los sindicatos de YCRT. Todos los sindicatos apoyaron esos despidos, en su mayoría gente de la cuenca que quedó sin trabajo.

Sin embargo, la Intersindical juzga que aquellos despidos de la anterior intervención fueron ilegales, aunque se llevaron millonarios montos que nunca devolvieron y por otro lado, de los 417 compañeros que este gobierno no les dio ninguna posibilidad de defensa y los puso en la calle, nadie dice una sola palabra. (Agencia OPI Santa Cruz)