Según publica Clarín La jueza Capuchetti también citó a otros cuatro funcionarios. Los acusa de abuso de autoridad y peculado.
Por: Lucía Salinas
La jueza federal María Eugenia Capuchetti llamó a indagatoria a González García, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Marcelo Ariel Guille y Alejandro Salvador Costa. Entre los delitos imputados se encuentran el abuso de autoridad y el peculado. Fue después del pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA), Sergio Rodríguez.
Lo hizo para el 10 de julio
El ex ministro de Salud que asumió cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada deberá responder ante la justicia federal por presuntos hechos de corrupción en el marco del expediente donde se investigó una estructura que habría funcionado de forma irregular y utilizando insumos del Estado para beneficio de un grupo de personas “elegidas discrecionalmente”.
Hay que recordar que cuando los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir el expediente, indicaron que la investigación debía centrarse en la sospecha de la posible existencia de hechos de corrupción. “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”, había expuesto.
Con la investigación nuevamente en curso, la misma fue delegada en la fiscalía a cargo de Taiano y con la intervención de la PIA. Después de una sere de medida de prueba, los fiscales redactaron un extenso listado de personas que fueron beneficiadas con la vacuna contra el COVID en un momento en que el acceso a esos medicamentos era prácticamente imposible en el país, y consideraron que era momento de que los imputados den explicaciones ante la justicia.
Los tres hechos
El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando Salud ordenó retirar diez vacunas que estaban asignadas para el Hospital Posadas “para la inoculación de diez personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.
Con esas vacunas, se inmunizó al periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, a familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. La lista completa es “Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana (ex canciller), Salomón Schachter y Eduardo Felix Valdes (diputado nacional)”.
Al respecto, la justicia federal indicó que el traslado y aplicación de esas vacunas “se realizaron con recursos humanos y técnicos del Hospital Nacional Posadas”.
De este modo, se entendió que la sustracción de esas dosis de la órbita administrativa legalmente asignada (Hospital Posadas), “provocó que, de forma momentánea, se armara en el segundo piso del Ministerio de Salud de la Nación una especie de centro de vacunación precario”.
Respecto a Ginés González García se recordó que en calidad de ministro de Salud de la Nación “fue el encargado de instrumentar todas las políticas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia, revistiendo competencias en todo lo inherente a la salud”.
Entre sus funciones debía fiscalizar a los establecimientos sanitarios públicos nacionales y dirigir programas de vacunación: el ministro “mantuvo en todo momento el control general de la distribución y administración de las vacunas”, se indicó en el dictamen.
Al recorrer las categorías impuestas por el propio Ministerio de Salud para la aplicación de vacunas, los fiscales señalaron que las dosis asignadas al Hospital Posadas “no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud o Estratégico”.
El segundo hecho, fue el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para “su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis”.
El tercer hecho “comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas” para vacunar a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Esas personas, dicen los fiscales, fueron “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares”, ya que no estaban habilitadas para ser elegidas.
Las acusaciones
A la hora de ponderar toda la prueba reunida, se sostuvo en el llamado a indagatoria que el ex ministro de Salud “ordenó ilegítimamente a Alberto Maceira, Director Ejecutivo del Hospital Nacional Alejandro Posadas, que sustrajera 10 (diez) vacunas contra la COVID-19, asignadas a ese efector nacional y las trasladara con su equipo a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para la inoculación de diez (10) personas que no estaban autorizadas para recibir esas dosis”.
La elección de las personas “fue por una decisión ilegítima, es decir contraria al bloque de legalidad, y motivada en compromisos y afinidades personales”.
A Maceira, Director Nacional Ejecutivo del mencionado hospital, se le atribuyó haber “ejecutado dicha orden ilegítima”.
El “vacunatorio VIP”
El expediente judicial se inició con la del fiscal Guillermo Marijuan después de una investigación publicada por Clarín dando a conocer el circuito irregular de las vacunas que debían ir sólo a personal de salud o estratégico.
Si bien en el Ministerio de Salud hay un área de enfermería, los fiscales explicaron que no fue acondicionada como tal y no cumplió esa función.
“Lo cierto es que allí funcionó de forma momentánea un vacunatorio precario. No sólo por la forma en que se organizó y se llevó adelante la aplicación de dosis”, habían indicado en su planteo los fiscales Taiano y Rodríguez. (Clarín)